España

El PP contraataca y propone castigar con hasta cinco años de prisión las consultas ilegales

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante la manifestación para conmemorar el 5º Aniversario del referéndum ilegal de autodeterminación, 1-O, en el Arco del Triunfo.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante la manifestación para conmemorar el 5º Aniversario del referéndum ilegal de autodeterminación, 1-O, en el Arco del Triunfo. EP

El Partido Popular ha decidido contraatacar poniendo sobre la mesa que la convocatoria y organización de consultas ilegales, como la del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, vuelvan al Código Penal. Para ello ha presentado una serie de enmiendas en este sentido a la reforma pactada por el Gobierno y ERC, cuyo objetivo dista mucho de los del primer partido de la oposición pues está destinada a derogar el delito de sedición y rebajar la malversación de fondos públicos.

En su enmienda, el PP indica que «cualquier autoridad o funcionario público, que careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas, o locales o consultas populares por la vía del referéndum en cualquiera de sus modalidades previstas en la Constitución, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad».

También cometerían un delito aquellos que dieran cobertura a la consulta, esto es, quienes facilitaran, promovieran o aseguraran la celebración de la misma aún sin convocarla. De modo que, «una vez acordada la ilegalidad del proceso, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración» de la privación de libertad.

Desde los convocantes a interventores

Esta pena de prisión e inhabilitación sería de aplicación a interventores y apoderados, directores de colegio que cedieran sus recintos o aquellos que participaran, por ejemplo, en otros dispositivos como el seguimiento o recuento de la votación no autorizada. Justifica el PP esta propuesta en las dos consultas ilegales convocadas, organizadas y promovidas por el independentismo catalán dentro del procés secesionista. Cree necesario recuperar ese delito con la introducción de los artículos 506 bis y 521 bis, derogados en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

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