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El sector conservador del CGPJ pide un pleno extraordinario para nombrar a los candidatos al TC antes de la reforma

Rafael Mozo, nuevo presidente del CGPJ, junto al resto de vocales.

Rafael Mozo, nuevo presidente del CGPJ, junto al resto de vocales.

El bloque conservador del CGPJ se ha reunido este mismo viernes para estudiar la posibilidad de solicitar al presidente interino, Rafael Mozo, que convoque un Pleno extraordinario para votar a los dos candidatos del TC antes de que la citada reforma quede aprobada y entre en vigor.

Sin embargo, desde la corriente progresista creen que la propuesta de PSOE y UP es una vía legítima para que las Cortes Generales ofrezcan una solución al actual bloqueo. A su juicio, lo «vergonzoso» sería que «nadie hiciera nada» para intentar remover los obstáculos que impiden el normal funcionamiento de las instituciones.

Además, desde el sector progresista se entiende que «lo razonable» ahora mismo sería incluso esperar a celebrar cualquier votación en el CGPJ sobre los dos candidatos al TC a que la reforma sea una realidad.

De este modo, los vocales progresistas abren la puerta a aplazar la votación prevista para el Pleno ordinario del 22 de diciembre, la primera que se iba a llevar a cabo sobre la dupla para el Constitucional.

En su opinión, si el bloque conservador no tenía ninguna «prisa» para cumplir con esta obligación constitucional, ahora no hay motivo para acelerar, y menos cuando se prevé que diputados y senadores cambien las reglas de votación.

La enmienda introducida este viernes por el PSOE y Unidas Podemos (UP) para cambiar el proceso de elección de los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que compete realizar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando no se haga en plazo ha ahondado las divisiones ya existentes en los sectores conservador y progresista de ambas instituciones, por cuanto los primeros -mayoritarios- lo ven como una forma de presión y los segundos como una solución al bloqueo actual.

Los socios de Gobierno proponen pasar de una mayoría de tres quintos a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades hasta penales.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, el bloque conservador del CGPJ cree que se trata de una «injerencia demoledora», un «chantaje» y hasta una amenaza que tiene por objetivo no tanto garantizar que el Consejo nombre a sus dos aspirantes al TC como que se admita el nominado por el sector progresista: el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés.

Desde el ala conservadora llaman la atención sobre el hecho de que la reforma contempla que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, propongan y voten solo a uno, lo que –según explican– garantizará que los dos más votados sean los aspirantes de cada bloque, en el caso de los progresistas, Bandrés.

La negociaciones en el seno del CGPJ llegaron a punto muerto la semana pasada después de que los vocales progresistas ratificaran la candidatura de Bandrés y ofrecieran a los conservadores aceptar también sin objeciones al candidato que designaran. Pero los conservadores rechazaron ese sistema insitiendo en que ambos aspirantes deben elegirse conjuntamente.

División en el Tribunal Constitucional

Por otro lado, las enmiendas presentadas proponen que, si pasados los 9 años y 3 meses del mandato de los cuatro magistrados del TC propuestos por el CGPJ (dos) y por el Gobierno (dos), se pueda renovar a los dos candidatos que haya propuestos aunque falten los otros dos, y eso sin que sea necesario el ‘placet’ del Pleno del Constitucional.

Con estos cambios, el Gobierno sortea todos los escollos para poder nombrar a sus dos candidatos al TC, el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex asesora de Moncloa Laura Díez, sin esperar a que el CGPJ cumpla su parte y sin arriesgarse a que la actual mayoría conservadora del Constitucional frene su desembarco en la corte de garantías sin los dos del CGPJ.

En el bloque conservador del TC creen que esta reforma supone «forzar» y genera «distorsiones» en el funcionamiento habitual. «Es poner en peligro las instituciones», resumen las fuentes consultadas.

Asimismo, subrayan que, aunque con estas enmiendas se podrían reformar las leyes que rigen el CGPJ y el TC, la Constitución sigue estableciendo que la renovación debe producirse por tercios, por lo que advierten de que, si son recurridas, habría que valorar su encaje en la Carta Magna.

En sentido opuesto, el ala progresista del TC ve con buenos ojos la reforma propuesta. En su opinión, el Parlamento está, precisamente, para ofrecer soluciones a lo que estiman que ya era un «doble boicot» –de las mayorías conservadoras en CGPJ y Constitucional– para bloquear indefinidamente la renovación del TC.

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