La reforma del Código Penal para modificar la tipificación del delito de malversación ha sido argumentada en las últimas semanas por un supuesto mal uso de este delito, en su redactado actual, para perseguir al independentismo. Desde ERC repiten que el propio ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llegó a asegurar que no se había gastado «ni un euro» público en el referéndum ilegal para señalar la condena del Tribunal Supremo como un ejemplo de «represión» del Estado.

En el juicio del procés el Tribunal Supremo condenó a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa por los delitos de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. Se atribuyen también gastos del procés a la Consejería de Cultura, en manos entonces de Lluís Puig, fugado en Bélgica.

Pero lo cierto es que el monto total de dinero malversado ha ido fluctuando en función de las investigaciones del Tribunal Supremo, primero, y el Tribunal de Cuentas después. La Fiscalía cifró en 2,87 millones de euros la cantidad supuestamente malversada en el proceso independentista, aunque la sentencia finalmente da por probados pagos por casi 450.000 euros, correspondientes al departamento de Exteriores.

En la sentencia, el Supremo señaló que la disposición de fondos públicos que el tribunal da por acreditada «supera ampliamente la cantidad de 250.000 euros», límite que permite aplicar a los condenados el subtipo agravado de malversación

Sin embargo en la investigación posterior del Tribunal de Cuentas estas cantidades crecen considerablemente, hasta situarse en las cuentas de la delegada instructora del caso en 9 millones de euros. Un monto que la fiscalía del Tribunal de Cuentas ha rebajado ahora hasta los 3,4 millones.

La investigación del Tribunal de Cuentas

En enero de 2020, la delegada instructora de este expediente, Esperanza García Moreno, cifró en 3,9 millones los fondos distraídos para la consulta ilegal, a los que sumaba otros y 242.980 euros por los intereses legales, hasta llegar a los 4,1 millones de euros. La instructora imputaba además a los responsables autonómicos otros 5.150.711,09 por los gastos de promoción exterior del referéndum.

El pasado abril, sin embargo, la fiscalía del Tribunal de Cuentas presentó finalmente su escrito, en el que rebajaba sustancialmente estas acusaciones. Así, la cantidad reclamada inicialmente de 9.054.005,8 euros, pasó a ser de 3.429.342,4 euros para 35 exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat, encabezados por Carles Puigdemont.

La fiscalía argumentaba esta rebaja en los hechos probados en la sentencia del Tribunal Supremo y la defensa como libertad de expresión de conferencias y otras actividades del presidente y altos cargos de la Generalitat en diversos viajes en los que se defendió el referéndum.

Así, cifra los gastos de organización y realización del referéndum ilegal del 1-O, en 1.129.838,63 euros. En el segundo capítulo, relativo a la promoción del procés en el extranjero a través de Diplocat, la demanda del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas reclama ahora a los investigados 2.209.503,8 euros.

La sentencia del TS

La sentencia del TS considera como hechos probados que «los gastos del referéndum relacionados con la publicidad  institucional, organización de la administración electoral, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales y aplicaciones informáticas, son expresivos de la consciente y voluntaria desviación de destino de los fondos públicos».

La Fiscalía cifró en 2,87 millones de euros la cantidad supuestamente malversada en el proceso independentista. Cantidad que incluye el coste del uso durante la jornada del 1-O de los más de 2.259 locales habilitados como puntos de votación y que fue valorado pericialmente por la entidad SEGIPSA en 900.906 euros.

Sin embargo, una parte de las facturas que sostienen esta acusación no fueron finalmente pagadas, porque la aplicación del 155 frenó los pagos, como en el caso de la empresa Unipost. La empresa de mailing dejó de cobrar casi 979.661 euros por papeletas del 1-O y acabó en concurso de acreedores.

Sí se pagaron los gastos realizados por el Departamento de Exteriores, que dirigía Raül Romeva. 167.065 euros para los observadores internacionales del 1-O y otros 43.341 para sufragar la vista de varios europarlamentarios los días inmediatamente anteriores y posteriores. A través del Diplocat se vehiculó además el pago de 177.304 euros a un equipo internacional de investigación de elecciones, IEERT en sus siglas en inglés, y otros 60.000 a una lobista estadounidense para que promocionara el referéndum en este país.

Facturas sin pagar

La sentencia del procés recoge también los gastos generados por el Departamento de Presidencia, en manos de Jordi Turull, responsable de la campaña de promoción del voto de catalanes en el exterior, por 266.506 que no se abonaron, aunque la agencia adjudicataria colaboró después con la Generalitat por importes superiores. También se paralizó el pago de la campaña del referéndum, por 227.804 euros, y consta sin cuantificar la realización de la web y los aplicativos del 1-O, elaborados bajo el paraguas del CTTI de la Generalitat.

Los magistrados de Supremo afearon además al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por su afirmación de que «no se ha gastado ni un euro» para el referéndum. «Se evidencia, una vez más, la deliberada ocultación de aquellos gastos efectuados o comprometidos en relación con el referéndum del 1 de octubre. Se acredita también la insuficiencia del control formal del Ministerio de Hacienda Pública para detectarlos, aunque después de un detenido trabajo de fiscalización, hayan logrado aflorar alguna de las expensas realizadas a este fin».