El juez archiva la investigación sobre las supuestas comisiones finalistas de empresarios al Gobierno de Aznar

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la pieza de los 'papeles de Bárcenas' del caso Gürtel que investigaba las supuestas donaciones de empresarios al PP en la época de José María Aznar a cambio de la adjudicación de obra pública al no quedar debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de esta causa.

En un auto, Pedraz acuerda el archivo a petición de la Fiscalía Anticorrupción debido al resultado de las diligencias practicadas durante la instrucción, tanto declaración de investigados como de testigos, documentos de sociedades y empresas públicas, así como de otros procedimientos judiciales y, principalmente, del informe pericial del pasado 4 de noviembre de la Intervención General del Estado (IGAE). En dicho documento se especificaba que “no encuentra en la adjudicación de los expedientes de contratación incumplimientos de la normativa aplicable” e “imposibilita establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados”.

Recuerda el juez que esta parte de la pieza separada conocida como 'papeles de Bárcenas' se reabrió el 28 de febrero de 2017 con motivo de las declaraciones efectuadas por el empresario Alfonso García Pozuelo y por el líder de la trama Gürtel Francisco Correa en el juicio de la pieza principal del caso Gürtel. A raíz de dichos testimonios, se solicitó la práctica de diligencias para «comprobar si determinadas anotaciones reflejadas en los denominados 'papeles de Bárcenas' o contabilidad 'B' del Partido Popular, constituyen el soporte documental contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el Partido Popular y determinadas personas, a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones".

En su auto, Pedraz señala que del informe de la IGAE no se desprende la comisión de los delitos que se investigaban. “En el mismo -expone- se analiza la forma de contratación, las posibles incidencias en los distintos expedientes, pero en ninguno de ellos se concluye arbitrariedad o irregularidad alguna, y lo que no arrojan es elemento alguno que permita la conexión de dichos contratos con las pretendidas donaciones de los denominados “papeles de Bárcenas”.

Dichas conclusiones se apoyan, además, en que las respectivas Mesas de Contratación en todos y cada uno de los contratos estaba formada por funcionarios públicos y en que la Dirección Facultativa o Asistencia Técnica en cada contrato (y que firmaron tanto los Proyectos Modificados como los Proyectos complementarios, como las Certificaciones-Liquidaciones) era distinta al resto de contratos.