Varios agentes de Policía durante los trabajos de inspección de la Policía Nacional y Científica, en el domicilio donde Juana Canal residía con su pareja.
El Gobierno y sus socios parlamentarios siguen adelante con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, poularmente conocida como 'ley mordaza'. La ponencia del Congreso retomó este miércoles sus reuniones tras meses de bloqueo. Los cambios introducidos confirman los peores augurios de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: se despenalizará la grabación y difusión de imágenes de estos menos si pueden afectar a la seguridad de los policías, al de sus familias o a algún operativo.
Esta modificación en la legislación ha sido una de las principales quejas de los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones representativas de la Guardia Civil. Ambos Cuerpos van en sintonía en sus cr´ticas al Ejecutivo y al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Consideran que así ven menoscabada su integridad y su presunción de profesionalidad. Además, como es el caso de los agentes destinados en territorios de especial complejidad, como Cataluña o País Vasco, creen que los pueden poner en peligro.
Entre otras modificaciones, dejará de ser infracción las manifestaciones al rededor del Congreso, el Senada o las asambleas autonómicas, una de las grandes peticiones de Unidas Podemos. También dejará de ser sancionable ocupar la vía pública para la venta ambulante, lo que se conoce como top manta, así como la "perturbación de la seguridad en oficios religiosos y deportivos".
Una de las medidas más innovadoras y apludidas por el ala morada de la coalición es la reforma a la hora de imponer sanciones que contemplará la ley. Una vez se apruebe, las sanciones tendrán en cuenta los ingresos y la capacidad económica del denunciado.
Para determinar su capacidad económica, se establece que habrá que atender a sus "circunstancias personales, familiares y sociales" Así, para aquellas personas que acrediten unos ingresos de hasta 1,5 veces el salario mínimo, se les aplicará una reducción del 50%. Y si cuentan con ingresos entre 1,5 y 2,5 veces el SMI, la reducción será del 25%.
Incluso contempla la posibilidad de reducir la multa y hasta suspenderla en función de si hay un acto de conciliación entre la persona autora con las personas ofendidas, así como una actividad reparadora, sobre todo en aquellos supuestos en los que el sancionado es menor de edad.
Según ha explicado el ponente de Unidas Podemos, Enrique Santiago, se trata de generalizar un modelo que ya regía para los menores y ha generado un "gran acuerdo" para que a partir de la aprobación de la ley se pueda utilizar en "todos los supuestos de infracciones que afecten a bienes públicos o privados" siempre que exista una clara voluntad de conciliación entre las partes.
Puntos sin acuerdos
Por el contrario, la ponencia ha aparcado la media docena de artículos donde se mantienen las discrepancias y destaca el que regula las sanciones vía 'ley mordaza' por las faltas de respeto a los agentes y el que avala los rechazos en frontera de migrantes, un asunto este último que se ha vuelto a poner en primer plano con críticas a la gestión del Ministerio del Interior tras la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio.
Persisten, también, las diferencias en asuntos como las pelotas de goma, ya que el PSOE y el Ministerio del Interior se niegan a su eliminación como material policial, como exigen Unidas Podemos, ERC o EH Bildu. Como alternativa, estos grupos ofrecen que el Defensor del Pueblo supervise en el plazo de medio año la sustitución por un material menos lesivo, como ocurre en Cataluña con los proyectiles de 'foam'.
La ponencia fue convocada este miércoles, último pleno ordinario del año, por lo que tanto oposición como los agentes a los que afecta ha calentado los ánimos.
"Es más que sospechoso que se comience con nocturnidad a un día de finalizar el periodo ordinario de sesiones la derogación de la ley de Seguirdad Ciudadana. Es la mayor traición a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que dejarán desarmadas para defender la seguridad. Es una reforma ideológica, una ley para cuando estén en la oposición", ha afirmado la diputada del PP y portavoz en la Comisión de Interior, Ana Vázquez.
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