La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tendrá que declarar ante el juez el próximo 13 de marzo para responder a una querella presentada por el fondo Vauras. La inmobiliaria acusa a Colau y a los concejales de Vivienda, Lucía Martín, y Urbanismo, Marc Serra, de los presuntos delitos de malversación, prevaricación y coacciones por las sanciones impuestas al fondo cuando desalojó a los vecinos del Bloque Llavors, en el barrio del Poble Sec de Barcelona.

Los hechos se remontan a 2019, cuando Vauras Investments compró el edificio y anunció el fin de los contratos de alquiler a sus inquilinos porque el objetivo era rehabilitar el bloque y vender las nuevas viviendas. El Ayuntamiento de Barcelona sancionó a la compañía con 417.000 euros por negarse a ofrecer viviendas de alquiler social a las familias desalojadas con informes de vulnerabilidad emitidos por el propio consistorio.

La jueza titular del Juzgado de instrucción número 18 de Barcelona si Colau y los otros tres denunciados presionaron a Vauras Investments para forzarlos a destinar inmuebles de su propiedad a alquiler social, bajo la "amenaza" de no concederle licencias de obras, como asegura la compañía en su querella.

Lawfare contra Colau

"Es un caso claro de mala fe" en el uso de la justicia, ha asegurado este martes Colau en una comparecencia para defenderse de las acusaciones. La alcaldesa ha recordado que la juez "ya archivó la causa" con el apoyo de la fiscalía, por no encontrar indicios suficientes sobre los que investigar los supuestos delitos denunciados.

Pero la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó el pasado abril reabrir el caso, atendiendo al recurso presentado por el fondo de inversión. "Sorprende que esta citación llegue ahora, a dos meses de las elecciones" ha apuntado Colau, recordando que ella no participó de forma directa en ningún momento del procedimiento de sanción a la inmobiliaria.

"Iremos a declarar con toda tranquilidad" ha añadido la líder de los comunes. Pero también ha denunciado que "es un patrón que se repite con especuladores inmobiliarios y la compañía de aguas" a los que ha acusado de "abusar" del sistema de justicia "poniendo querellas para generar titulares".

Ha recordado que no es la primera querella contra su gobierno local y que "se han archivado más de diez querellas" contra su gestión. Querellas que atribuye a la voluntad de "intimidarnos" de las grandes compañías "contra un gobierno valiente ante los grandes poderes".