Empresarios de la península recurrían a la trama de 'Tito Berni' para pagar impuestos reducidos en Canarias

Los empresarios investigados en el caso Mediador acudieron al conseguidor que da nombre al caso, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, y al diputado nacional del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni', esperando que éste les ayudara a pagar menos impuestos en Canarias. Para ello, habrían hecho pagos de miles de euros en metálico, en transferencias o en forma de regalos en especie a la trama como cenas, noches de hotel donde se contrató a prostitutas y se esnifó cocaína, así como vuelos a las islas a cambio de un trato de favor. Entre 2020 y 2021, cuando se celebraron las reuniones con los empresarios que en ocasiones llegaron a ser recibidos por Fuentes Curbelo en el Congreso, el diputado era portavoz adjunto de la Comisión de Hacienda de la cámara Baja. A su vez, tenía una asesoría fiscal familiar en Las Palmas.

En varios informes del sumario de la causa consultados por El Independiente, los investigadores destacan la importancia de la denominada Zona Especial Canaria (ZEC) de baja tributación que tanto interesaba a los emprendedores que tenían su matriz en la Península.

Además del mediador, el diputado y el general Francisco Espinosa Navas, la Policía incluye como "componentes de la organización criminal" a un grupo de empresarios que habría pagado sobornos a cambio de beneficios para sus compañías. "Por una parte, empresarios ganaderos y queseros de Canarias que están pendientes de conseguir alguna subvención o licencia o que están bajo algún proceso sancionador y, por otra parte, empresarios peninsulares cuyo objeto sería formar parte de la zona ZEC, así como conseguir acuerdos comerciales y subvenciones", exponen los investigadores, quienes aclaran que "la Zona Especial Canaria es un régimen fiscal especial incluido en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Contempla, entre otras ventajas, un gravamen reducido de Impuesto sobre Sociedades, la exención de dividendos, intereses y ganancias derivadas de la enajenación de acciones, la no sujeción a IVA y exención en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)".

Ese grupo de empresarios imputados por la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife donde se sigue la investigación por los presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias lo componen Antonio Bautista Prado (Cleanenergetic Insular); José Santiago Suárez Esteve (Asesoramiento y Servicio de Drones); Raúl Gómez Rojo (Civil Twin Consulting); Alberto Montesdeoca García (Quesería Montesdeoca); Esteban Banús Ricoma y María Inmaculada Roca Enrich (Mec Suministra) y Julián de Santa Bárbara Pérez Alonso (Queso Rosa de la Madera). Miguel Ángel Robayna García, también investigado, se habría encargado de generar facturas falsas desde su compañía para ocultar el motivo de los pagos del resto. El mediador Tacoronte, que era quien ponía a todos en contacto con Fuentes Curbelo, pensaba en él como su sucesor.

Era como el "impuesto revolucionario"

Precisamente en las declaraciones prestadas por el mediador cuando fue detenido, éste expuso que seis empresas hicieron el pago inicial de 5.000 euros que la trama exigía sólo para que Fuentes Curbelo escuchara sus reivindicaciones. "Era como un impuesto revolucionario. Si no se paga no hay acceso a contrato", afirmó Tacoronte. Dijo que él era quien "exigía el pago de 5.000 euros a las empresas" y que "Curbelo es la cúspide de la pirámide, sin él no se hace nada. Bernardo manda un número de cuenta y se le ingresa allí, y es el que fija la cantidad y dice cómo se paga".

En dicha declaración, prestada ante el juzgado y asistido de abogado de oficio, el mediador también expuso que el hijo de Bernardo Fuentes Curbelo es "el encargado de realizar toda la tramitación de la zona ZEC" en la Asesoría Tetir que "está en Fuerteventura porque el régimen fiscal interior de Fuerteventura es diferente al resto de las islas" y que "el 20% de las ganaderías están con él".

Este periódico ha comprobado que el diputado nacional Fuentes Curbelo figuraba en 2020 y continúa haciéndolo como administrador de dicha asesoría en Puerto del Rosario (Las Palmas) junto a su esposa y su hijo. El objeto social de la compañía es "intermediación en la prestación de servicios, a las empresas y organismos, de contabilidad, teneduría de libros, censura de cuentas, auditoría, materia fiscal y de otros servicios independientes de asesoría fiscal y contable".

En febrero de 2020, cuando pasó a ser diputado nacional y dejó en manos de su sobrino Taishet Fuentes -también incluido en la trama- el cargo de director general de Ganadería del Gobierno canario, el diputado obtuvo permiso del Congreso para dedicarse al "asesoramiento fiscal, contable y administrativo a personas físicas jurídicas" mientras ejerciera como parlamentario. Eso, a pesar de que entró como portavoz de la Comisión de Hacienda de la cámara Baja, cargo en el que se mantuvo hasta su destitución el pasado 14 de febrero. Es decir, que era el segundo máximo responsable de dicha comisión, en la que también se incluyen los asuntos de fraude, mientras mantuvo las reuniones bajo objeto de investigación.

Además de la compañía de asesoría en Las Palmas, Fuentes Curbelo figura como administrador de las sociedades limitadas Promociones Verol, Travel Trend Group, Trismeca, Granja Agrícola de Tetir, Quesos de Tetir y Ganadería Tetir.