Laura Borràs tendrá derecho a un sueldo de 124.456 euros anuales durante cuatro años si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la condena por prevaricación y falsedad documental y es cesada definitivamente como presidenta del Parlament. Una indemnización a la que los comunes ya han avanzado que quieren poner coto. Contarán para ello con el apoyo seguro de la CUP y más que probable del PSC.

Los ex presidentes del Parlament tienen derecho a una pensión compensatoria del 80% del sueldo durante los dos años siguientes a su salida de la cámara catalana, según la Ley del estatuto de los presidentes del Parlament de 1988. Además, tienen derecho a una pensión vitalicia del 60% del sueldo a partir de los 65 años, siempre que no cobren ningún otro sueldo público.

En el caso de Borràs, la presidencia del Parlament tiene asignado un sueldo de 155.570,52 euros brutos anuales, según el régimen de retribuciones aprobado por la cámara. El 80% de ese sueldo supondría una pensión de 124.456 euros brutos anuales, puesto que la ley de 1988 no establece ninguna limitación por condena judicial.

Algo más dudoso sería el cobro de la pensión vitalicia. La ley fija una pensión del 60% del sueldo -un total de 93.342 euros anuales- para los presidentes que hayan permanecido dos años o más en el cargo. El próximo 13 de marzo se cumplen dos años del nombramiento de Borràs como presidenta de la cámara, pero fue suspendida como diputada el pasado julio. Por tanto, el derecho a esa pensión estaría en discusión.

Reforma de la ley

Los comunes, sin embargo, han anunciado este lunes su intención de instar las reformas legales necesarias para que Borràs no pueda cobrar esas pensiones si finalmente es condenada por corrupción cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas. El portavoz de Catalunya en Comú (CatEC), Joan Mena, considera "del todo intolerable" que la presidenta de Junts reciba ese "extra" por dejar el cargo.

El partido morado ha asegurado que están estudiando las reformas legislativas necesarias para evitar esa posibilidad. Un anuncio al que se ha sumado rápidamente la CUP. Su líder en el Parlament, Carles Riera, ha pedido "ir más allá" y limitar "los excesos de remuneración de altos cargos de la Generalitat y diputados".

También los socialistas se han mostrado abiertos a estudiar una reforma de este tipo, aunque advierten los socialistas que el objetivo no debe ser Borràs sino "erradicar los privilegios que generen incomprensión". "Borràs abre el melón, pero no es su caso concreto, el PSC es contrario a los privilegios de cualquier persona que trabaje para el Parlament" ha argumentado la portavoz socialista, Elia Tortolero.