El fiscal general del Estado, Álvaro García, ha decidido que la investigación sobre los pagos que hizo el Fútbol Club Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, por un valor superior a los siete millones de euros sea asumida por la Fiscalía Anticorrupción en lugar de por la Fiscalía de Barcelona, que era la que la llevaba hasta el momento. El fiscal general toma esta decisión al tratarse de "delitos relacionados con la corrupción de especial trascendencia" en un caso de especial "complejidad, relevancia y repercusión pública".

El máximo responsable del Ministerio Público ha emitido un decreto en el que establece que la competencia para conocer los hechos que podrían ser constitutivos de delitos relacionados con la corrupción, según la denuncia que presentó la Fiscalía de Barcelona el pasado viernes, debe ser de la Fiscalía Especializada al frente de la que se encuentra Alejandro Luzón. A partir de ahora, será este departamento el que lidere la investigación en la que se apunta a posibles irregularidades cometidas por el Barça, por el propio Negreira y por los expresidentes del club Sandro Rosell y Josep María Bartomeu.

El Ministerio fiscal apuntó a posible delito continuado de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, delito continuado de administración desleal o apropiación indebida y continuado de falsedad en documento mercantil.

Hasta ahora, la fiscal del equipo de la Fiscalía provincial Virginia Sánchez Prieto era la investigadora del caso. La jefa de dicha Fiscalía provincial, Concepción Talón, se jubilará próximamente, una situación que comunicó recientemente al Ministerio Público, según fuentes de éste.

En la denuncia presentada por la Fiscalía, se apuntaba a que el Barcelona pudo pagar a Negreira -quien argumenta que realizó informes de asesoramiento verbales, de los que no quedó resto documental- para "favorecer en la toma de decisiones de los árbitros".

En el escrito presentado la semana pasada ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, consultado por El Independiente, el Ministerio Fiscal afirmó que «a través de los presidentes ARF y JMBF [en referencia a Rosell y Bartomeu] el FCB alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con el denunciado JMEN [Negreira], a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club, y así en los resultados de las competiciones; árbitros cuya designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se llevan a cabo en el seno del CTA, organismo encargado, además, de las evaluaciones -en las que participaba el denunciado- para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales».