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El PSOE trata de desviar hacia la Guardia Civil el escándalo de 'Tito Berni' pese a las evidencias del sumario

Los investigadores dieron por hecho que si dos empresarios no hubieran amenazado con "denunciar a la organización", el exdiputado habría seguido cobrando sobornos y "causando un grave desprestigio de la función pública"

Fuentes Curbelo y el "mediador" del caso "Tito Berni" en una imagen que consta en el sumario

El PSOE busca sacar del foco mediático la investigación judicial que se sigue en un juzgado de Tenerife contra el exdiputado nacional del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, como principal investigado dentro de una trama delictiva. Rechaza abordar el asunto en una comisión de investigación específica en el Congreso de los Diputados, como solicitó el Partido Popular, y la diluye equiparando el asunto a otra investigación judicial sobre supuesta corrupción en la adjudicación de obras de las casas cuartel de la Guardia Civil que se sigue en Madrid aprovechando que el empresario que se llevó la mayoría de contratos, Ángel Ramón Tejera de León, Mon, aparece de refilón en el sumario tinerfeño del caso Mediador en el que se investiga a Fuentes Curbelo.

El político canario, que se mantuvo en su escaño hasta el pasado 14 de febrero, cuando la jueza ordenó las detenciones de los investigados, habría utilizado su puesto en el Congreso y la influencia que éste le otorgaba para atraer la atención de empresarios tanto canarios como peninsulares que creyeron que podía beneficiar a sus compañías para reducir multas por su actividad ganadera, llevarse adjudicaciones o pagar menos impuestos en las Islas, según la instrucción. Tito Berni habría cobrado, según los indicios de la causa, miles de euros en sobornos de dichos empresarios, así como habría disfrutado de comidas y servicios de prostitución que éstos habrían pagado a través de una asociación deportiva de Puerto del Rosario (Fuerteventura) que presidía o entregando dinero en efectivo al conseguidor o mediador de la causa, Marco Antonio Navarro Tacoronte, para que se lo hiciera llegar.

Éste último guardó evidencias de toda la trama en su móvil: mensajes de Whatsapp intercambiados con el diputado y su sobrino Taishet Fuentes - director general de Ganadería del Gobierno canario en el momento de los hechos también investigado-, con los empresarios implicados e incluso una fotografía de Fuentes Curbelo abrazando a una prostituta frente a Tacoronte. En una entrevista reciente en el diario El País, el político afirmó que la imagen se tomó cuando abrió la puerta de su habitación de hotel sin camiseta y saludó a Tacoronte que estaba con unas amigas.

El sumario también salpica al exdirector general de Sanidad del Gobierno canario que ya fue cesado por aparecer investigado en una investigación por compras de material contra el Covid. El escándalo ha puesto en jaque al Gobierno canario, pero también al PSOE a nivel nacional justo antes de las elecciones municipales y autonómicas.

Los empresarios que querían pedir favores al diputado pagaban 5.000 euros de inicio, sólo por verle, antes de visitarle en su despacho del Congreso de los Diputados, según el sumario de la causa. Él era el portavoz adjunto de Hacienda y defendió en la cámara Baja cómo los cargos electos de las instituciones que otorgan subvenciones no pueden recibirlas mientras su empresa ganadera familiar, como él mismo reconoció ante la jueza, recibió ayudas públicas tanto cuando fue director general de Ganadería en Canarias -cargo que ocupó inmediatamente después su sobrino- como cuando era diputado.

"Causa un grave desprestigio de la función pública"

Los investigadores de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Canarias que investigaron todas las comunicaciones entre Tito Berni, el mediador de la trama y los empresarios imputados, concluyeron en uno de sus informes que Fuentes Curbelo habría seguido con su supuesta actividad delictiva si no hubiera sido porque dos empresarios que se sintieron engañados por él y por su cómplice Tacoronte le amenazaron con denunciar los hechos.

"Estas dos amenazas de denuncia consiguen impresionar al diputado y provocan el cese de su relación con Marcos Antonio Navarro Tacoronte, suponiendo el comienzo del desmoronamiento de la organización criminal tal como la conocemos hasta ahora", escribieron los agentes en su informe. También vertieron la siguiente consideración: "A modo de conclusión, hacer hincapié en que este tipo de organizaciones criminales causan un grave desprestigio de la función pública y hacen peligrar la credibilidad democrática del sistema administrativo del Estado".

Precisamente sacar a la palestra el desprestigio que supone este caso, como otros de corrupción de los últimos años en el seno del PSOE y el PP es lo que pretende evitar el partido del Gobierno. Este martes, con el apoyo de sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Bildu, la formación rechazó crear una comisión de investigación al efecto como solicitó la oposición. Acordó incluir el asunto en las comisiones ordinarias de Calidad Democrática e Interior que ya existen, mezclándolo con el caso Cuarteles que una jueza de Madrid investiga desde meses atrás puesto que el empresario que hizo la mayoría de las obras para la Benemérita supuestamente pagando mordidas a altos mandos del cuerpo aparece mencionado en el caso Mediador.

Participó en una comida en el Hotel Escuela de Tenerife que se recoge en la causa junto al mediador Antonio Navarro Tacoronte, el sobrino de Fuentes Curbelo Thaiset Fuentes, el empresario Antonio Bautista El Curilla que presuntamente hizo pagos a la trama y el general de División de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa, detenido y en prisión preventiva.

El PSOE utiliza la relación entre ambas causas por la mención del empresario de las casas cuartel en el 'caso Mediador' para restar importancia a la rama política que implica al exdiputado Fuentes Curbelo

Este último, como el diputado Fuentes Curbelo, habría utilizado su posición de alto mando de la Guardia Civil y exjefe de la comandancia de Las Palmas para cobrar sobornos de empresarios a cambio de influir a su favor, como habría transmitido a éstos el mediador, aunque según los empresarios esas gestiones no habrían dado muchos frutos y se sintieron estafados.

El PSOE utiliza la relación establecida entre ambas causas por la mención del empresario de las casas cuartel en el caso Mediador para restar importancia a la rama política, la que implica al exdiputado Fuentes Curbelo.

Utiliza un argumento que no valió para 'Kitchen'

En la rueda de prensa ofrecida este martes en el Congreso, el portavoz del PSOE, Patxi López, afirmó que "lo que algunos azuzaron para atacar al PSOE se ha convertido en el caso cuarteles", así como afirmó que no procede abrir una comisión de investigación específica cuando el caso está judicializado porque los imputados se acogerán a su derecho a no contar nada que afecte a la investigación.

Precisamente el PSOE impulsó en el Congreso de los Diputados la comisión de investigación sobre la operación de espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas por parte del Gobierno de Rajoy, el conocido como caso Kitchen, cuando éste se estaba instruyendo en la Audiencia Nacional. Fue paradigmático el día en que el marido de la ex secretaria general del Partido Popular, Ignacio López del Hierro, recibió la noticia de su imputación en la pieza del caso Villarejo que abordaba los mismos hechos que la comisión de investigación parlamentaria minutos después de sentarse a comparecer en la cámara Baja. Ocurrió el 2 de junio de 2021. Declinó hablar sobre el asunto que finalmente acabó archivado para él y su esposa.

El PSOE ha defendido que las causas no son equiparables porque el caso Kitchen o la operación Cataluña -los supuestos seguimientos de Interior también durante el Gobierno de Rajoy a distintos líderes independentistas catalanes- que los socios de Pedro Sánchez quieren abordar en una nueva comisión de investigación en el Congreso versan sobre actuaciones irregulares de gobiernos del PP de los que se pueden destruir u ocultar pruebas, argumentaron desde el partido de Pedro Sánchez. En el caso de Tito Berni también podría haber riesgo de destrucción de pruebas puesto que el Congreso permitió al diputado, como publicó El Confidencial, comprar y llevarse la tablet que utilizó mientras estuvo en el Congreso cuando su partido le obligó a dimitir.

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