España admite estar negociando con Marruecos la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental

Marruecos controlaba hasta ahora militarmente el mar y la tierra del Sáhara Occidental, en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y el derecho internacional. El espacio aéreo seguía dependiendo de los controladores de las Islas Canarias. Un hecho que podría cambiar después de que este miércoles el Gobierno de Pedro Sánchez haya reconocido que se halla en conversaciones con Rabat para la gestión del espacio aéreo.

Así lo ha trasladado Moncloa en una respuesta escrita al senador de Coalición Canaria Fernando Clavijo. El Ejecutivo tenía de plazo legal hasta este miércoles para responder a la cuestión planteada por el candidato de la formación nacionalista a la Presidencia de Canarias.

“Las conversaciones con Marruecos en este ámbito se han iniciado”, dice vagamente la respuesta del Gobierno, que circunscribe las negociaciones al cumplimiento del punto 7 de la Declaración Conjunta sellada el pasado 7 de abril en la visita de Sánchez a Rabat, semanas después de que la Casa Real marroquí hiciera pública la carta enviada por cauces diplomáticos por Sánchez a Mohamed VI en la que brindaba su apoyo al plan de autonomía para la ex colonia española plateando por la monarquía alauí en 2007.

Las conversaciones con Rabat “se circunscriben a la gestión de los espacios aéreos y la coordinación entre ambas partes en aras de conseguir mayor seguridad en las conexiones y cooperación técnica”, apunta la respuesta sin aportar más detalles. En la declaración del pasado abril, España y Marruecos se comprometían a iniciar “conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos”.

La potencial cesión de Madrid del espacio aéreo saharaui colmaría una de las reivindicaciones del régimen marroquí. Tras 47 años de ocupación del territorio, el cielo del Sáhara Occidental se sigue controlando desde las Islas Canarias, como establece el mapa de la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia de la ONU que supervisa la aviación civil internacional. Pese a los intentos previos de Rabat por cambiar esta ecuación, el espacio aéreo se hallaba hasta ahora en manos de controladores canarios, encargados de vigilar y gestionar los vuelos por la zona.

El reconocimiento español se produce unos días después de que fuentes del Instituto Cervantes avanzaran a El Independiente el desembarco inminente del centro en El Aaiún, la capital de los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, en otro paso más para el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el último territorio del continente africano pendiente de descolonizar.

El "plausible" espionaje marroquí al Gobierno español

Este nuevo fruto de la hoja de ruta iniciada hace ahora un año con el giro copernicano en el Sáhara coincide con la investigación abierta en el Parlamento Europeo sobre el espionaje de Pegasus. Este martes los encargados del dosier consideraron como “plausible” la implicación de las autoridades marroquíes en el espionaje a los teléfonos móviles de miembros del Gobierno español, entre ellos, el presidente y los ministros de Interior, Defensa o Agricultura.

En rueda de prensa este martes dos de los miembros de la comisión europarlamentaria, Jeroen Lenaers y Sophie in't Veld, denunciaron además la falta de colaboración del Ejecutivo español tras dos días de reuniones en España con, entre otras, víctimas del espionaje en el independentismo catalán, como el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

En sus conclusiones preliminares, la comisión dice haber observado la falta de información y de transparencia en el caso del espionaje; ha dejado claro que la persecución de las "ideas, por muy locas que sean", nunca pueden ampararse en la seguridad nacional: y ha instado a las autoridades españolas a cooperar con los tribunales y a concluir cuanto antes la reforma de la ley de secretos oficiales y el marco que rige el CNI.

Los europarlamentarios han lamentado, además, no haberse reunido con ministros del Gobierno, en concreto con el de Presidencia, Félix Bolaños, pero han negado que el Ejecutivo haya querido obstaculizar los trabajos de la comisión en España, aunque la cuestión se haya delegado en el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Pascual Navarro.