El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi (d), acompañado por los candidatos a las alcaldías de las capitales y a las Diputaciones de los tres territorios históricos.
Dignidad y Justicia ha pedido a la Junta Electoral de Zona de Donostia que anule la candidatura de la etarra Sara Majarenas Ibarreta en las listas de EH Bildu a las elecciones en Astigarraga (Guipúzcoa), alegando que hasta 2028 no tendrá cumplida la pena de diez años de inhabilitación que le fue impuesta, lo que sería causa de inelegibilidad según la LOREG.
En su escrito de denuncia, al que ha tenido acceso EFE, y que ha sido remitido también a las Juntas Electorales de Guipúzcoa y a la Central, la asociación recuerda que la Audiencia Nacional condenó a esta etarra en 2007 a ocho años de prisión y a díez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en una sentencia que fue ratificada después por el Tribunal Supremo.
A esta pena se le sumaron dos más de dos años y 7 meses, respectivamente, por un delito continuado de falsedad en documento oficial y por tenencia ilícita de armas con finalidad terrorista. La sentencia estableció por ello una pena de inhabilitación absoluta "por tiempo superior en diez años al de la duración de las penas" de cárcel.
Majarenas ingresó en prisión el 17 de febrero de 2005 y fue excarcelada el 9 de abril de 2018, tras cumplir 13 años y 2 meses, por lo que Dignidad y Justicia entiende que no tiene extinguida su pena de inhabilitación absoluta, que, considera, se extendería hasta el año 2028, y por tanto sería causa suficiente para anular su candidatura.
Apela así al artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que dispone que son "inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la
Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”.
Meses antes de quedar en libertad, a la etarra, que perteneció al comando Levante, le fue concedido el segundo grado penitenciario en marzo de 2017 para que pudiera convivir en un centro de acogida con su hija Izar de tres años, quien había sido apuñalada en enero por su padre. Para solicitarlo presentó además un escrito en el que mostraba su arrepentimiento y reconocía el daño causado por su actividad en la organización terrorista.
Dignidad y Justicia, según recuerda en su escrito, ya denunció sin éxito ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional las candidaturas de 43 condenados por terrorismo, entre ellas la de Majarenas. Tras recabar las hojas histórico-penales de estos condenados, la Fiscalía determinó que no había causa de inelegibilidad al tener extintas sus condenas.
En la denuncia ante la Fiscalía, destaca la asociación, se puso ya entonces de manifiesto la existencia de "anomalías" en las liquidaciones reflejadas en esas hojas histórico penales, como se pudo comprobar cuando instó a la anulación en 2015 de la candidatura del etarra Iker Casanova.
A raíz de ello, la Audiencia Nacional determinó que la forma idónea de ver si una pena de inhabilitación había quedado extinguida no era acudir a la hoja histórico penal, sino a la liquidación de condena practicada por los Letrados de la Administración de Justicia del Servicio Común de Ejecutorias.
Por ello, pide a la Junta Electoral que requiera "con carácter urgente" a dicho Servicio la liquidación de condena de Majarenas y subsanar así "el defecto doblemente cometido, por la Junta electoral de zona, al haber acordado la concurrencia de todos los requisitos legalmente exigidos a esta candidata cuando no los cumplía, así como por la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional".
Teniendo en cuenta "el error padecido", la asociación reclama también que, además del de Majarenas, se requiera a la Audiencia Nacional "la liquidación de condena de todos y cada uno de los candidatos presentados por la entidad política EH Bildu" por "si algún otro incurre en dicha causa de inelegibilidad".
Subraya que es "deber y obligación del Estado de Derecho, ser especialmente cautelosos y escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos" de estos candidatos, dado que se trata de personas "condenadas por delitos de terrorismo, algunos de ellos con delitos de sangre, y que van como candidatos en municipios donde cometieron sus asesinatos terroristas".
"Estamos hablando de la salvaguarda de los derechos de las víctimas del terrorismo", cuyos derechos e intereses, lamenta, "se están viendo pisoteados por la concurrencia de multitud de sujetos condenados por delitos de terrorismo a las próximas elecciones".
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