El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha decidido que retira la inmunidad europarlamentaria al expresident de Cataluña Carles Puigdemont. La sentencia publicada este miércoles facilita la entrega del líder independentista a España y elimina también el blindaje a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. El dictamen es todavía recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por lo que lo previsible es que el Tribunal Supremo espere a que adquiera firmeza para dar un paso adelante con las euroórdenes que marquen el arresto de los líderes independentistas fugados de la Justicia española desde 2017.

La sentencia responde a un recurso que interpuso el abogado del expresident Gonzalo Boye después de que el Europarlamento decidiera tramitar el suplicatorio que envió el magistrado del Alto Tribunal Pablo Llarena, precisamente, para que retiraran esta protección política al catalán y hacer efectiva así su entrega. Lo que ocurre es que el TGUE desestima todos los argumentos de los independentistas al esclarecer que el proceso judicial comenzó antes de que ellos adquirieran el blindaje.

La decisión se esperaba desde el pasado mes de noviembre cuando los magistrados europeos celebraron una vista en Luxemburgo y se muestra contundente al subrayar que no corresponde a la política comunitario examinar las actividades judiciales de un país miembro. "Según el Tribunal General, al examinar un suplicatorio de suspensión de la inmunidad, no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles, pues esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales", muestra la nota de prensa remitida este miércoles por el TGUE.

El instructor de la causa del procés pidió en 2021 la eliminación de la inmunidad tanto de Pugidemont como de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, que tampoco se han sometido a juicio por el referéndum indpendentista del 1-0. "El Tribunal General desestima todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular sus alegaciones según las cuales el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados", reza el organismo europeo. Es decir, los magistrados consideran que el Europarlamento que retiró el blindaje lo hizo correctamente.

El Parlamento europeo fue imparcial

Igualmente, la justicia europea rechaza el argumento de que la Eurocámara no fue imparcial al designar como ponente al eurodiputado búlgaro de ultraderecha, Ángel Dzhambazki, que pertenece al mismo grupo parlamentario que Vox. "Los tres diputados alegaron también que el Parlamento había violado el principio de imparcialidad. A este respecto, el Tribunal General señala que la rotación en igualdad de condiciones de la función de ponente no impide que se designe un único ponente para examinar varios expedientes de inmunidad conexos cuando, como en el presente caso, los suplicatorios de suspensión de la inmunidad se refieren a diputados objetos de un mismo proceso penal", contesta el TGUE.

El hecho de que formen parte del mismo grupo que Vox, que actuaron como acusación popular en el juicio del procés, no contamina a todos los europarlamentarios de ese grupo y no condiciona su imparcialidad, aclaran. "Esa situación particular concierne a los diputaods que son miembros de dicho partido, pero no puede ampliarse, como regla, al conjuto de los miembros del grupo político CRE por el único motivo de que compartan afinidades políticas debido al hecho de que formen parte del mismo grupo", explican.

Con este espaldarazo a las pretensiones españolas, Llarena ve despejado el horizonte para reactivar las órdenes europeas de detención contra los fugados. Sin embargo, la extradición no será automática.

La entrega no es automática

En primer lugar, su defensa ya anunciado que recurrirá y todavía cabe un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "Nada se acaba, todo lo contrario. Todo sigue. Presentaremos recurso ante el TJUE y defenderemos hasta el final nuestros derechos fundamentales, que son también los derechos fundamentales de los catalanes y europeos. Con el mismo espíritu del primer día", ha expresado Puigdemont en sus redes sociales.

Una vez resuelva la siguiente instancia europea, la decisión deberá volver al tribunal belga que es el que negó la entrega en un inicio y estos plazos, según fuentes jurídicas, pueden volver a demorarse años.

Llarena reclama a Puigdemont y a Comín por delitos de malversación y desobediencia. Ambos estaban reclamados por sedición, pero la modificación del Código Penal por parte del Gobierno derogando este delito hizo que el juez tuviera que modificar el procesamiento el pasado mes de enero.