El juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha ampliado el plazo de la investigación sobre el comisario José Manuel Villarejo y los hermanos Pérez Maura y ha acordado citar a cinco nuevos investigados. Esta pieza número 4 del macrocaso 'Tándem' versa sobre la contratación del policía para evitar la extradición de los hermanos empresarios que hicieron presuntamente un negocio ilegal millonario con la adjudicación y construcción de una mega puerto en Guatemala. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado más tiempo para las pesquisas porque han llegado millones de documentos del país sudamericano.

En un escrito del juez Manuel García Castellón de este mismo martes, es necesario prorrogar esta instrucción seis meses más, a pesar de que tanto Villarejo como los empresarios Adrián de la Joya y Miguel Ángel Cañas se hayan opuesto. "Partimos de la ingente documentación que se ha recibido [...]. Dicha información requiere de un estudio exhaustivo, minucioso y profundo, en atención a su volumen", firma el togado en un auto al que ha tenido acceso El Independiente.

Anticorrupción no sólo ha pedido tiempo para poder analizar esta nueva información, sino que ha solicitado nuevas declaraciones -a las que el juez ha accedido- de J. L.L. L. (administrador de una de las mercantiles), J. M. M. E. (otro administrador), M. L. L. (quien firmó una factura a Villarejo), D. A. C. y A. M.P.(quien remitía los justificantes a la empresa del policía). Todos ellos por su presunta participación en un delito de cohecho.

Según la nueva documentación que obra en la causa José Luis López figuraba como administrador único de una de las mercantiles y recibió directamente desde las cuentas bancarias de la sociedad A. Pérez y Cía S.L. más de cinco millones de euros. La Fiscalía señala que así lo habían acordado los hermanos Pérez Maura, el empresario Adrián de la Joya y Villarejo. Algo parecido a lo que ocurre con Madoz Echevarría que está como administrador de otras de las empresas y que en cuatro transferencias en 2016 recibió un total de 72.600 euros.

Cabe recordar que en esta investigación se busca esclarecer la construcción de Puerto de Quetzal en Guatemala por la que los hermanos españoles pagaron, supuestamente, comisiones de hasta 30 millones de euros a las autoridades guatemaltecas para quedarse con la adjudicación. Una vez se descubrió el pastel por el que fueron detenidos, incluso, el presidente de allí Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti, los Pérez Maura contrataron a Villarejo -siempre según las pesquisas- para evitar que a ellos los extraditaran y tuvieran problemas judiciales al otro lado del charco. El comisario pudo haber cobrado más de siete millones de euros.

En los pagos y transferencias a Cenyt -entramado del policía jubilado- figura una factura firmada por Miguel López López con cargo a Stuart & Mckenzie Spain S.L. en cuyo concepto se lee "honorarios por colaboración en proyecto P&Cía". Fueron 181.500 euros. Este López era administrador de otra mercantil y como apoderado aparece Domingo Aguilera a quien el juez le atribuye ser colaborador de Villarejo. "Se trata de un experto en el mercado inmobiliario que colaboró con el excomisario, entre los años 2010 y 2013, en los que habría ejecutado una operativa de blanqueo de capitales en centroamérica", explica el escrito.

El quinto de los nuevos investigados, Martínez Palacios, era presuntamente la persona que desde la mercantil Pérez & Cía enviaba a Cenyt los justificantes de las transferencias ordenadas desde cuenta con la que se pagó el Proyecto Pit.

La documentación de Guatelama

"La complejidad del procedimiento transmitido es objetiva, téngase presente que el mismo afecta al Presidente y a la Vicepresidenta de la Nación y a un gran elenco de Altos Cargos de la República de Guatemala, procediendo en el presente estadio procesal al análisis de los documentos y dispositivos que han sido objeto de traslado a través de los canales oportunos", firmaron los fiscales Miguel Serrano y Jorge Andújar este 12 de julio.

Piden tiempo en Anticorrupción para abordar lo enviado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad de la República de Guatemala el pasado 8 de marzo de 2023 en cajas de cartones con discos duros y varios terabytes de información. La Fiscalía habla de "traslado masivo de información" que una vez sea "técnicamente posible" acceder a él se requerirá "una labor de estudio en profundidad".

La investigación se sigue por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, hacienda pública, cohecho internacional y estafa agravada, siendo una de las piezas más voluminosas del 'caso Tándem'.

Además, Anticorrupción anticipa que habrá más tela que cortar: "Resulta obvio que una vez analizado pormenorizadamente el expediente guatemalteco y su documentación adjunta, se derivará la práctica de nuevas medidas de investigación".