Pedro Crespo Barquero ingresó en la carrera fiscal en 1991 y después de aprender durante años en las fiscalías de Barcelona, Madrid, Anticorrupción y atravesar distintos puestos de la Fiscalía General del Estado un largo periodo, llegó en mayo 2021 a la jefatura de Sala del Tribunal Constitucional. También afianzó su dilatada carrera como jefe de lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal Supremo resolviendo asuntos tan relevantes como las medidas que el Gobierno impuso para enfrentar la pandemia. El fiscal de Sala, que no está asociado a ningún grupo, ha sonado en las quinielas para ser fiscal general del Estado. Desde su despacho y a punto de iniciar las vacaciones, Crespo barre para casa y recomienda como lectura para el verano de un compañero de profesión: Trescientos veinte cautivos de Justino Zapatero.

Pregunta.- Desde 2021, ha convivido ya con dos presidentes del Tribunal Constitucional: Juan José Rivas y Cándido Conde Pumpido. ¿Ha notado la Fiscalía el cambio de presidencia y el ritmo de los recursos que ha impuesto el actual? 

Respuesta.- La verdad es que la Fiscalía no tiene un flujo de trabajo muy uniforme, en general, es bastante cíclico y hay momentos en los que el trabajo es más complicado y otro en los que es más rutinario. Sí se ha notado que con el actual presidente hay un plan de choque con el objetiv de poner al día una parte de recursos ya antiguos del tribunal.

Por lo demás, la diferencia de un presidente a otro yo creo que es muy pronto para ver diferencias sustanciales y tampoco puede ser muy grande porque la presidencia del Tribunal Constitucional, con independencia, lógicamente, de la impronta personal de cada uno, es una cuestión que está muy reglada. Yo desde luego con los dos he tenido hasta ahora una excelente relación.  

P.- ¿Cree que el Tribunal Constitucional funciona como órgano que debe responder a las necesidades de los ciudadanos? 

R.- Uf, vamos a ver, depende de lo que se entienda por necesidades de los ciudadanos. Si se hace una aproximación objetiva, es decir, si el Tribunal Constitucional cumple la función que cabe esperar en un sistema como el español respecto de la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, yo creo que sustancialmente sí. 

El problema –y no sé si es por ahí por donde va la pregunta– es que a partir del año 2007 hubo una reforma del procedimiento en el Tribunal Constitucional de manera que lo que antes era dirigido a la tutela individual subjetiva del ciudadano a través del recurso de amparo, es decir, a la posibilidad de que cualquier ciudadano que entendía que se había lesionado un derecho fundamental acudiese al Constitucional con el derecho de recibir una resolución que solucionara su caso. En el año 2007 por diversas razones (pero principalmente operativas de desbordamiento de la capacidad técnica del tribunal) lo que se hizo fue sustituir ese modelo por uno de tutela objetiva de los derechos fundamentales. De manera que el recurso de amparo sirve para poner de manifiesto que hay determinados aspectos o situaciones en que la jurisprudencia o la doctrina que tiene el Constitucional no ofrece todavía una solución que puedan aplicar los tribunales de justicia ordinarios que son los que verdaderamente tienen la tutela efectiva directa de los derechos fundamentales. 

Eso, a veces no ha sido bien entendido. La idea de que no toda lesión de un derecho fundamental genera ahora mismo un derecho subjetivo a obtener una solución del Tribunal Constitucional en tu caso concreto es algo que muchas veces se comprende con dificultad. Pero eso no significa que el Tribunal no esté desempeñando su función. 

P.- ¿Y con respecto a los tiempos? 

R.- Con los tiempos hay diferentes cuestiones. Hay algunos que se han alargado como consecuencia de coyunturas de carácter incluso político etc., que el Tribunal ha entendido que en un momento determinado una solución o una respuesta a un problema podría producir alarma social, o perturbación en un proceso electoral. Prefería dar una solución apoyada por una gran mayoría, por unanimidad de los magistrados en lugar de hacer una que tuviera votos particulares y se percibiera como más insegura. Eso ha generado a veces que determinados asuntos muy puntuales se hayan retrasado. 

Eso no tiene que ver con otro fenómeno que es el del desbordamiento por razones cuantitativas de los recursos de amparo, ya digo que fue uno de los motivos por el que se hizo aquella reforma del año 2007. Lo que pasa es que desde mi particular punto de vista esto sigue sin estar bien resuelto porque el hecho de que el recurso de amparo siga llegando al Tribunal, haya que estudiarlo para ver si reúne los requisitos o tiene especial trascendencia constitucional... todo ese trabajo inicial de filtrado es de un volumen extraordinario. Nosotros ahora mismo estamos recibiendo en torno a 6.000 recursos de amparo de forma anual.  

P.- ¿Cree que es necesario algún cambio en la Constitución? 

R.- Hombre, nosotros tenemos una Constitución muy rígida en cuanto a los procedimientos de modificación. Hay países de nuestro entorno como Francia, Alemania que en el tiempo que nosotros hemos hecho dos o tres cambios muy puntuales ellos han hecho cambios fundamentales y mucho más importantes e intensos. 

A mí me parece que una Constitución debe acompañarse a los cambios sociales y políticos que se producen. Lo que pasa que tampoco es bueno que la Constitución sea una especie de mecanismo de recepción de ocurrencias. No cualquier idea que de pronto pueda suscitarse debe ser objeto de un debate dirigido a una reforma constitucional porque si una Constitución tiene alguna virtud es la de marcar un terreno de juego, la de establecer unas bases sobre las que funciona un Estado. Si esas bases se están modificando permanentemente se puede producir un cierto desenfoque de cuál es el funcionamiento institucional. 

Lo que no parece vislumbrarse en este momento es que haya consensos políticos y sociales suficientes como para hacer modificaciones. Lo que sí hubo en el año 1978 que es un acuerdo muy mayoritario en la sociedad y sobre todo en la política para saber qué se quería hacer. Ahora eso es un terreno mucho menos claro y, por tanto, abrir el melón de cambiar la Constitución sin saber qué se va a hacer puede ser arriesgado. 

P.- ¿Y se atreve a decir qué cambios habría que acometer? 

R.- No. Porque esa no es mi función. Es función de los representantes políticos. 

P.- ¿Cree que es bueno que el Constitucional busque consenso en las sentencias? 

"Tenemos una Constitución muy rígida. Hay países que en lo que nosotros hemos hechos uno o dos cambios puntuales ellos han hecho cambios fundamentales"

R.- Yo creo que sí. El sistema del funcionamiento de votos particulares es debatido, jurídicamente. No se resuelve de la misma manera en todos los países. Hay tribunales supranacionales donde no existen los votos particulares y otros en los que sí. Que existan o el hecho de darle publicidad a las mayorías o minorías que apoyan cada sentencia puede generar una sensación de mayor solidez de unas resoluciones que de otras y eso puede terminar afectando a la percepción ciudadana de la calidad o del grado de constitucionalidad de las normas que salen del Tribunal. 

En ese sentido, a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo porque las sentencias sean, si no unánimes, por lo menos sí cuenten con una mayoría importante de apoyo de los magistrados. Si es posible superando etiquetas de grupos, que haya sentencias que apoyan el supuesto sector progresistas y otras el supuesto sector conservador me parece que es preferible. Aunque siempre que hay consenso las soluciones van a ser más matizadas y a veces menos claras, pero yo soy más partidario de las soluciones pactadas que de las posiciones confrontadas. 

P.- A finales de año, el Tribunal Constitucional tomó una decisión inédita sobre paralizar un trámite en el Senado. El fiscal no apoyó la medida cautelar. ¿Cómo está este asunto procesalmente en la actualidad?

R.- Ese asunto fue tremendo porque efectivamente no había precedentes exactos de una situación como esa. Es un tema muy importante desde el punto de vista constitucional. Fue para esta Fiscalía especialmente relevante porque siendo uno de los temas probablemente más importantes a los que se ha enfrentado el Constitucional en muchos años, esta Fiscalía tuvo un plazo exactamente de 4 horas y 45 minutos para informar sobre la suspensión del trámite de las enmiendas que se habían planteado en una determinada proposición de ley que afectan precisamente a la renovación del Tribunal. 

¿Cuál es el estado actual? La navidad pasada lo que se resolvió fue la adaptación de una medida cautelarísima por la que el Tribunal suspendía la tramitación parlamentaria de una iniciativa legislativa.

En relación de la admisión de recurso, la suspensión y la recusación se conoció nuestro informe porque aquello fue objeto de una gran atención mediática en ese momento y luego ya pasó más inadvertido el informe sobre el fondo donde nosotros aplicando lo que creemos que era una doctrina consolidada del Tribunal Constitucional informamos a favor de que se estime el recurso, el amparo por entender que efectivamente el procedimiento de tramitación de la proposición de ley en lo que se introducen enmiendas que no guardan relación con el contenido material de la proposición. Impiden el que los demás grupos parlamentarios formulen a su vez enmiendas. Esa situación genera una vulneración del derecho fundamental de los parlamentarios al ejercicio de su función. 

No se ha resuelto ni lo uno ni lo otro a fecha de hoy pero nosotros ahí ya hemos hecho nuestros deberes. 

P.- No sé si ha tenido oportunidad de leer la sentencia que condena a dos años de cárcel a la redactora que publicó datos de Laura Luelmo. Hay una gran preocupación entre los periodistas. ¿Qué valoración hace de esta sentencia? 

R.- No la he leído, la conozco pero no la he leído todavía. Hasta que no me leo los papeles no valoro. Hablaremos en su momento. 

P.- ¿El Constitucional debería pasar primero por las leyes como un modelo más francófono y no después a golpe de continuo recurso como sucede ahora? 

R.- En su momento se debatió y luego se derogó y luego se volvió a restablecer parcialmente lo que se llama el recurso previo de inconstitucionalidad en relación con determinadas leyes que permitía al Tribunal Constitucional hacer un enjuiciamiento de constitucionalidad antes de que se promulgue la ley. Eso es una cosa y otra cosa distinta –yo ni entro ni salgo en si es adecuada o no– es la posibilidad que se establecía que es que el Tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley o de las iniciativas legislativa . Eso es un debate que se ha producido en otros momentos, por ejemplo se produjo también cuando se promulgó el Estatuto de Cataluña en la legislatura de Zapatero. Y esa cuestión tiene un enfoque totalmente diferente. 

"Hemos visto las solicitudes de suspensión del fallo condenatorio [de los ERE] y todos los informes son contrarios"

El problema de fondo en esta cuestión es la delimitación del ámbito de autonomía de un Parlamento. La idea es que el Tribunal enjuicia la constitucionalidad de las leyes otra cosa es algo que no esta resuelve es que al enjuiciar la constitucionalidad de las leyes nos fijemos en el contenido de la ley o nos podamos fijar también en la tramitación de esa ley. Es decir que haya tenido anomalías en su tramitación en el Parlamento que pudiera llevar a la conclusión de que la ley está viciada. Ese es un terreno inexplorado hasta ahora.

Tenemos pendiente algún asunto en que el Tribunal se va a tener que pronunciar sobre eso. Por ejemplo, en relación con un asunto aprobado en la Asamblea de Madrid y se produce una circunstancia controvertida en el momento de la votación y quienes interponen el recurso de amparo lo que alegan es que esa ley fue aprobada sin que hubiera quorum en la asamblea. El Tribunal Constitucional nunca se ha enfrentado a una situación de estas características. 

P.- ¿Ha visto ya algún recurso sobre el asunto de los ERE? 

R.- Hemos visto las solicitudes de suspensión del fallo condenatorio en los supuestos en los que se imponían penas privativas de libertad porque todos solicitaban la suspensión cautelar de la ejecución de las penas. Ya están emitidos todos los informes que son en todos los casos contrarios.

Ahora estamos a la espera de que nos den traslado de los asuntos de fondo. Esperamos con cierto temor organizativo porque todo parece indicar que va a ser muy complejo y muy difícil tanto del punto de vista organizativo como de fondo para la Fiscalía despachar ese asunto. Son un número importante de recursos que además son todos diferentes, con planteamientos distintos y que plantean cuestiones constitucionales muy novedosas en algunos casos y luego con mucho fondo.

Además se trata del análisis de resoluciones judiciales y de alegaciones absolutamente gigantescas desde el punto de vista del volumen. La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla debe tener casi 2 mil páginas y la del tribunal supremo pues mil y pico. El informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo en el recurso de casación pasa de las 800 páginas, es decir que todo eso es un material que vamos a tener que trabajar con la lupa porque se plantean cuestiones de trascendencia constitucional de mucha relevancia. No ya por las personas condenadas, sino por el tipo de problema jurídico que hay que estudiar con mucha calma. 

P.- Usted ha sido uno de los miembros de la comisión de expertos del Ministerio de Justicia que ha participado dos veces en la elaboración del anteproyecto de la Lecrim. Otra vez en un cajón… ¿Cree que llegará el cambio de modelo en la instrucción alguna vez a España?  

R.- Yo no sé si yo lo veré. El problema de la reforma del sistema procesal penal español es que necesita, una vez más, de un consenso político y social suficiente. No solo se trata de que no haya errores legislativos -de eso algo sabemos todos- que puedan complicar la aplicación de la reforma, sino que además es una reforma que si se pretende que ofrezca un resultado parecido al funcionamiento de los países de nuestro entorno requiere una planificación. Eso solo se puede hacer a lo largo de varias legislaturas.  

"Sobre la Lecrim hubo un informe del Consejo Fiscal que yo ni entiendo ni comparto"

Hubo un informe del Consejo Fiscal que fue desfavorable al proyecto por dos razones que yo, evidentemente contaminado por mi participación en el grupo de trabajo, ni entiendo ni comparto. Es verdad que alguna de las críticas que se hacían en el informe yo mismo las había puesto de manifiesto, pero lo que no acabo de entender es que la configuración de un proyecto de esas características pueda generar una especie de rechazo a la totalidad porque el modelo no tiene mucho margen de maniobra. Se pueden y se deben modificar detalles, cuestiones en las que se puedan poner más énfasis, pero realmente si lo que se quiere establecer en España es un modelo acusatorio moderno, propio de un país avanzado el margen de maniobra es el que es.

Me parece que ahora hay que darle la vuelta por tanto a la estrategia. Primero, buscar el acuerdo sobre la base fundamental que emana de cada uno de las tres propuestas [la propuesta de Lecrim de 2011, 2013 y 2020] y a partir de ahí que exista un acuerdo claro sobre cómo hay que avanzar. A mí me quedan para jubilarme 12 años y yo tengo mis dudas de que yo lo vea. 

P.- La Fiscalía General del Estado ha estado inmersa en distintas polémicas en el último mes, especialmente, a raíz de la elección de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática ¿Cree que se deberían haber aplazado el Consejo Fiscal de estos nombramientos? 

R.- A mí me cuesta mucho pronunciarme sobre cosas que leo solo en los periódicos. Sí es verdad una cosa y eso creo que es lo que importa de verdad: El Ministerio Fiscal tiene pendiente desde el año 1978 la consolidación de algunos aspectos de su estructura y su funcionamiento constitucional y uno de esos es el tema de los nombramientos. El fondo que subyace a esas circunstancias y que permite que sean polémicas es que nos falta músculo institucional para abordar este tipo de cesiones y en particular el sistema de ascensos nombramientos. El reparto de responsabilidades dentro de la carrera fiscal es una cuestión que desde mi punto de vista no está lo suficientemente bien resuelta como para que los ciudadanos tengan la percepción de que esa es un aspecto sobre el que no hay nada que sospechar. 

"Me gustaría que mi nombramiento sea una cuestión que yo no tenga que reivindicar a diario como que en mi caso han acertado y en otros no"

No hace mucho tiempo yo hice un comentario parecido a este e inmediatamente salió un individuo en redes sociales diciendo ‘no le parecen mal todos los nombramientos menos el suyo’. No, el problema no es ese. El problema es que a mí me gustaría que mi nombramiento y el de los demás, el hecho de que yo esté sentado aquí en esta silla y en este despacho, sea una cuestión que yo no tenga que reivindicar a diario como fruto de que en mi caso han acertado y en otros no. Sino que yo pueda defender mi legitimidad para estar sentado en esta silla porque ha habido un proceso de selección basado en los méritos y la capacidad que hacen incuestionable que, bueno, yo tengo la capacidad de estar aquí. Y que ha habido un procedimiento limpio y transparente que a mí me permita tener la tranquilidad y que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad de que reúno las condiciones de idoneidad para ejercer la responsabilidad que ejerzo.

Me parece que a veces damos un espectáculo poco edificante desde dentro. La politización es en nuestros días prácticamente inevitable. El fiscal siempre ha tenido un poco de ‘pim pam pum' en el juego político, porque no es un político pero sí está digamos en el centro de muchas cuestiones que tienen trascendencia política y de alguna manera atacar a la Fiscalía es una forma de atacar al Gobierno. Eso nos va en el sueldo. Lo que no nos va en el sueldo es tener que hacer frente a situaciones de inseguridad política o de que cuestionamiento de nuestro prestigio como consecuencia de que ese sistema no está bien trabado. 

P.- ¿Tiene la percepción de que la imagen de la Fiscalía se ha deteriorado en los últimos años?  

R.- Cada vez que la Fiscalía se convierte en un objeto de debate político hay un inevitable deterioro institucional. Pero depende un poco también de cuál sea el motivo del debate. Hay una cosa que está clara: que el fiscal que interviene en cualquier procedimiento adopta una posición. Claro, si tú eres parte en un procedimiento, la otra parte no está de acuerdo contigo y si esa parte tiene poder para hacer públicas sus opiniones, para trasladar información o incluso informaciones políticas.

"La mayor presión no la ejerce el presidente del Gobierno, está en las iniciativas políticas, y eso normalmente no se esconde en comunicaciones oscuras en el despacho"

Eso es una cosa y otra cosa diferente es que la institución en sí misma se utilice como arma arrojadiza en el debate político y eso sí tiene una vía de mejora que es consolidar institucionalmente en el funcionamiento orgánico. Es decir que la gente perciba que cuando esta institución adopta una postura, lo hace con su propio criterio y que es un criterio esencialmente jurídico, sin interferencias. Yo he estado muchos años en la Fiscalía General del Estado y le puedo decir que la presión mayor no la ejerce el presidente del Gobierno, si es que la ejerce. La presión mayor está en las iniciativas políticas, está en la introducción de la actuación del fiscal en el debate político y eso normalmente no se esconde en comunicaciones oscuras en el despacho. Eso ha pasado con todos los gobiernos de todas las tendencias, con todas las oposiciones de todas las tendencias,  y con todos los medios de todas las tendencias.

Eso tiene mecanismos de delimitación a través del fortalecimiento institucional, de adoptar medidas por ejemplo, antes hablaba de los nombramientos, pero hay otras como el procedimiento deliberativo.

Por ejemplo le puedo decir que en ese sentido esta Fiscalía [la del Tribunal Constitucional] es absolutamente paradigmática. De aquí no sale ningún informe ni de fondo ni de forma que no haya sido debatido por todos los fiscales. Eso probablemente facilita o garantiza que si hay una percepción externa los ciudadanos puedan tener más confianza que si el sistema de funcionamiento es de una verticalidad.