Joan Queralt (Barcelona, 1951) fue elegido senador por Esquerra en las pasadas elecciones del 23J con 150.000 votos más de los obtenidos por la candidatura de ERC al Congreso en la circunscripción de Barcelona. Se benefició del voto dual que se fue al PSC para frenar un Gobierno del PP pero mostró su fidelidad a los republicanos en la Cámara Alta, y llega al Senado para defender la viabilidad de la ley de amnistía que reclama su partido para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
Lo hará desde la autoridad que otorga ser el padre intelectual de la ley de amnistía presentada por los republicanos en 2021, que ahora se presenta como el punto de partida en las negociaciones con el PSOE y Sumar para la investidura. Una ley que fue rechazada por los letrados del Congreso, aunque Queralt, profesor emérito de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, defiende la constitucionalidad de la medida.
Pregunta.- En 2021 ERC, junto a JxCat y la CUP, presentó una propuesta de ley de amnistía que quería anular todos los procesos penales y administrativos contra políticos y militantes independentistas. ¿Sigue siendo es el objetivo?
Respuesta.- Ese proyecto se ha convertido en una base de trabajo, como seguramente habrá otras.
P.- ¿Están trabajando con el grupo de expertos de Sumar en una propuesta de texto?
R.- Estamos en un punto de negociaciones cruzadas y paralelas, todos trabajando sobre una capa de hielo muy fina y muy delicada, lo que significa que cualquier salida de tono puede dar al traste con todo. La situación es delicada para todos. Hay negociaciones en paralelo y cruzadas, en estadios diferentes y no todos los sujetos que negocian tienen los mismos tempos. Desde el punto de vista técnico la ley se puede hacer relativamente rápido, pero es un tema político y hay que llegar a un acuerdo político.
Han de quedar eliminados los delitos, las penas y los antecedentes penales, como si el delito no hubiera existido nunca
P.- Los opositores a la amnistía advierten de que la Constitución rechaza explícitamente un indulto general.
R.- Pero no es un indulto general. El tema no es decir por qué la amnistía es constitucional, sino por qué no es constitucional. La Constitución no lo prohíbe.
P.- A diferencia del indulto, ¿con la amnistía quedarán eliminados los delitos?
R.- Han de quedar eliminados los delitos, las penas y los antecedentes penales, como si el delito no hubiera existido nunca. Ya no entramos en si las sentencias eran justas o injustas, simplemente la sentencia X queda anulada por la amnistía y por tanto son inocentes.
P.- ¿Esto implica un reconocimiento de que ha habido represión?
R.- Cada cual lo justificará como quiera políticamente. Unos lo venderán como un perdón, otros como una conquista. Yo personalmente no me meto en eso. La lectura que se hace de los indultos en Cataluña y Madrid es diferente, pero los indultos son un hecho.
P.- ¿Jurídicamente no es necesaria una justificación de la amnistía?
R.- No. Hay varias técnicas, se hace una enumeración de delitos o de causas que se anulan. Todo el mundo sabe por qué se hace la amnistía, la interpretación es libre de cada uno. Lo que me importa es que haya amnistía, es decir, que una serie de gente que está condenada o encausada por procesos penales o administrativos de todo tipo vean que ese proceso queda borrado.
A quién incluye la amnistía es el objeto de la negociación, también en el caso de los policías procesados por su actuación el 1-O
P.- ¿Debe incluir a todo el que tenga procesos abiertos por causas independentistas, desde los políticos a los activistas o los CDR?
R.- Esto es lo que será objeto de negociación. Si incluye la malversación, la sedición, la desobediencia… técnicamente es fácil, la clave es el impulso político.
P.- ¿Indultaría también a los policías inmersos en procesos por las actuaciones del 1-O?
R.- Eso también es objeto de negociación.
P.- ¿La negociación de la amnistía debe ir paralela al reconocimiento de la autodeterminación?
R.- La amnistía es un tema suficientemente importante como para no abrir otro en paralelo, pero no supone que no haremos nada más. Supone poner el contador a cero para empezar ha hablar políticamente. Y hay que recordar que la Mesa de Diálogo empezó en 2018 con Quim Torra, y Esquerra está en la amnistía desde hace cuatro años, presentando papeles y negociando.
P.- ¿La ley de amnistía tiene que validar el referéndum del 1-O?
El objeto de la ley de amnistía no es validar el referéndum del 1-O
R.- En mi opinión no tiene que entrar en eso, no es el objeto de la ley. El 1-O es un acto político, quien quiera defenderlo que lo defienda y quien quiera atacarlo que lo ataque. Aquí lo que importa es que el procés, desde 9N al 1-O con sus prólogos y consecuencias ha de quedar borrado desde la perspectiva de la represión judicial y administrativa. Esta debe ser la conclusión final.
P.- ¿Cómo responde a quienes dicen que la amnistía no tiene cabida en la Constitución?
R.- Que me digan por qué no. Yo creo que sí, porque la Constitución no lo excluye.
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