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La fiscal de 'Púnica' se enfrenta al jefe de Anticorrupción por una causa secreta

Alejandro Luzón ha convocado una junta de fiscales de Anticorrupción después de que Carmen García Cerdá haya chocado con su criterio en una investigación reservada

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, durante el 25 aniversario de la Fiscalía especializada.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, durante el 25 aniversario de la Fiscalía especializada.

Una de las fiscales del caso 'Púnica', Carmen García Cerdá, ha chocado con el criterio del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, en una investigación que se mantiene secreta y ha planteado el artículo 27 del Estatuto Fiscal que aflora exclusivamente en caso de considerarse que una instrucción de un superior se estime ilegal o improcedente. Todos los fiscales Anticorrupción se reunirán el próximo lunes 18 de septiembre en una junta de carácter consultivo para decidir sobre el asunto, según han avanzado fuentes fiscales a El Independiente.

"El fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se hará saber así, mediante informe razonado a su fiscal jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía", dice literalmente el artículo 27 del Estatuto que rige al Ministerio Público.

La Fiscalía funciona bajo una férrea jerarquía, por lo que los informes que hacen los fiscales suelen requerir siempre el visto bueno del jefe. Este control se vuelve más robusto en fiscalías delicadas como lo es Anticorrupción que trabaja con causas mediáticas y analiza el comportamiento de políticos y funcionarios en la Administración Pública.

Los 28 fiscales que firman en la sede de la calle Manuel Silvela de Madrid recibieron un correo en julio anunciándoles una reunión para la vuelta de las vacaciones porque una compañera había invocado "el 27". Distintas fuentes de Anticorrupción señalan lo "atípico" que es que se plantee una medida así contra el jefe, que está obligado a dar trámite a este artículo. "Es como una especie de cláusula de conciencia", lo define uno. Otros de los consultados esgrimen que precisamente esta posibilidad pone de relieve que los fiscales tienen mecanismos legales para no cumplir órdenes si no están de acuerdo y esto garantiza su independencia.

El asunto a tratar está bajo secreto, si bien las fuentes consultadas hablan de una batería de diligencias que Cerdá quiere llevar adelante mientras que Luzón no es favorable a algunas ellas. Las fuentes fiscales advierten de que con una causa reservada cualquier filtración extramuros podría acarrear un delito de revelación de secretos para los funcionarios. Recuerdan, incluso, lo que ha ocurrido en el caso 'Cursach' en el que la propia Fiscalía ha pedido sentar en el banquillo a uno de sus filas -Miguel Ángel Subirán- por haber, presuntamente, dado información bajo llave y presionado a testigos en una causa que indagó en las actividades del mayor empresario del ocio nocturno de Mallorca.

La Junta de fiscales contra la corrupción se reunirá en dos semanas, estudiará el asunto y votará quién cree que tiene razón. En caso de que una mayoría se sitúe con García Cerdá, Luzón puede igualmente proceder con su criterio. Se trata únicamente de una reunión consultiva. Si así lo hiciera, la fiscal podría decidir apartarse del caso para no cumplir con la orden que contraviene su visión del Derecho o el propio jefe Anticorrupción podría tomar la determinación de relevarla.

Púnica, una causa monstruosa

García Cerdá es una de las dos fiscales que, junto a Teresa Gálvez, lleva casi una década instruyendo el 'caso Púnica' sobre la corrupción del PP madrileño. En esta trama, que desde 2014 ha llegado a acumular 12 ramificaciones de la macrocausa, llegaron a estar investigados hasta tres expresidentes de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González. Todos ellos han quedado fuera de las pesquisas y no irán a juicio, pero por el camino se han producido rifirrafes en Anticorrupción que algunos señalan como telón de fondo del actual choque.

La sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 29 de mayo a los exalcaldes del PP en León Marcos Martínez Barazón y Pedro Vicente Sánchez García fue un mazazo evidente a las pretensiones del Ministerio Público. El Tribunal concluyó que ambos prevaricaron durante su etapa en la Diputación de León al infringirse de “forma clara y patente la normativa” de la Ley de Contratos del Sector Público porque dieron el visto bueno a facturas “de urgencia” en lugar de acudir a un sistema de contratación con “un control más riguroso y exhaustivo”, pero la pena ni siquiera implicó cárcel.

La sentencia se aleja sustancialmente de lo que pedía la Fiscalía Anticorrupción que incluía delitos de fraude a la Administración, falsificación en documento mercantil, malversación y cohecho. Los reproches cruzados alcanzaron también a los jueces. La Sala de lo Penal en su sentencia llegó, incluso, a afear el proceder del instructor del Juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional: "Debe precisarse que no ha resultado fácil al tribunal ni la lectura del extenso auto, ni su entendimiento ni, sobre todo en este caso, en concreto conocer cuál ha sido el elemento determinante de la inclusión del recurrente [uno de los acusados] en las presentes actuaciones".

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