La batalla ya arrancó la semana pasada durante el debate del Estado de la Unión Europea con la denuncia formulada por el PP respecto ala posibilidad de amnistiar a los imputados por el proceso soberanista catalán de 2017. Como hicieran con la polémica en torno a los controvertidos regadíos de Doñana durante la campaña electoral del 28-M, los populares españoles se han movilizado entre sus socios europeos, con el presidente del PPE, Manfred Weber, como punta de lanza, en un intento por frenar, o, al menos, poner en el punto de mira, los movimientos de Pedro Sánchez ante el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont.

Y es que la Unión, Europa lleva ya varios años prestando especial atención a la situación de Estado de Derecho en el territorio comunitario y es por ahí por donde Génova cree que Europa podría dar al traste con los planes de Pedro Sánchez, aún a sabiendas "de que los socialistas no lo van a llamar ley de amnistía", y buscarán algún eufemismo para definirla. Eso sí, han dejado claro desde Bruselas que poco o nada pueden decir al respecto hasta que no haya un borrador o documento que supervisar.

Fuentes populares aseguran que la amnistía "no cumple con el Estado de Derecho europeo" y que así quedó claro con el antecedente rumano, por el que se pretendió, en 2019, aplicar esta medida a un conjunto de políticos procesados por corrupción, entre ellos, el que fuera líder del Partido Social Demócrata (PSD) Liviu Dragnea. El entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junquer, arguyó que "de otorgarse la amnistía, como prevén algunos en este país, sería un paso atrás en el Estado de Derecho".

A Puigdemont también se le atribuye un delito de malversación de fondos públicos

Cabe destacar que muchos de los imputados por el procés lo están, entre otras cosas, por desviar fondos públicos para celebrar el referéndum ilegal del 1-O, y aunque en la anterior legislatura se reformó el Código Penal para ir a un modelo atenuado de malversación sin enriquecimiento personal, no deja de ser un delito de corrupción. De hecho, el indulto a los nueve condenados por el Supremo fue parcial al no contemplar el perdón por la malversación de fondos, que conlleva inhabilitación para cargo público. Además, el Supremo se negó a aceptar ese tipo atenuado de corrupción para los implicados en el desafío soberanista y mantiene el supuesto más grave. En el PP recuerdan asimismo que el informe sobre el Estado de Derecho de la UE "condiciona las ayudas europeas" y la presidenta de la comisión, Úrsula Von der Layen, "hizo mucho hincapié en este tema" durante su discurso del Estado de la Unión.

El Tribunal Supremo, en su euroorden contra Puigdemont, hace referencia al delito de corrupción y, cuando éste fue detenido en territorio alemán, los tribunales del país germano se mostraron partidarios de extraditarlo por malversación de fondos -para organizar el referéndum del 1-O-, no por sedición.

"La comisión tiene un mecanismo de revisión anual" para evaluar la situación de la Justicia en los países de la UE, recuerdan las fuentes populares europeas consultadas por El Independiente. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ya alertó a España sobre la rebaja del delito de malversación y adelantan que "la Comisión será mucho más dura si se trata de una amnistía. El PPE va a incidir en ello", advierten los mismos medios. De hecho, la UE lleva años pidiendo que se endurezcan las penas por corrupción política, lo que tiene incidencia directa en el reparto de esos fondos públicos como una manera de fiscalizarlos.

El PP dice estar dispuesto de llegar hasta el final en esta batalla si es que llega a fructificar una propuesta del Gobierno que acepte el líder de Junts, orillado por el PPE y por los propios socios de Sánchez en la Eurocámara tras años defendiendo que España es una democracia perfectamente homologable. "Aquí, en Europa nadie entiende nada", dicen los mismos medios sobre una decisión trascendente para agregar que muchos "se han sacado al venda de los ojos".

Además, este martes se reúne el Bruselas el Consejo de ministros de Asuntos Generales, con presencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para defender la inclusión de catalán, gallego y euskera en la ya larga lista de idiomas de la Unión Europea. Propuesta sobre la que ya han expresado sus reticencias países como Suecia o Finlandia, detrás de los que estaría la larga mano de Francia, y eso que el gobierno español se ofrece a pagar la factura de su coste. Este lunes, el portavoz de Sumar y eurodiputado, Ernest Urtasun, acusaba directamente al PP de estar maniobrando para impedir dicho reconocimiento, aunque hay causas políticas de orden interno en otros países de la UE con tensiones territoriales.

Feijóo quiere convertir este asunto en uno de sus grandes caballos de batalla

Así, sea en España como en el conjunto de la UE, Núñez Feijóo quiere convertir este asunto en uno de sus grandes caballos de batalla de las próximas semanas, arrancando el 24 con el acto en Madrid, siguiendo con su sesión de investidura y avivando el ambiente político y de opinión pública antes de sea sea el inquilino de la Moncloa el que se someta a su investidura. "No vamos a dejar de hacer política en estos meses", insisten en el cuartel general de los populares.