Alberto Núñez Feijóo se ha reunido esta mañana en la sede de la calle Génova con cerca de una treintena de corresponsales extranjeros en España con los que ha analizado "el impacto de la Ley de amnistía y el contexto político español y europeo tras el acuerdo de Sánchez con los independentistas", según fuentes del PP. Ante ellos, el líder del primer partido de la oposición ha argumentado que los países de la UE que intentaron algo similar , esto es, bien amnistiar corruptos o poner en riesgo la separación de poderes "contaron con el rechazo expreso de los órganos comunitarios”. En este sentido ha expresado su temor de que España se sume al listado de los países sancionados por la UE, como Rumanía, Polonia o Hungría.

Entiende Feijóo que la ley de Amnistía que permitirá el regreso a España de Carles Puigdemont como un hombre libre, "arrase con la seguridad jurídica de un Estado miembro de la UE" y recuerda que el "deterioro de la democracia en España implica el deterioro en la democracia europea”, puesto que el texto de la ley implica que "políticos amnistían a otros políticos", insisten las mismas fuentes. 

Para el PP "es importante que el menoscabo a la Constitución, el sometimiento de la justicia a los intereses de los políticos, el perdón de los delitos de corrupción y el olvido de los delitos de terrorismo a los implicados del procés sea conocido y esté presente en la política internacional". Tanto es así, que el Grupo de los Populares Europeos ya ha emitido un durísimo comunicado haciéndose eco de todas las tesis de Génova al respecto y pidiendo a la Unión que pare al ley de impunidad.

Asimismo, Feijóo, que estaba acompañado de su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, ha recordado a sus interlocutores que la mayoría de juristas de nuestro país considera, "al igual que lo hacía el PSOE hace tres meses", que la Ley de amnistía es inconstitucional "y lamenta que amnistiar delitos puede suponer un incentivo a cometerlos". El PP se aferra a Europa para que los mecanismos de control de la UE funcionen y "lamenta que Puigdemont haya pasado de tener una orden de detención a que la Policía, en lugar de detenerle, le escolte".

González Pons recuerda también el "perjuicio económico" para la UE

González Pons ha alertado sobre la "lawfare" y puesto el acento en que cortar las investigaciones judiciales "impide analizar el alcance del perjuicio económico padecido por la UE", y avanza que pedirá a las instituciones que la ley se cumpla en todos los estados miembros. 

Este mismo jueves, la que vendría a ser la junta de portavoces de la Eurocámara incluirá en el orden del día del siguiente pleno, a celebrar en Estrasburgo, un debate sobre el Estado de Derecho en España, en el que hablará tanto el prófugo de la Justicia como el gobierno de nuestro país, presidente de turno de la UE.

Además, los corresponsales se llevaron un dossier con los posicionamientos públicos en contra de este acuerdo de casi un centenar de asociaciones y colectivos. Un documento de 126 páginas, explica Génova, "que recoge el rechazo social e institucional a una ley diseñada para beneficiar a una sola persona: Pedro Sánchez".