La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado este viernes que las acciones del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado de la investigación de Tsunami Democràtic tienen una importante implicación política y suelen ser intencionadas en momentos sensibles. Estas declaraciones surgieron después de que el magistrado reiterara ayer la imputación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont. Afirmaciones que fueron corregidas horas después directamente por la Moncloa, al advertir de que el Gobierno muestra su "respeto institucional al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados", y promete defenderlos frente a "cualquier injerencia en su trabajo, también de los intentos del PP".

En una entrevista en La Hora de La 1 de TVE, la vicepresidenta ha opinado sobre la postura del togado a quien ha atribuido relevancia política de sus decisiones. García-Castellón está siendo uno de los pilares contra los que se puede topar la amnistía porque ha solicitado al Tribunal Supremo que asuma la investigación por las protestas independentistas de 2019 tras la sentencia del procés y señala que fueron un delito de terrorismo.

"Hay algunas personas (...) que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial", ha señalado.

La vicepresidenta ha preferido ser "muy cauta" con respecto a la manera en la que "se está pronunciando este juez" que, a su juicio "nos tiene acostumbrados a que siempre" se inclina en la misma dirección. "Evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles", ha añadido.

A la pregunta de si cree que al juez García-Castellón le pueda guiar un criterio político, ha contestado que "la hemeroteca demuestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas".

Esta cuestión surge a raíz de que el magistrado pidiera investigar por terrorismo a Puigdemont, a la número dos de ERC, Marta Rovira, y a otra decena de personas más justo cuando el Gobierno está en plena tramitación de las enmiendas de la ley de amnistía. Aunque lo cierto es que la investigación lleva en el órgano judicial desde 2019 y ya apuntaba hechos muy graves como el bloqueo del aeropuerto de El Prat que terminó con varios policías heridos.

García-Castellón especificó en su decisión de este jueves que el hecho de que distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se hayan querido personar en el procedimiento afianza la tesis de que ahora hay más indicios que antes, si cabe, sobre el terrorismo.

El PP tacha de "gravedad extrema" las palabras de Ribera

El PP ha criticado duramente las palabras de Ribera asegurando que "es de una gravedad extrema que una vicepresidenta del Gobierno insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones, como ha hecho esta mañana en una entrevista en TVE".

El comunicado insiste en que "el sanchismo ha asumido el discurso independentista de que la Justicia no es imparcial y Ribera pone voz a los que dicen que en España hay lawfare".

"Queremos saber si el ministro de Justicia o la ministra de Defensa, jueces de profesión, opinan como Ribera", concluyen los populares.

Moncloa dice "respetar siempre las decisiones del Poder Judicial, aunque no comparta algunas de ellas"

Por su parte, Moncloa se vio obligada a matizar las palabras de Ribera. Fuentes del Ejecutivo insistieron en que "el Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas".

"En el caso Tsunami, las decisiones del magistrado fueron recurridas por el fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional. Ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales y el Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte", explicaron fuentes del Ejecutivo en un comunicado.

Para el Ejecutivo, "si en España hay un claro ejemplo de intervencionismo en el Poder Judicial es el secuestro al cual el Partido Popular está sometiendo al CGPJ, bloqueando su renovación desde hace más de 5 años. O el intento de 'controlar la Sala Segunda del TS por detrás', como manifestaron en su día dirigentes del PP". Se refiere el Gobierno a las palabras del popular Ignacio Cosidó, cuando era portavoz del Senado, en un mensaje a su grupo, tranquilizándoles por el pacto que se había alcanzado con el Gobierno. "El Gobierno defenderá a los jueces y magistrados de nuestro país de cualquier injerencia en su trabajo, también de los intentos de hacerlo del PP", concluyeron fuentes de la Moncloa.