El juez que investiga el retraso en las vacunaciones a agentes de la Policía y la Guardia Civil durante la pandemia ha vuelto a dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que asuma el caso e investigue a la entonces consejera de Salud, la republicana Alba Vergés, aforada por su condición de vicepresidenta del Parlament. En un escrito avanzado por Europa Press, el juez titular del Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona, defiende que cuenta con suficientes indicios contra Vergés, que surgen "principalmente de la contundente declaración" de Marc Ramentol, entonces secretario general del departamento, que afirmó que los altos cargos de la Conselleria acordaron parar la vacunación.

El escrito señala además la existencia de prueba documental sobre la participación de Vergés en la decisión de suspender la vacunación ya programada, en referencia a los mensajes de Whatsapp aportados por las defensas del ex número dos de la Consejería, el doctor Josep Maria Argimon, -que después sería nombrado consejero- y la doctora Carmen Cabezas, entonces secretaria de Salud Pública. Se trata de un mensaje de una asesora de Vergés en el que advertía a los dos máximos responsables de la campaña de vacunación: "Otra vez, la consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podremos argumentarlo. Lo tendríamos que parar".

Decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria, adoptada por altos cargos del departamento de Salud

El juez relata en su escrito el retraso injustificado en la vacunación a agentes de los cuerpos de seguridad nacionales, frente a mossos y policías locales, y añade que frenar la vacunación fue "una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria, adoptada por altos cargos del departamento de Salud contra funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil".

El juez ha elevado una exposición razonada al TSJC después de que el 12 de enero tomó declaración a Vergés, que acudió voluntariamente a la citación en el Juzgado a pesar de ser una instancia inferior a la que le corresponde por su condición de aforada. En esa declaración Vergés defendió que pararon la vacunación siguiendo el criterio fijado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Tras esa declaración el instructor solo podía mantener abierta la investigación sobre el papel de la ex consejera con esta exposición razonada con la que propone al TSJC que se encargue de la instrucción. Para evitar duplicidades o contradicciones, sugiere que se traslade la causa entera, también con los otros investigados: Argimon; el exdirector del CatSalut Adrià Comella, el entonces director de Servicios de Salud, Xavier Rodríguez Guasch; y el exsecretario general de Salud, Marc Ramentol.

Retraso en la vacunación

La instrucción responde a las querellas presentadas por diversos sindicatos de Policía y Guardia Civil por la marginación de estos cuerpos en la vacunación del Covid-19 en Cataluña, pese a pertenecer a los colectivos prioritarios. El proceso de inoculación comenzó el 10 de febrero de 2021, pero el Govern no hizo alusión a los operativos de estos dos Cuerpos.

Cinco días después, la Generalitat iba a contactar con los implicados para organizar los turnos de vacunación, pero no fue hasta el 24 del mismo mes cuando se fijó una reunión para el 4 de marzo para establecer el calendario. En ese momento llevaban 23 días vacunando a Mossos d'Esquadra y otras policías de ámbito local.

Tras varias reuniones, los policías iban a ser vacunados el 25, 26 y 29 de marzo, pero a 24 horas de empezar la consejería encabezada por Vergés desprogramó la vacunación a los agentes menores de 60 años -que eran la inmensa mayoría- y el 8 de abril el departamento lo justificó argumentando que se recomendaba no administrar la vacuna de Astrazeneca a estos colectivos de edad.

El 24 de marzo, la Generalitat había vacunado a más del 77% de mossos, frente al 2,9% de guardias y el 3,6 de policías. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó entonces que vacunase de inmediato a todos los agentes estatales al ver una "apariencia de discriminación".

Ramentol, testimonio clave

El instructor sostiene ahora que la decisión de paralizar la vacunación fue de Ramentol, Argimon, Comella, Rodríguez y Vergés. El juez recuerda en su escrito que la decisión está documentada en un mail que el primero envió a Cabezas y Rodríguez, y que el propio Ramentol "admite haber participado en la adopción del acuerdo de paralización de la vacunación".

En su declaración como investigado, Ramentol "afirmó con contundencia que la decisión de parar la vacunación de Policía Nacional y Guardia Civil fue adoptada de manera colegiada en el departamento de Salut" y que participaron Vergés, Argimón y Comella. Según dijo al juez Ramentol, fue una decisión dialogada, discutida, debatida y consensuada entre esos tres responsables, e insistió en que la orden que él dio por mail "desde principio a fin es una decisión colegiada".