Es probablemente la deuda pendiente que más le duele. Esta vez parecía que sí, que Euskadi lo lograría. Sobre la mesa hubo promesas, documentos y voluntad de cumplimiento. Las primeras se incumplieron, los segundos se modificaron y la voluntad fue diluyéndose entre pandemia y crisis. Iñigo Urkullu no será el lehendakari que complete el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika de 1979. Cuando abandone el cargo aún restará más de una veintena de materias por acordar y transferir. La “deuda histórica”, lo ha venido llamando, ha aflorado en multitud de actos celebrados por el lehendakari, “nos lo deben”, repite cuando puede. El consuelo será que, al menos, durante su mandato una docena de materias en manos de la Administración del Estado sí se ha logrado ceder al Gobierno vasco.

El próximo lunes día 11 se formalizarán los tres últimos traspasos acordados en la ‘era Urkullu’ con el Gobierno. Para entonces está prevista la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias en la que se rubricará la cesión al País Vasco de la gestión de las líneas de Cercanías, la competencia sobre la homologación de títulos universitarios extranjeros y la titularidad de la fase de acogida a inmigrantes. Tres materias largamente esperadas, comprometidas con el PSOE en el acuerdo de legislatura suscrito con el PNV y cuyo cumplimiento tenía un plazo tasado.

Con el traspaso de Cercanías, Euskadi gestionará las líneas que seguirá operando Renfe hasta al menos 2027. A partir de entonces, la Administración vasca tendrá libertad para cambiar de operador. Se trata de una materia muy trabajada y que llega con un plan de inversión de 400 millones de euros por parte de Adif y con un coste estimado de la competencia en 92 millones a descontar del Cupo.   

El 22 de enero de 2019, cuando Pedro Sánchez aún no había cumplido un año en el Gobierno, los dos Ejecutivo se comprometieron por escrito al desarrollo íntegro del Estatuto vasco. En la lista firmada figuraban 37 materias, incluido un estudio económico sobre la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Aquel cronograma debía completarse en un año. En su momento el apretón de manos entre el entonces consejero de Gobernanza, Josu Erkoreka, y la ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, fue calificado de histórico. Por primera vez el Gobierno vasco tenía de manos del Gobierno de España un compromiso con fecha y firma.

Prisiones, la competencia estrella

Supuso un cambio fundamental tras siete años de sequía competencial con los gobiernos del PP. Con Mariano Rajoy, Urkullu no logró la transferencia de ni una sola materia. Con Sánchez, tras cinco años y medio en el poder, la lista del periodo del Gobierno Urkullu será de una docena.

La pandemia primero y la crisis e inestabilidad del Gobierno después, hicieron imposible cumplir el acuerdo con Batet. Tampoco la actualización del mismo ha sido posible. Por el camino el Ejecutivo de Urkullu ha tenido que negociar con hasta cinco ministros de política territorial: Meritxell Batet, Carolina Darias, Miquel Iceta, Isabel Rodríguez y ahora con Angel Víctor Torres.

Además de las tres que se cerrarán el lunes próximo, el balance competencia de los doce años de Gobierno incluye otra de las grandes competencias: prisiones. En Ejecutivo vasco la reclamó siempre pero en especial tras el final de ETA. Desde octubre de 2021 es la administración vasca la que gestiona las tres cárceles vascas. Desde entonces, ha podido implantar su propio modelo de gestión penitenciaria que sitúa la reinserción como eje central de las cárceles. A ello ha sumado un ambicioso plan de modernización y puesta a punto de los complejos penitenciarios. A finales de este año o comienzos del próximo está previsto que a la cárcel de Martutene le sustituya el nuevo centro penitenciario que se construye en Zubieta, más moderno y con mayor capacidad.

La gestión del Ingreso Mínimo Vital ha sido otra de las batallas que más esfuerzos ha requerido. Ahora, se suma a la lista de materias que gestionan las autoridades vascas y que convive con la ayuda social vasca, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). El balance de materias asumidos se completa con la gestión de carrteras, la autopista A-68 y la AP-1 a su paso por Euskadi, la ejecución de la legislación farmacéutica, la gestión del código de bibliografía ISSN, la ayuda a la jubilación de trabajadores afectados por EREs, el Seguro escolar o el edificio Marítimo de Ondarroa.

Compromiso de desarrollo íntegro

Sin embargo, Urkullu abandonará el cargo sin poder ver completado el que fue uno de sus grandes objetivos desde que fue nombrado lehendakari. Sobre la mesa de diversos ministerios se siguen estudiando media docena de propuestas de otras tantas materias. Su Gobierno remitió informes y propuestas sobre cada una de ellas en la confianza de que se podría acelerar el proceso de negociación.

El último acuerdo en vigor en relación con el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika se alcanzó durante la negociación entre PNV y PSOE para la investidura de Sánchez. En él, además del cierre de las tres transferencias que se firmarán el lunes en el plazo de dos meses, también se incluyó el compromiso para completar en un máximo de dos años lo que resta del Estatuto de Gernika. Así, corresponderá al Gobierno que salga de las elecciones del 21-A librar esa batalla y al PNV, firmante del acuerdo, hacerla cumplir. En el acuerdo se plasmó que su apoyo y sostenimiento al Gobierno Sánchez dependería de ello.

En el PNV saben que un relevo en la Moncloa que diera paso a un Ejecutivo liderado por el PP complicaría sobremanera el cumplimiento del que es el Estatuto más antiguo de España. Los populares vascos nunca han puesto el foco en esta cuestión, ni siquiera durante el periodo en el que su formación gobernaba en España.

Tres borradores de nuevo estatuto

Y en la lista de asignaturas pendientes y sin resolver Urkullu también deja otro de sus objetivos iniciales: la renovación del Estatuto de Gernika. Fue él quien se presentó en 2012 con la promesa de aprobar un nuevo ‘estatus’ vasco, un nuevo estatuto que actualizara no sólo el nivel de competencias sino que renovara el encaje de Euskadi en el Estado. Un estatuto que fijase una nueva relación bilateral, de tú a tú, entre el País Vasco y España en el contexto de una relación confederal. En su primer programa electoral Urkullu llegó a plantear incluso que el estatuto que sustituyera al de 1979 fuera aprobado en un plazo de dos años y votado en referéndum en 2015.

La realidad es bien distinta. Hoy el Estatuto de Gernika sigue sin cumplir y su renovación está lejos de ser una realidad. Es el único estatuto de autonomía que no ha sido renovado. En el Parlamento Vasco descansan tres borradores. Uno del PNV, con un apoyo parcial del PSE y Podemos, otro de EH Bildu y un tercero del PP. Se trata de propuestas de estatuto que esta legislatura que termina no han avanzado y que esperan ser revitalizadas en el mandato que se iniciará tras el 21-A.