El PNV recogió ayer el primer pago a su acuerdo de investidura con Pedro Sánchez. La firma de tres nuevas competencias –ferrocarriles de cercanías, homologación de títulos universitarios extranjeros y acogida de personas migrantes- se ejecutó en el plazo acordado de tres meses. Con ellas, son 14 las materias que los Gobierno de Sánchez han transferido a Euskadi desde que accedió al poder. Ahora resta completar el resto del pacto, que conllevaría la transferencia de más de una veintena de competencias que aún siguen pendientes. Entre ellas destaca la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y que se augura como la más compleja y difícil.

Después de la firma de tres nuevas competencias cerrado ayer en presencia del ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres en la Comisión Mixta de Transferencias celebrado ayer, aún quedan otras 24 materias por ceder al País Vasco. El PNV trabaja ya en un borrador del que saldrá la propuesta con la que negociará el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social. Formalmente en el calendario suscrito entre el Gobierno vasco y el Central esta transferencia figuraba en el último lugar en el cronograma pactado. Sabedor de ello, el PNV lleva días trabajando en una propuesta que establece las condiciones en las que se debería formalizar el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social.

Se trata de una competencia polémica que suscita recelos en algunos partidos y que incluso desde el Gobierno Sánchez se ha reconocido en varias ocasiones que es difícil de abordar. En el listado de competencias incluso su denominación da muestra de ello. “Materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social” es el impreciso enunciado del compromiso adquirido.

Desde el PNV han reiterado en numerosas ocasiones que se trata de un derecho recogido en el Estatuto de Gernika y que en ningún caso supondrá una ruptura de la ‘caja única’ de la seguridad social sino una mera asunción de la gestión de la materia pero bajo el parámetro legal fijado para el conjunto del país. La transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, cuyo borrador el PNV ya prepara, no supondría un cambio normativo en Euskadi. Los nacionalistas siempre reiteran que la asunción de esta competencia en la práctica tan sólo conllevaría una suerte de ‘cambio de ventanilla' y de ‘membrete’ en la documentación pero que los cotizantes no percibirían cambios. El Estado continuaría fijando las normas, la legislación básica, y la Administración vasca tendría que aplicarla.

La 'caja única' de la Seguridad Social

En Sabin Etxea insisten en que la titularidad vasca del régimen económico de la Seguridad Social está recogida en el Estatuto vasco –artículo 18.2-. Afirman que esta transferencia no supone la ruptura de la ‘caja única’. Recuerdan que la disposición transitoria quinta del Estatuto vasco aclara que la cesión se hará respetando su “carácter unitario” y con respeto “al principio de solidaridad”.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, aseguraba recientemente que la negociación de esta transferencia se debe abordar cuanto antes por la complejidad de la misma. El acuerdo de investidura firmado por su partido establecía que el Gobierno Sánchez deberá haber completado el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika antes del ecuador de la legislatura. Desde el Grupo Parlamentario fijan el plazo en el entorno de noviembre del próximo año. Un compromiso que situaron además como “irrenunciable” y cuyo incumplimiento acarrearía la pérdida del apoyo al Gobierno Sánchez.

Para entonces se tendrían que haber cedido un total de 24 competencias más al País Vasco. Si de las 14 hasta ahora transferidas destaca la relativa a la gestión de prisiones, en la veintena larga de competencias pendientes destacan, además del régimen económico de la Seguridad Social, la cesión de los aeropuertos vascos y la gestión de los puertos. Precisamente ayer el candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales instó a seguir dando pasos hacia un mayor autogobierno en forma de más transferencias asumidas. Citó de modo singular abrir la negociación de los aeropuertos vascos, en particular el de Foronda, en Álava: “Araba lo merece y Euskadi lo necesita”, afirmó.

Para noviembre de 2025, según el compromiso asumido entre el PSOE y el PNV, el País Vasco tendrá que haber firmado otras muchas competencias relevantes. En la lista de 24 materias pendientes también figura ser la administración titular para la emisión de permisos de circulación y matriculación de vehículos, la gestión de servicios como Salvamento Marítimo, los Paradores de Turismo situados en Euskadi o la ordenación y gestión del litoral.   

Cercanías, acogida de migrantes y títulos

De las tres competencias cedidas ayer, la relativa a las Cercanías supondrá que a partir de ahora Euskadi asume la regulación, la planificación, la gestión, la coordinación y la inspección de los servicios transferidos, así como la potestad tarifaria sobre los mismos, los horarios y las frecuencias. La valoración económica de la transferencia se ha llevado a cabo utilizando la metodología del Concierto Económico, de modo que el importe a descontar en el Cupo ascendería a 92,7 millones de euros.

Con esta valoración económica será Euskadi quien compense a Renfe el déficit en el que incurra por la prestación de los servicios de cercanías, dado que se trata de servicios sujetos a obligaciones de servicio público. El acuerdo también incluye poner en marcha un plan de inversiones en infraestructuras de ADIF para afrontar las carencias y mejorar el estado de algunas infraestructuras que inciden en la prestación de servicios de cercanías. Se estiman unas 100 actuaciones por un valor aproximado de 400 millones de euros.

Respecto a la competencia de homologación de títulos, que entrará en vigor el 1 de julio próximo, Euskadi podrá homologar títulos o emitir declaraciones de equivalencia de títulos de educación superior obtenidos en el extranjero. Para poder solicitarlo habrá que estar empadronado en Euskadi. La homologación de un título supone que tendrán los mismos efectos que los títulos estatales de cara a habilitar para el ejercicio de la profesión titulada de que se trate. Por ejemplo, medicina, arquitectura o abogacía. Euskadi será la única comunidad autónoma que va a gestionar estas funciones.

Los Gobiernos vasco y español también han aprobado el traspaso de funciones y servicios en materia de asistencia social en la fase de autonomía de las personas que tienen reconocida la condición de beneficiarias de protección internacional y que han solicitado la inclusión en dicho sistema. Con esta transferencia la comunidad autónoma asume la gestión del proceso de la acogida de estas personas, a las que se les acompaña en la consolidación de conocimientos y habilidades que hagan efectiva su plena inclusión en la sociedad que les acoge.