Los "conseguidores de Jorge Juan": mascarillas, pelotazos y restaurantes de lujo

La compra de mascarillas ha destapado el modus operandi de todo un universo empresarial que se encarga de cobrar cuantiosas comisiones por poner de acuerdo a otros empresarios o a estos con la Administración. Son los llamados "intermediarios" y forman parte de un engranaje legal del mundo empresarial, pero que años después ha sido objeto de análisis por la Fiscalía y los tribunales y ha dado lugar a la reprobación pública por el momento en el que se lucaron durante la pandemia. En boca de quien fuera un alto cargo del Gobierno son los llamados "conseguidores de Jorge Juan".

De oeste a este del distrito de Salamanca, un barrio privilegiado de Madrid, se alarga la calle Jorge Juan que acaba por el sur en Serrano con una esquina donde la lujosa joyería Rabat establece su local. Además de tiendas de lujo, en esa vía se ubican algunos de los restaurantes más exclusivos de la capital y es allí donde muchas veces se dan cita estos "conseguidores", cuya supervivencia se basa en las relaciones sociales.

En las últimas semanas y tras la explosión del 'caso Kold0' han salido algunos nombres a la palestra como el caso de Víctor de Aldama a quien distintas fuentes de la investigación dan el título de "conseguidor" número uno. De Aldama tenía de todo: mediador para el rescate de Air Europa, contratado por Huawei, presidente del Club de Fútbol Zamora o cónsul honorífico de Georgia. Por tener, tenía hasta antecedentes penales por fabricar programas de ordenador para cometer estafas.

Sus relaciones iban mucho más allá de España. De sus viajes a México logró que el estado de Oaxaca patrocinara su equipo de fútbol y, fuentes que le conocen, señala su estrucho vínculo con Venezuela, tanto con el Gobierno bolivariano como con la oposición. De hecho, citadas fuentes confirman que el día que la vicepresidenta del país Delcy Rodríguez se bajó en el aeropuerto de Barajas a pesar de contar con la prohibición de pisar territorio Europeo, Aldama estuvo allí para hablar con ella. "La conocía de antes", explican.

La investigación que afecta al que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos, a Koldo García, apunta también a otro de estos "conseguidores" por excelencia: Juan Carlos Cueto. La Fiscalía Anticorrupción le confiere el papel de cerebro de la trama para quedarse con mordidas por la compra de mascarillas. Pero el entramado empresarial de esta familia va mucho más allá. Un antiguo socio que le conoció bien habla de una persona obsesionada con el dinero, que buscó establecer lazos con Angola o países con veto europeo como Irán y que se hizo un hueco en el mundo de los repuestos para material de defensa.

En las conversaciones del sumario, los empresarios revelan que tenían un "pase especial" al Ministerio de Transportes. Allí se mueve mucho dinero y extender los tentáculos entre los representantes públicos está en el libro del buen conseguidor. "Son un grupo de empresarios que consiguen de todo. Su agenda es su capital", revela una fuente que trabajó en este Ministerio. "Van donde va el dinero, conocen tanto al PP como al PSOE y sus negocios no son necesariamente con la Administración Pública", dicen.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también tiene a su alrededor a varios de estos intermediarios. Su hermano, Tomás Díaz Ayuso, se embolsó 234.000 euros por mediar en un contrato de la Consejería madrileña de Sanidad que fue adjudicado a dedo a la empresa Priviet Sportive S.L a cambio de 250.000 mascarillas. La empresa con la que cobraba el hermano de la presidenta pagó 540.000 euros por ese material sanitario a una compañía china para traerlas a España y después cobró 1,5 millones de euros a la Comunidad. El caso fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción y terminó archivado.

La pareja de la presidenta regional, Alberto González Amador, también hizo negocio con el Covid. Según la Agencia Tributaria, de los 2,33 millones de euros que facturó en 2020 la principal empresa a su nombre, 1,9 millones procedieron de una única operación. Fue un contrato por "intermediar" para la empresa española FCS en la compraventa de productos sanitarios como guantes y mascarillas, según reveló eldiario.es. Ahora la Fiscalía de Madrid lo acusa de dos delitos: uno de defraudación tributaria y otro de falsedad documental.

De Aldama pudo conseguir 5,5 millones de euros sólo de los contratos que le fueron adjudicados a su compañía Soluciones de Gestión S.L. por las diferentes administraciones durante la pandemia. Cueto llegó a lograr según la investigación 9,6 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción considera que de los 54 millones de euros que dos Ministerios y dos Comunidades Autónomas (Canarias y Baleares) pagaron a la empresa, sólo el 13% fue a parar verdaderamente al material sanitario. El resto, comisiones para los que pusieron de acuerdo a unos y a otros.

Las comisiones no son delito

Lo cierto es que cobrar comisiones por mediar entre dos empresas privadas o entre una empresa y una administración no es ilegal, recuerdan fuentes jurídicas. El libre mercado permite, además, que los márgenes sean los que cada cual quiera establecer.

Una comisión se vuelve ilegal, únicamente si se evaden las obligaciones fiscales, si se sustrae de Hacienda la cuantía que corresponde o parte de ella o si se utilizan arquitecturas fiscales para evitar pagar tantos impuestos como toquen. Además, también es un delito cobrar una comisión por mediar entre una empresa y una Administración si se distorsiona el proceso para elegir las empresas o si entra en juego el tráfico de influencias por el que el jefe dice al subordinado a qué empresa debe escoger.

Normalmente aquí entran las artimañas de compra de funcionarios (cohecho) que es lo que el Ministerio Público cree que ha ocurrido, por ejemplo, en el 'caso Mediador' con la "compra" del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo o, en este caso, con Koldo García, aunque está por definir su papel en la Administración Pública.

Durante la pandemia se levantaron todas las barreras de contratación porque la urgencia se sobreponía a la burocracia. Lo importante era encontrar mascarillas y material sanitario para combatir el virus y los trámites no podían demorarse meses entre la selección de las empresas, etc. Estas adjudicaciones a dedo son ahora el caldo de cultivo de pequeñas corruptelas o de corrupción con todas las letras.

El decreto del Estado de alarma flexibilizó cualquier traba y se permitió contratar de emergencia productos sanitarios sin límite de precios, ni acreditación de solvencia de las experiencias, etc. Esto multiplicó las ganancias de muchos de estos "conseguidores" que aprovecharon la coyuntura para beneficiarse. Algo que, de nuevo, no es ilegal, pero que visto con perspectiva ha provocado el enfado de muchos ciudadanos que ven cómo mientras las farmacias no vendían protección algunos "soñaban" con dar el pelotazo. "Pa la saca...", dijo literalmente el empresario Alberto Luceño cuando suministró material al Ayuntamiento de Madrid y se quedó con una comisión tan cuantiosa que la Fiscalía se ha aventurado a acusarlo también por estafa .

Tanto él como el hijo del duque de Feria y Naty Abascal, Luis Medina, se hicieron populares por la primera de las causas conocidas como 'caso mascarillas'. El Ministerio Público interpuso una querella por estafa, blanqueo y falsedad documental contra sendos "conseguidores" que intermediaron con el consistorio madrileño y se embolsaron 6 millones de euros entre los dos. El asunto fue muy vistoso porque Anticorrupción relataba cómo compraron Rolex de oro, coches y hasta un barco a cuenta de las comisiones en pandemia.

En el sumario, la responsable de las compras del Ayuntamiento llegó a proponer una condecoración para ellos: "Habría que dar varias medallas a Medina y Luceño. Han renunciado a comisiones". Nada más lejos de la realidad.

A pesar de los intentos de muchos de ellos por hacer ver que su móvil era totalmente altruista, lo cierto es que la pandemia escondió un oscuro negocio que cuatro años después ha terminado fiscalizado en los tribunales. El mismo Cueto le dijo al juez de la Audiencia Nacional el mes pasado que había querido "ayudar a los españoles". El hecho de estar procesado en otra causa por vender material policial a terceros países donde la Fiscalía le pide cerca de 55 años de prisión por varios delitos al comisionar 93 millones de euros (a través de una UTE con la empresa pública Defex), no lo ahuyentó de seguir haciendo negocios en la línea de la legalidad.

Transportes, un Ministerio jugoso

Quienes conocen bien a las figuras de la mediación cuentan que muchos se dejan ver por el Ministerio de Transportes. Esta cartera aúna el presupuesto más voluminoso del Gobierno y por eso concentra casos de corrupción en torno a adjudicaciones de constructoras, empresas ferroviarias, etc.

El juez del 'caso Koldo' cita dentro del sumario a otro "intermediario" que a juzgar por sus redes sociales también se codea con lo más alto del gremio. Jacobo Pombo, a quien El País apodó 'el Pequeño Nicolás' de las Nuevas Generaciones, muestra fotografías en su Tuiter con el Rey de España, Felipe VI, con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, o con el exministro José Luis Ábalos.

Todos estos "conseguidores" se conocen entre sí y comen en los mismos bares y restaurantes, cuentan citadas fuentes. Pero no todos andan por Jorge Juan. Estos chicos para todo también crecen al calor de las administraciones de otras comunidades autónomas. En Canarias, sin ir más lejos, la Fiscalía ha destapado otro pufo con mascarillas del propietario de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, quien ingresó a través de su empresa Tabaiba (sin actividad en los años previos de la pandemia) 9,1 millones de euros. Esto de la mediación, dicen algunos, es el trabajo más antiguo del mundo. Y también uno de los más rentables.