Sánchez visita Cuelgamuros y redobla su ofensiva contra las leyes de memoria de PP y Vox: las lleva a la ONU y la UE

Gobierno y PSOE ya dejaron claro a la vuelta de Semana Santa que no iban a dejar pasar por alto las leyes contra la memoria democrática de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Avanzaron que acudirían al Tribunal Constitucional, que batallarían hasta el final para revertir y frenar esos cambios. Pero ahora la Moncloa da un paso más en su ofensiva. Por su "gravedad", Ejecutivo eleva su ofensiva e irá a las principales instancias europeas e internacionales. En concreto, a Naciones Unidas, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. Pero además el propio Pedro Sánchez puso rostro a esa decisión: el presidente, a su vuelta de su viaje por Oriente Próximo, visitó por sorpresa el Valle de Cuelgamuros —antes, Valle de los Caídos— para conocer de primera mano los trabajos de exhumación de las 160 víctimas reclamadas por sus familiares.

Fuentes del Ejecutivo informaron este jueves de que, recurrirán al relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación y al relator de Ejecuciones Extrajudiciales para que evalúen la conformidad de estas normas con "las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos".

Además, la Moncloa impulsará el debate sobre estas leyes en el pleno del Parlamento Europeo a través del Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) y contactará con el Consejo de Europa para alertar de la "posible violación de varias disposiciones del convenio de derechos humanos". La actuación ante esta organización intergubernamental de la que forman parte 46 Estados se dirigirá en tres sentidos. Uno, se buscará un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar la ley de memoria ya derogada en Aragón y las de "concordia" presentadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, y que todavía tienen que tramitarse.

El Gobierno alertará fuera de España de la "posible violación de varias disposiciones del convenio de derechos humanos" y de la "gravedad" de la situación

Dos, se informará a la secretaría general del Consejo de Europa —que se encarga de la dirección y de la gestión estratégica de la organización— y al comisario de Derechos Humanos para "ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación". Y tres, se solicitará la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en España "ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox".

Aragón fue la primera comunidad de PP y Vox que llevó a término su decisión de liquidar la memoria democrática. El pasado 29 de febrero, el Boletín Oficial de Aragón publicó la derogación de la ley de memoria que había aprobado el Gobierno del socialista Javier Lambán en 2018. Derogación que respaldaron los tres partidos que comparten el actual Ejecutivo autonómico: PP, Vox y PAR.

El pasado 21 de marzo, siguió la Comunidad Valenciana. PP y Vox, que gobiernan en coalición, presentaron una proposición de ley llamada "de concordia" para reemplazar a la actual ley autonómica de memoria —impulsada en 2017 por el primer Botànic de Ximo Puig—, que pretende eliminar, según lo describió la extrema derecha, los "términos guerracivilistas". Apenas unos días después, el 26 de marzo, PP y Vox, socios del Ejecutivo de Castilla y León, presentaron allí una proposición de ley —también rotulada "de concordia"— semejante a la valenciana y que reemplazaría el vigente decreto autonómico de memoria histórica. Decreto que impulsó el anterior presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco. La norma de Castilla y León ni siquiera define el franquismo como "dictadura".

Con el ministro y el secretario de Estado

Pero no fue este el único gesto que hizo este jueves el Ejecutivo para visibilizar su cruzada contra los gobiernos de PP y Vox y para mostrar su apuesta por la memoria democrática. A primera hora, Sánchez visitó por sorpresa el Valle de Cuelgamuros para conocer de primera mano las tareas que se están llevando a cabo para la exhumación de 160 víctimas cuyos restos han sido reclamados por sus familiares y que se encuentran en las criptas de este inmueble adscrito a Patrimonio Nacional y cuya resignificación como futuro centro de reinterpretación memorialista plantea el Gobierno.

"La ley se va a cumplir y debemos saldar nuestra deuda pendiente con quienes dieron su vida luchando por la libertad y la democracia en España. Justicia, reparación y dignidad para todas las víctimas de la guerra y la dictadura", escribió el presidente en X al término de una visita que no se había anunciado previamente y de la que Moncloa informó unas horas más tarde, cerca de las 12.30.

Sánchez se desplazó a Cuelgamuros poco después de aterrizar en España tras su gira de tres días en Oriente Próximo. Y acudió junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Según informó la Moncloa en un comunicado, el presidente recorrió la nave central de la basílica y accedió después al laboratorio forense y, posteriormente, a las criptas o columbarios donde se encuentran los restos. Como recuerda la nota, en la labor de localización e identificación participa un equipo técnico compuesto por seis médicos forenses y una veintena de investigadores especialistas en historia, arqueología y genética.

El presidente visita el laboratorio forense y las criptas donde se encuentran los restos. En la identificación de las víctimas participa un equipo de seis médicos forenses y una veintena de investigadores

En el laboratorio, el equipo forense explicó al jefe del Ejecutivo el trabajo que desempeñan. Básicamente, se trata de la localización de las cajas rotuladas solicitadas que se encuentran en los columbarios, el estudio antropológico, odontológico y radiológico de los restos extraídos, la toma de muestras para el análisis de ADN, y la redacción de informes y toma de fotografías y vídeos del proceso. Una tarea, sigue el comunicado, que forma parte del plan específico de actuación en el Valle de Cuelgamuros fijado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El proyecto cuenta con la colaboración de la Universidad de Granada, la Universidad de Barcelona, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Ministerio de Justicia) y la Unidad de Policía Científica de la Policía Nacional.

En el interior de los columbarios, Sánchez pudo ver in situ los trabajos realizados, la disposición de las cajas con los restos en posición original, que están muy deterioradas, y las nuevas cajas, dado que se aprovecha la actuación para mejorar la ubicación de los restos. Las imágenes difundidas por el Ejecutivo son impactantes, porque nunca se habían mostrado así.

El mes pasado, durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, el ministro Torres informó de que hasta ese momento las labores de recuperación habían dado como resultado el hallazgo de la caja 198 y la exhumación de las 12 víctimas asesinadas en 1936 en Aldeaseca y Fuente de Sauz (Ávila). De ellas, 11 han sido identificadas genéticamente y se ha podido entregar sus restos a las familias.

Además, este martes el Consejo de Ministros analizó un informe sobre el desarrollo de la ley de memoria democrática y su incidencia en las comunidades autónomas, al tiempo que estudió las posibles acciones ante las propuestas de algunas de ellas gobernadas por el PP y Vox para derogar la regulación de memoria democrática.