Todo paso dado en la legislatura por el Gobierno y los socios de investidura deberá contar con el plácet de Carles Puigdemont. Es el planteamiento que el propio líder de facto de Junts trasladó a finales de septiembre públicamente, después de tumbar la toma en consideración para la regulación de alquileres temporales. Solo tres minutos antes de comprometerse el grupo a votar a favor. Y de ello son conscientes los socios del Gobierno, incluso EH Bildu, que este jueves celebraba el paso dado con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Un año después, tras la negativa de los socialistas y el encallamiento de la reforma de la ley mordaza, los abertzale han conseguido que el PSOE ceda y añada cuatro aspectos considerados clave para afrontar una derogación: acabar con las sanciones injustificadas en torno a las faltas de respeto o la desobediencia, las pelotas de goma empleadas por la policía, o las devoluciones en caliente [más información, aquí]. Se busca avanzar hacia una Ley Orgánica de la protección de las libertades y la seguridad ciudadana.
Al tratarse de una norma orgánica, requiere de mayoría absoluta, por lo que el voto de los neoconvergentes se antoja más que necesario. No vale a Sánchez y al resto de socios que se abstengan en base a querer mostrar cierto distanciamiento común. La afinidad se verá primero en la toma en consideración de la norma, para la que todavía no hay fecha, tampoco se maneja un calendario concreto de tiempos. Solo se espera, según fuentes parlamentarias asociadas al Ejecutivo, que el registro sea "en los próximos días". Si no se hacía durante este viernes, el mismo lunes será, avanzan. A partir de ahí se espera que la mesa lo califique rápido y se busque hueco cuando haya cupo. Los firmantes serán PSOE, Sumar y EH Bildu, aunque se deja abierto margen para que haya más hasta su presentación.
De cara a ese primer trámite, que puede llegar antes del congreso que Junts celebra a finales de octubre en Calella (Barcelona), hay pocas dudas de que los de Puigdemont puedan rechazar la proposición de ley. Más cuando, vía comunicado, los de Miriam Nogueras en el Congreso admitieron este jueves estar alineados: "Siempre hemos defendido la derogación de esta ley. No nos hemos movido de donde estábamos". El problema será una vez se pase la ponencia y el texto llegue a la Comisión de Interior. Allí Junts presentará sus enmiendas. "Nosotros no hacemos adhesiones como el resto de socios, negociamos", añadieron en ese mensaje los de Nogueras. El nivel de exigencias que se hagan, harán o no que el PSOE se eche a atrás o asuma el coste. De fondo, no hay que olvidar que se está negociando la senda de estabilidad con Nogueras para sacar los nuevos Presupuestos, otro frente muy complicado.
Desde EH Bildu rechazan hacer cábalas sobre el posicionamiento definitivo de la derecha independentista catalana. Pero fuentes de la formación consideran que hay buena receptividad con todos los grupos que votaron a favor ya de la reforma de la ley el año pasado. No creen que sea bueno para Junts votar sin más en contra o sin un argumento sostenible. Además, ven favorable que el titular del partido en la comisión parlamentaria sea la misma persona con quien se negoció anteriormente, Josep Pagés y Massó. Ahora bien, son muy conscientes de que el Junts de entonces no es el de este momento, con la amnistía vigente pero no aplicada a figuras como Puigdemont o con la necesidad de replanteamiento con el PSC al frente de la Generalitat. Otras fuentes asociadas del Gobierno en el Congreso apuntan, igualmente, al condicionamiento que tiene la asamblea política de Junts.
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Respecto a la valoración de por qué llega ahora la voluntad del PSOE a aceptar las demandas tumbadas en marzo de 2023, los abertzale desconocen si esto es un guiño de Sánchez tras quejarse en las últimas sesiones plenarias de que solo está pendiente de los neoconvergentes. "Llega tras más de seis meses negociando, y sin parar de hablar de este tema. No creemos que haya ningún motivo, ni que tanga que ver con los Presupuestos", explican. Fuentes del Ejecutivo, pese a que lo propuesto es lo mismo que éste rechazaba hace un año, afirman que en la forma Bildu ha modulado su posición. Desde Sumar, partido que cohabita dentro del Gobierno, lo contradicen, asumiendo que "es evidente que quien se ha movido es el PSOE".
Pese a la euforia trasladada públicamente por el acuerdo, caso del propio EH Bildu, de Sumar y de ERC —por comunicado—, las valoraciones privadas se inclinan más a lo que ya venía adelantando el Gobierno, en palabras de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero: "Aún queda negociar con los grupos. Veremos cuál es la mejor manera de impulsar la tramitación, si es que hay consenso para poder hacerla". Ahora mismo, son 166 votos a favor [de 176 necesarios] con PSOE, Sumar, EH Bildu, ERC, PNV y BNG. "Nos preocupa Junts", sí confirman claramente fuentes parlamentarias magentas. Más incluso que Podemos, que se muestra muy crítico. "El ambiente parlamentario es bueno, pero aquí nadie se compromete a nada. Les suena bien, pero quien decide es quien decide", el visto bueno "lo dará o no Waterloo [donde reside Puigdemont tras su huida de la justicia]", trasladan esas mismas fuentes. "Sería increíble que ahora dijesen que no", adelantan pese a todo.
Ley limitada y aviso a Podemos
El diputado y portavoz de Interior en el Congreso, Enrique Santiago, puso en valor la capacidad de EH Bildu para sellar fisuras entre grupos con visiones diferentes y "dudas" hasta el momento. Para lo principal: "La recuperación de derechos y libertades públicas". "Agradecemos el esfuerzo de todos" que "ha permitido cerrar" el acuerdo. Pero fuentes nacionales lamentan que la redacción no sea más clara. Sobre todo, en lo que respecta a las devoluciones en caliente. En concreto, el texto propuesto como "disposición adicional" no se incluiría en esta nueva norma, sino en la Ley de Extranjería. Lo que dificulta aún más su aprobación. La reforma de Extranjería está siendo el principal quebradero de cabeza del Gobierno con PP y Coalición Canaria para lograr cambiar el artículo 35 de la misma y forzar reubicaciones de menores extranjeros no acompañados. Se descarta un movimiento, al menos, hasta entonces. Y habrá que ver la posición de Junts en ese aspecto, muy tensionado con la inmigración. Aunque en el texto se establece un plazo de 6 meses desde la aprobación de la nueva ley de seguridad.
"Se podría haber ejecutado mejor, sí, pero lo que se ha acordado está muy medido" para que haya voluntad común para sacar el texto adelante, recalcan desde Sumar. Dejan abierta la posibilidad de corregir cualquier cuestión técnica. Lo más importante para Sumar, que venía reclamando una modificación ambiciosa más allá de la del artículo 36 que incluyó el Gobierno en su Plan de Acción por la Democracia, en lo relativo a las grabaciones y el uso de imágenes de agentes, es el cese de la utilización de las pelotas de goma. Algo que se hará progresivamente. Aunque no se suprimen las balas de foam, de espuma, menos lesivas con todo. Tanto por el tema fronterizo como la no inclusión del foam, Podemos considera que no es una derogación al uso.
A contracorriente de otros partidos próximos como el BNG o ERC. "Nos alegramos mucho y lo hacemos nuestro. Son reivindicaciones fundamentales que ERC ha defendido durante muchos años, y hoy celebramos que se logren", manifestaba Gabriel Rufián, el portavoz parlamentario republicano.
En Sumar entienden que este rechazo es algo adulterado, pirotecnia para diferenciarse de ellos. "Si bien no es el modelo que más nos gusta, es muy bueno para el equilibrio de fuerzas que tenemos actualmente. Podemos sabrá lo que hacen", dicen fuentes del partido apuntando su apoyo el año pasado. Los cuatro votos clave son fundamentales junto a los de Junts. No es decisivo el de José Luis Ábalos, exdiputado socialista presente junto a los morados en el Grupo Mixto.
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