El acta firmada por el letrado del Tribunal Supremo el día que dos agentes de la Guardia Civil entraron en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habla de "total colaboración", pero el juez Ángel Hurtado mira más allá de la actitud de ese día y sostiene sin dar pie a equívoco que el jefe del Ministerio Público ha hecho desaparecer pruebas por el borrado de su teléfono móvil.

"Se hace constar previo a la conclusión de este acta por la fuerza actuante que durante todas las horas y desde el inicio de la práctica de la diligencia se ha contado con total colaboración tanto del Sr. fiscal general del Estado, D. Álvaro García Ortiz, como de todo el equipo personal de la Fiscalía General", reza el escrito al que ha tenido acceso El Independiente.

Este acta deja ver que el registro en el que los agentes estuvieron desde primera hora de la mañana hasta casi le media noche sucedió en un ambiente cordial y así quiso reflejarlo también la defensa de García Ortiz, ejercida por los servicios jurídicos gubernamentales. "El Sr. Abogado del Estado agradece el trato dispensado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la práctica de la diligencia", añade el citado documento.

Sin embargo, el juez Hurtado dejó reflejado este martes con claridad cuál era su teoría sobre el borrado del móvil que el fiscal general realizó dos veces el pasado 16 de octubre, cuando se abrió causa en el alto tribunal contra él por un delito de revelación de secretos por haber filtrado presuntamente información sobre el caso contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. "Es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas", dictó.

Lo cierto es que Hurtado contestaba en ese auto a una petición de García Ortiz que considera sus derechos vulnerados por los anexos que se han filtrado de los informes de la UCO sobre el volcado de su teléfono móvil. El instructor podía haber contestado a ese escrito sin más, sin embargo, decidió incluir algunas frases que dejan cristalino cuál es su visión de algunos hechos y anticipan, por tanto, que el jefe del Ministerio Público puede ser procesado, así no se recuperen los mensajes de su terminal.

Hurtado apunta que si bien "carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar", tampoco se puede ignorar este hecho que puede tener "incidencia en el desarrollo de una instrucción penal".

"En el caso de la presente instrucción, es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles, y, aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo, de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024, cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre", agregó.