El Ministerio de Juventud e Infancia no recabó de la Comunidad de Madrid aclaraciones sobre los menores inmigrantes que acoge a pesar de cuestionar los datos ofrecidos a finales del pasado mes de marzo. Entonces, la titular de este departamento, Sira Rego, afirmó que el cálculo de la Puerta del Sol era una "cifra general", sin detalle, y no acorde con la información que se había solicitado a las Comunidades autónomas para estimar la futura ubicación de los cerca de 4.400 chavales que se hacinan en Canarias y Ceuta.

Tras estas críticas, el Ministerio anunció que recabaría de Madrid una información más ajustada antes de la votación del decreto de reforma de la ley de Extranjería, el pasado jueves 10, pero dicha solicitud no se formalizó y la Comunidad de Madrid mantiene el dato de 2.442 menores atendidos, una cifra superior a la de Cataluña, de 2.242, justo doscientos menos. A juicio del Ejecutivo, la diferencia ente ambas cifras, cerradas a 31 de diciembre de 2024, reside en que Madrid suma a todos los menores que atendió el año pasado y Cataluña sólo a los que tenía acogidos hasta el momento de recabar los datos.

El Ministerio de Rego ubicará a los menores conforme a su base de datos

Entonces será Rego quien, conforme a la base de datos de su Ministerio, determine cuántos menores deben atender Madrid y Aragón, también gobernada por el PP. Cabe recordar que la Comunidad presidida por Jorge Azcón se negó, por su parte, a ofrecer esas cifras y presentó un recurso contencioso-administrativo con la petición de suspensión cautelar. Pero eso no impedirá que la ministra acuda a la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia convocada para el lunes 28 con el mapa completo de los menores a reubicar. Un reparto obligatorio tras la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería, terminada de acordar entre Moncloa y Junts.

La ministra de Izquierda Unida va a encontrarse con unos consejeros autonómicos en pie de guerra. Todos los del PP, que no son pocos, dado que tiene el gobierno de 11 Comunidades, pero no sólo. También el socialista Emiliano García Page está estudiando recurrir ante el Tribunal Constitucional, algo que ya han materializado otros territorios como Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Baleares y Cantabria.

En general inciden en la invasión de competencias; acusan a Moncloa del establecimiento de criterios subjetivos y arbitrarios sólo para dar satisfacción a Junts y asegurarse Pedro Sánchez el apoyo de los siete diputados de la derecha independentista y, además, que están ya por encima de su capacidad de acogida. El Ejecutivo ha comprometido 100 millones de euros en ayudas, pero el texto legal no recoge ningún tipo de compromiso económico por parte de la Administración central para el resto de los años.

Page también se suma al frente anti-reubicación

Page, por su parte, ha calificado la actitud del Gobierno de "atropello absolutamente lamentable" y, coincidiendo con las críticas del PP, defiende que "el problema no son los menores no acompañados; el problema es la masa de migración que viene, que nadie sabe ni cómo pararla ni dónde va a acabar", según afirmó el pasado lunes en Zaragoza en un acto organizado por El Heraldo de Aragón.  

El Gobierno no ha dado pistas respecto a cómo se distribuirán esos niños y adolescentes, pero los números lanzados por Junts en cuanto se conoció que apoyaría la reforma de la ley de Extranjería -tras tirarla abajo junto a PP y Vox el 23 de julio del año pasado-, encendieron todas las luces de alarma. La reubicación, dijeron a través se un comunicado, tendría en cuenta "el esfuerzo hecho por Cataluña durante los últimos años" y eso se traducía que en Madrid tendrá que acoger a 700 menores y Cataluña entre 20 y 30 en el plazo de un año.

Reunión de la Conferencia sectorial

Lo más paradójico es que no será Junts la que se siente el día 28 en la Conferencia Sectorial, sino la consejera catalana del PSC de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, quien, en muy buena medida, será objeto del discurso crítico del resto de los consejeros en caso de confirmarse que Cataluña apenas recibirá a más menores. De hecho, territorios como la Comunidad Valenciana se niegan aceptar un niño más, conforme el acuerdo presupuestario que Carlos Mazón alcanzó con Vox.

Aún queda por delante un largo periplo hasta arrancar el traslado efectivo de esos menores desde las islas y desde Ceuta. Quizá el presidente de esta ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, sea el único barón autonómico del PP satisfecho con la reforma de la ley de Extranjería por establecer mecanismos automáticos de reparto de menores, de modo que no dependa de la voluntad del resto de las comunidades. En todo caso dicho reparto no será ni, mucho menos, inmediato. Se calcula que las primeras reubicaciones comenzarán en verano, justo cuando más se incrementa la llegada de cayucos y pateras por las buenas condiciones climatológicas. Significa que el actual número de 4.400 menores seguirá incrementándose.