El Gobierno respiraba tranquilo al inicio del debate parlamentario este jueves en el Congreso de los Diputados, aunque trasmitía un mensaje de prudencia. La abstención anunciada el lunes por Podemos al decreto de medidas para hacer frente a la amenaza arancelaria de la Administración Trump desde EEUU a la UE, de un 20%, dejaba encarrilada la convalidación del texto en el límite, esta jornada, del mes que da de plazo la Constitución para la tarea. Con Junts el acuerdo se fraguó a principios de abril, asegurando los posconvergentes que las empresas catalanas recibirían el 25% de las ayudas. El Ejecutivo lo desmintió, lo atribuyó a estimaciones hechas por los de Carles Puigdemont.

A excepción de la abstención de Podemos, todos los socios de legislatura avalaron la norma: 176 votos a favor de PSOE, Sumar, EH Bildu, ERC, Junts, PNV, UPN —se sumó desde la derecha— y Coalición Canaria; 4 abstenciones de los morados, y 169 votos en contra de PP y Vox.

Con el PP el Gobierno mantuvo distintos contactos desde principios de abril. El comunicado de Junts friccionó las relaciones, que apuntaban a un nuevo posible pacto de Estado, que se sumaría al de reforma del artículo 49 de la Constitución y al acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las explicaciones del Ejecutivo, desmintiendo ese 25%, calmaron las aguas y permitieron continuar los trabajos. Tras dos reuniones en el Ministerio de Economía entre el equipo del ministro Carlos Cuerpo y el de Génova, liderado por el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, no se pudo llegar a buen puerto.

El PP presentó un plan propio donde otorgaba especial relevancia a extender la vida de las nucleares, suprimir o dejar a cero el impuesto de generación eléctrica, o crear un fondo nacional de apoyo a los sectores. Calificaban de escaso el contenido del decreto, de hecho, basado en créditos y avales, ha venido insistiendo el propio Bravo. El Gobierno, comprometido con un sistema renovable en su totalidad —el PP aboga por un mix— se negó. Tras denunciar inmovilismo, pese a las "buenas palabras" de Cuerpo, Génova rompió las negociaciones el pasado martes 29 de abril, tras el apagón. Un hecho a lo que se agarraron los conservadores para reforzar sus exigencias.

Fuentes parlamentarias del PP se quejan que Economía no ha querido "firmar nada". "Nos deberían haber dado algo para una abstención, así no se puede. Es imposible entender que no vean nada bueno de nuestra propuesta", aseguran esas fuentes, en referencia al documento remitido al Gobierno donde se contemplan las nucleares, el fondo, pero también ayudas directas a empresas, la elaboración de un plan de competitividad industrial con bajada de cotizaciones sociales a las empresas afectadas e incentivos, lo la simplificación y reducción de trabas administrativas y burocráticas. También el PP exigía la incorporación de las autonomías en la reasignación de los fondos europeos, el rediseño del Plan Moves III o del detalle de los avales y los créditos.

Bravo calificó de parche de mínimos insuficiente e incapaz el plan del Gobierno contra los aranceles. El Gobierno cree que es ambicioso

El Plan del Gobierno presentado el 8 de abril y materializado en el real decreto ley 4/2025 y para el que se destinan 7.400 millones de euros nuevos más otros 6.700 ya existentes, por ejemplo, de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en un total de 14.100 euros, se compone principalmente de dos líneas de avales y financiación intermedia a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Un segundo paraguas, en definitiva, que busca equilibrio con las medidas que puedan desplegarse desde la UE. Los populares, según fuentes parlamentarias, reprochan que las ayudas no sean directas y que los receptores que no puedan trasladar sus flujos comerciales a otros mercados alternativos, acabarán viéndose afectados. Eso, creen, puede suponer cierres o reducciones de plantilla si la producción acaba siendo menor.

El plan del Gobierno incluye un Fondo de apoyo a la inversión industrial productiva de 200 millones de euros para dar préstamos y participación en capital para modernizar o instalar nuevas plantas productivas. Se ejecutará un nuevo Plan Moves dotado de 400 millones de euros como "estímulo al sector del automóvil". Frente a la crítica de los populares, en materia laboral, el Gobierno usará el Mecanismo Red previsto por la última reforma laboral, para el mantenimiento de las plantillas. El modelo es imitar los ERTE durante la pandemia.

Aprovechar la crisis para mejorar la estructura del país

El argumento utilizado por el Ejecutivo fue el de aprovechar la crisis abierta por Trump —con suspensión de esos nuevos aranceles hasta julio— para modernizar la estructura productiva del país. Pero, especialmente, para paliar el golpe que reciben sectores clave de comercio con EEUU como el del vino, el aceite o la automoción. En eso insistió Cuerpo durante su defensa del decreto. Tachó el plan como "ambicioso" a corto y largo plazo. Agradeció posteriormente la disposición de acuerdo, algo que menos con Vox y con el PP, fue valorado también por la parte contraria. Se le agradeció "la cordialidad" trasmitida. Cristina Valido, de Coalición Canaria, reprochó que este modelo no sea ejercitado por otros ministros, sin aludir a nadie en concreto.

Durante su turno de réplica, Bravo calificó el decreto como todo lo contrario a un plan. Es "un parche de mínimos insuficiente e incapaz", afirmó el titular económico del PP. Resumió la negociación como una falta de autoridad del ministro frente al "muro" impuesto por Sánchez para asumir ninguna propuesta.

Junts insiste en ese 25%

Si este miércoles la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, precisó que en cada negociación que se abra con el Gobierno, a cambio de sus votos Cataluña tiene que sacar tajada del 20% de lo que se discuta, el diputado Josep María Cruxet insistió en que las condiciones de Junts para dar su aprobación al decreto es que se garantice un cuarto de los instrumentos previstos de ayudas a la región para las empresas catalanas.

Además, como han explicado posteriormente fuentes de El Independiente, a cambio de esos votos hay un compromiso de comparecencia trimestral de Cuerpo en el Congreso. También reuniones mensuales bilaterales. Este miércoles, en la previa a la votación, se celebró la primera. "Junts cumple si se negocia con rigurosidad", apreció Cruxet. Desde Vox, Jacobo Robatto puso en valor los contactos del partido con la Administración Trump. Aseguró que Abascal, en su última visita a Washington le trasladó el descontento y la preocupación por los aranceles. Robatto, ante el plan del Gobierno, irónicamente, dijo que "seguro que Trump está llorando y acojonado".

Cuerpo, como cierre, agradeció la disposición de la mayoría de partidos. "Es muy difícil de entender y de explicar que en este contexto no se quiera ayudar a las empresas", trasladó. Algo que ignoraron en Vox y que el PP reprueba porque "con estas medidas no se ayuda realmente".