La jueza Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la gestión de la DANA, ha citado a declarar como testigos a 16 alcaldes. Entre ellos figura la alcaldesa de la ciudad de Valencia, la popular María José Catalá.

Así consta en un auto notificado este jueves de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, al que ha tenido acceso El Independiente. Además, ha acordado llamar a los primeros ediles de Riba-roja, Cullera, Torrent, Massanassa, Benetússer, Alfafar, Picanya, Cheste, l'Alcúdia, Guadassuar, Sot de Chera, Aldaia y Quart de Poblet. También ha citado a las que fueran alcaldesas de Requena y Chiva en el momento de la dana, que perdieron posteriormente la alcaldía tras prosperar sendas mociones de censura en sus municipios.

Asimismo, ha acordado la citación de un funcionario de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana y como perito, dada su formación como meteoróloga, de la Jefa del Departamento de Meteorología en À Punt, Victoria Rosselló. La magistrada también tiene aportado como documental el mensaje transcrito que fue enviado a la población el 20 de octubre de 1982, día de la pantanada de Tous que afectó a la cuenca del Júcar por la rotura de la presa.

No imputa al presidente de la CHJ

La jueza también ha ratificado en su nuevo auto la decisión de no investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y a tres cargos de Emergencias de la Generalitat Esta resolución se produce un día después de hacerse pública la comparecencia ante la jueza de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quien aseguró que Polo no le trasladó por la mañana en ningún momento que había riesgo de desbordamiento del río Magro.

Ruiz Tobarra considera que la atribución de un resultado mortal de tal gravedad por un total de 228 fallecidos "no puede sustentarse exclusivamente en la integración de la estructura administrativa autonómica" por lo que respecta a los tres responsables de Emergencias. En cuanto al presidente de la Confederación, señala que la ausencia de información sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo que se le atribuye "resulta desmentida por la remisión de correos del SAIH, así como por la posibilidad de acceso al mismo".

Por otro lado, alude a la declaración testifical que prestó un técnico esta semana y que "confirma" que "en todo momento hubo un control de la decisión de mandar la alerta a la población por parte de la investigada Salomé Pradas, que la decisión sólo podía llevarse a cabo si la misma contaba con la autorización de quien era consellera". Este técnico también manifestó, según recoge, que los miembros del Cecopi no estaban aislados del mundo exterior, que manejaban teléfonos, que entraban y salían de la sala, que se comunicaban con otras autoridades, que se decidió dejar fuera de la reunión del Cecopi a otros miembros con unas razones todavía no explicables, justificado en la "absurda" expresión de trabajo exclusivamente presencial.

"Absurda porque es incompatible quejarse de la falta de información y decisión por otras personas y al mismo tiempo excluir de la reunión a quien supuestamente había de proporcionarla y decidir por uno mismo", apostilla. Todo ello, a su juicio, "convierte en más grosera la negligencia atribuible a quienes ostentan la condición de investigados, oscilando entre un desconocimiento difícilmente justificable respecto de las posibles decisiones a adoptar por la consellera, o las herramientas a utilizar como el sistema ES Alert".