Para rearmarse, el PP de Alberto Núñez Feijóo asume riesgos. El partido lleva prolongando el debate ideológico, de ideas, desde el último congreso ordinario de 2017. Ni si quiera se ha avanzado en ello desde el nombramiento del presidente popular en abril de 2022. Pero ahora, el gallego abre paso a una puesta a punto en todos los aspectos para el ciclo que cree que viene en un nuevo congreso el 6 y 7 de julio. De autonómicas como las de Castilla y León y Andalucía, pero, especialmente, ante una posibilidad de que éstas coincidan con elecciones generales por adelanto. Y eso supone poner encima de la mesa debates espinosos como la eutanasia, la gestación subrogada o el aborto, debate que quizá genera más diferencias internas.

Sobre la mesa están ya los dos dirigentes que coordinarán el camino hacia ese cónclave. El secretario general del PP de Madrid y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, será quien presida los trabajos de la comisión organizadora. A su lado, como vicepresidenta estará la diputada por Melilla, Sofía Acebo. Falta saber el nombre de la persona que será la encargada de elaborar la ponencia política, el documento base que se presentará y debatirá en la primera jornada del congreso. Se quiere a un peso pesado. Ahí se fijará una posición sobre esos temas complicados, morales, que el partido ha querido sortear en lo posible para no generar diferencias. "Desde el partido se indica que el trabajo será independiente. "El Congreso establecerá ponentes y el trabajo lo harán ellos, no la dirección nacional. El resultado estará sometido a enmiendas", especifican desde Génova.

Se prevé que la postura sobre el aborto, entre otros temas, vaya en la línea de lo ya manifestado por las principales voces de la dirección nacional, por Feijóo, que en los primeros meses de gestión tuvo que afrontar el asunto al salir la sentencia del Tribunal Constitucional respaldando la ley del PSOE tras el recurso del PP de Mariano Rajoy en 2010. Será una línea más moderada. Pero fuentes afines a ese sector temen que el ala más conservadora y católica del partido busque abrir el debate para afianzar una posición más tajante y dura vía enmiendas. Otras lo dan por hecho. Para dar un giro por convicción, pero también en la competencia con Vox en lo moral.

Fuentes de la dirección nacional del PP afirman que el asunto no debe centrar el transcurso de un congreso que debe servir para diseñar la estrategia frente al Gobierno de Sánchez. Creen que hay asuntos que requieren mayor atención, más claves, y no ven apropiado que se abran estas cuestiones, aunque saben que el congreso otorga ese derecho a los representantes que así lo requieran. "Eso no depende de la dirección, depende de quien quiera presentar enmiendas", apunta un barón autonómico que deja la puerta a que el asunto generará división. "Ya veremos", se limitan a valorar.

Del lado más moderado están el propio Feijóo, sus afines, o el presidente del PP andaluz —y de la Junta de Andalucía—. El líder popular afrontó como pudo la cuestión tras la sentencia del recurso, pero también meses antes con la polémica en Castilla y León, al abogar Vox por obligar a los profesionales a ofrecer escuchar el latido fetal o informar de las alternativas al aborto a las mujeres que así se lo planteasen. En una vía intermedia se ubica Ayuso, que se posiciona en contra del aborto pero cree que debe ser legal para aquellas mujeres que deseen recurrir a él. Apoya que se fomenten alternativas para promover la natalidad y ayudar a aquellas mujeres cuyo principal impedimento sea el económico.

En el lado opuesto se ubican figuras como Esperanza Aguirre y el sector clásico, más aznarista, que cuestionó a Rajoy durante sus mandatos por centrarse más en la gestión económica desatendiendo el armazón ideológico del partido. Son los que buscan la ilegalización salvo en casos excepcionales como el peligro para la vida de la madre o tras una violación. por violación o por existencia de un grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer. Creen que apostar por que sea un derecho, va contra el derecho de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

Entre los más críticos se puede mencionar a Javier Puente. Es exsenador y actualmente es uno de los altos cargos del Gobierno de Cantabria. Preside la fundación Familia y Dignidad Humana, provida, que a la vez se integra en la Red Política de Valores. Ésta entidad es muy próxima a los socios internacionales ultraconservadores de Vox, como el chileno José Antonio Kast o los húngaros de Viktor Orbán, entre otros. En diciembre de 2024 la entidad protagonizó una cumbre antiabortista en el Senado, permitida por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.

Representantes de ese sector duro abandonaron el partido tras no producirse un debate profundo de los temas más morales dentro de la formación en el congreso de 2017

Puente, que había sido diputado también, tras el último congreso de 2017, escribió en su blog personal que abandonaba el partido después de que "las enmiendas sobre defensa de la vida o sobre los vientres de alquiler no se dejaron votar". "No me siento cómodo ante el cambio ideológico del partido, y por eso he decidido darme de baja", apuntó. Dos años después, Casado lo recuperó para las listas del Senado. Su vuelta fue una estrategia diseñada desde Génova enmarcada en una operación para recuperar a los diferentes perfiles, no necesariamente alineados con el criterio nacional, para así intentar ampliar fronteras y abrirse en voto frente a los de Santiago Abascal.

Ahondar en posiciones superficiales

Ese sector más conservador del PP quiere que a diferencia de 2017 el debate sea más amplio en esos términos ideológicos. En la ponencia política de ese año, las apreciaciones sobre el aborto son escuetas. Se tilda simplemente de "fracaso". "No es un derecho sino un fracaso", una descripción que fue ampliamente respaldada pero que generó críticas del sector más duro, los que quieren y persiguen una reforma de la actual ley. En esta nueva etapa del partido, las dos principales posiciones se han ido gestando en torno a Feijóo y Ayuso.

En febrero de 2023, tras la polémica con Vox en Castilla y León, Feijóo apuntó que el aborto es un derecho recogido en la ley, pero no es "fundamental", porque no está contemplado en la Declaración de Derechos Humanos, para contentar a los más críticos. Actualizaba así la posición del partido, después de que previamente figuras de su dirección, como Borja Sémper, negasen que fuese un derecho haciendo mención a lo escrito en la ponencia de 2017.

Feijóo reafirmó su respaldo a la ley de plazos —que permite la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas— a finales de junio de ese mismo año, cuando el TC avaló en su sentencia la ley del aborto, que permite a menores de 16 y 17 años abortar sin consentimiento paterno. Dio espaldarazo a "la libertad de las mujeres y el derecho a decidir" para ello. Ante este asunto, Feijóo rechazó la omisión de los padres en el caso de las menores [algo sostenido desde al menos su elección]. "El resto de las cuestiones no son cuestiones mollares para el PP", dijo el popular, enmendando oficialmente la posición del PP trece años antes.

En lo que respecta a Ayuso, desde 2022 ha sufrido un ligero viraje sobre la concepción del aborto. En septiembre de ese año, nada más tomar los mandos Feijóo, Ayuso se posicionó a favor del aborto de menores de 16 y 17 años sin consentimiento de los padres. En contraste con la idea de Feijóo, pero también con la línea de su partido. Precisamente el Gobierno de Rajoy prohibió abortos sin consentimiento paterno en menores. Precisaba su respuesta en una entrevista en Onda Cero. Dejaba constancia de que "una mujer tiene que abortar si tiene claro que no quiere salir adelante con ello. No puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que desea". "Lo que sí creo es que hay que fomentar que no se llegue a ello", apuntó Ayuso, que abogaba por no concebir el aborto como un anticonceptivo más. Sí apostaba por informar a los padres pese a defender la no necesidad de contar con su permiso para un aborto en el caso de menores.

Sin embargo, meses después, en enero, cuando Feijóo defendía sus posiciones, Ayuso cambió de postura. "No nos ponemos en la piel de los que no llegan a nacer", apreció, indicando que se el tema y el procedimiento se aborda con frialdad. "No nos ponemos en la piel de los médicos" que lo practican, añadió. Antes de convertirse en presidenta de la Comunidad de Madrid hablaba del aborto como "apología de la muerte". En 2022 dejaba libertad de elección. Y en 2023 lamentaba que no había nada que celebrar ante la cultura del aborto en un país con problemas de natalidad. Deseaba que se limitara en lo posible a casos concretos, que no fuese el primer recurso, y que se propusiesen ayudas para fomentar la natalidad.

Ayuso ha virado ligeramente sus posiciones sobre el aborto. Feijóo respalda la ley de plazos, pero no que sea haga sin autorización paterna en el caso de menores

En 2024 Ayuso insistió en esa posición, entre la promoción de la cultura de la vida y la coexistencia con una legislación que permita el aborto para quien lo reclame. La mantiene en 2025. En una entrevista en El Debate a finales de abril, Ayuso precisó: "El aborto no puede ser un derecho, porque los derechos están para protegerse y ampliarse. Eso conllevaría una serie de obligaciones como que los médicos fuesen contra su propio código deontológico, que es prolongar la vida. Fomentarlo va contra la vida, la salud y el sistema sanitario. Pienso que es acabar con la vida de un ser humano. No estoy de acuerdo con el aborto. Ahora bien, no veo el castigarlo. Siempre he defendido que debe ser legal, seguro pero muy poco frecuente. Hay que trabajar para que no lo sea".

Eutanasia y gestación subrogada

Sobre la mesa también está el debate sobre la eutanasia y la gestación subrogada. La legislación actual fue rechazada por el PP en el Congreso en 2021. El recurso del PP al Constitucional sobre la ley de eutanasia fracasó hace dos años, además. Feijóo, por ahora ha profundizado poro en el asunto. De cara a las últimas elecciones dijo que pedirá una vez llegue al Gobierno informes al Comité de Bioética y tras ello tomará una decisión. Aunque sí anticipó "ajustes". En el programa electoral de 2023 respaldó el incremento y el apoyo a los cuidados paliativos. Se espera que los más conservadores busquen incidir más en una posición clara, de total oposición y compromiso para retirar la ley una ve en el poder. No solo retocarla. En 2017, la ponencia política no incluyó posición alguna.

Sobre los vientres de alquiler tampoco se fijó postura. Sí el compromiso para emprender "un debate en profundidad, serio y sereno" en el que se escuchen "a los expertos tanto de ámbitos científicos, jurídico y ético". La posición de los más católicos es la de la propia Iglesia, de prohibición. En España no es legal.