El edificio del consulado español en la ciudad argenrtina de Mendoza amenaza ruina. Un oficio interno fechado en febrero ordenó la “paralización inmediata” de las actividades por riesgo de colapso estructural. Pero el eco de ese aviso no se queda en los muros de una oficina diplomática. Es solo la grieta más visible de una red consular que, según advierte la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), se desmorona tras décadas de abandono presupuestario y ceguera institucional.

En un informe publicado este lunes tras haber sido previamente al ministro José Manuel Albares y su equipo, la ADE denuncia que “la red consular española está al borde del colapso”. La asociación describe embajadas sin recursos, consulados superados por el volumen de trabajo y ciudadanos varados en el extranjero ante una administración desbordada e inoperante. "Como resultado de esta infradotación sistemática, la red consular se encuentra en un estado lamentable, con una falta aguda de personal y de medios materiales que afecta gravemente a la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, pese al meritorio esfuerzo de todos los empleados públicos de la red por mantener en todo lo posible el nivel de los servicios", subraya el documento.

Personal escaso, expedientes eternos

Mientras los españoles residentes en el exterior han pasado de 900.000 a más de 3 millones en dos décadas, las plantillas consulares siguen congeladas desde hace dos décadas. El recurso a personal temporal alcanza en algunos casos al 50%. "En nuestros mayores consulados la tasa de temporalidad llega a superar en algunos casos el 50%, frente al objetivo del 8% para la Administración General del Estado (AGE) en su conjunto", desliza el informe. Y en los servicios centrales del Ministerio, un tercio de los puestos estaba vacantes a fecha de 2023.

El texto cita como ejemplo el Consulado General de La Habana tardó más de una década en resolver 192.000 solicitudes de nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica. Buenos Aires, el mayor consulado del mundo, afronta ahora unas 600.000 nuevas solicitudes tras la Ley de Memoria Democrática. Con los medios actuales, su tramitación se alargaría durante varias décadas.

"La deficiente calidad del servicio ofrecido por muchas de nuestras oficinas consulares se deteriorará aún más en los próximos años, cuando se hayan tramitado todas las solicitudes de nacionalidad derivadas de la Ley de Memoria Democrática, que pueden situar el número de españoles registrados en nuestras oficinas consulares en cuatro millones", pronostican.

Oficinas en estado decadente

Más allá de las cifras, el informe dibuja una red diplomática marcada por la decadencia de sus propios inmuebles. La situación en Mendoza no es un caso aislado, sino la norma no escrita de muchos consulados de América Latina, Asia y África. "El mal estado de muchos de los edificios que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene en el extranjero no es algo nuevo, ni el del Consulado General en Mendoza es un caso aislado. Un estudio realizado por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores en 2019 puso de manifiesto los graves problemas de infraestructura existentes -ya en aquel momento- en la red consular: 28 oficinas consulares se encontraban al límite de su capacidad física y no podían incorporar refuerzos por falta de espacio para acoger personal adicional; 68 oficinas presentaban problemas de accesibilidad en la entrada del edificio, 53 en el área de atención al público y 76 en el resto de instalaciones; 10 oficinas carecían de sistemas de detección de incendios y 14 de sistemas de protección contra incendios; y al menos 17 edificios no presentaban un buen estado de conservación".

Según esta evaluación, "varias oficinas consulares y embajadas incumplen la normativa española de seguridad e higiene en el trabajo, carecen de la protección necesaria en países muy inseguros y no están preparadas para contingencias como los terremotos en países de alto riesgo sísmico". “El deterioro de los edificios entraña un serio riesgo para quienes trabajan en ellos y para el público que los visita”, alerta la ADE.

Propuestas de inversión

"La solución más fácil y lógica –y la menos gravosa para las arcas públicas- es que un porcentaje a determinar (en función de la evaluación económica que se haga del esfuerzo inversor necesario) de los cuantiosos ingresos generados por nuestra red consular (unos 120 millones de euros en 2019) reviertan al ministerio para el mantenimiento y mejora de dicha red", propone el informe.

Otros países como Italia o Reino Unido reinvierten parte de esas tasas en mantener su red exterior, explica el documento. La propuesta es permitir que un porcentaje –a definir– de esa recaudación vuelva al propio Ministerio de Exteriores para modernizar infraestructuras y reforzar plantillas. Algo que, insisten, no requiere una reforma legal, solo voluntad política.

Subir tasas, crear nuevas o abrir consulados

El informe va más allá: plantea subir las tasas consulares, entre las más bajas de Europa. Frente a los 30 euros que cuesta un pasaporte español, Italia cobra 116 euros; Estados Unidos, 185 dólares. También sugiere crear nuevas tasas, como hacen Francia o Portugal para inscripciones de nacimiento o salvoconductos. O aplicar la reciprocidad en países con tasas más altas para ciudadanos españoles.

Otra vía es abrir nuevos consulados en países con alta demanda de visados turísticos. Según sus cálculos, cada 100.000 visados emitidos reportan 9 millones de euros a las arcas públicas. "Para tener una idea del potencial de recaudación adicional que conllevaría el aumento de la capacidad de tramitación de visados (sea reforzando consulados existentes o creando nuevas oficinas consulares), baste decir que por cada 100.000 nuevos visados Schengen de turismo el erario público ingresa (sin tener en cuenta eventuales deducciones) 9.000.000 euros suplementarios", desliza.

El reloj en contra

El informe recalca, además, un nuevo desafío: el reciente anuncio de que los españoles que se encuentren en el exterior podrán solicitar que se les expida el DNI en las embajadas y consulados en los que la Dirección General de la Policía cuente con los recursos técnicos y humanos necesarios para su expedición. "Es preciso subrayar la dimensión del desafío (en breve habrá cuatro millones potenciales de solicitantes de DNI) para una red consular maltrecha que no consigue prestar satisfactoriamente los
servicios que está obligada a ofrecer a día de hoy. Para prestar este nuevo servicio serán necesarios considerables medios humanos y materiales adicionales y cabe recordar en este sentido que países como Portugal tienen tasas específicas para la expedición de tarjetas de identidad en el extranjero", agrega.

Aunque el departamento que dirige el socialista José Manuel Albares ha iniciado un proceso de digitalización, la ADE advierte que no es la solución mágica. No solo requiere personal capacitado, sino que tiende a aumentar la demanda de servicios. Además, la digitalización no arregla los problemas estructurales de los inmuebles ni suple la falta de funcionarios.