La opa del BBVA sobre Sabadell ha quedado definitivamente en manos del Gobierno. En el plazo de treinta días naturales, el Consejo de Ministros tendrá que emitir su veredicto final que marcará el rumbo de la operación de adquisición de la entidad catalana por parte del banco vasco. Entre los argumentos en los que se apoya el ministro para dictar la Orden mediante la que se lleva la operación a una siguiente fase de análisis se encuentra la "cohesión territorial". Un argumento de marcado carácter político que ya citó el propio Pedro Sánchez como un aspecto a analizar en el proceso de fusión y que ha sido esgrimido por los directivos del Sabadell en distintas ocasiones.

La orden del ministr también basa su decisión en otros aspectos relacionados con el potencial impacto de la operación como "la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial" o la "promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos". Ambos están expresamente contemplados por la ley de Defensa de la Competencia como motivos de interés general que pueden usarse para introducir condiciones adicionales a las ya fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El Gobierno no alude a otros aspectos que sí recoge la norma como "la defensa y seguridad nacional; la protección de la seguridad o salud públicas; libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional; o la protección del medio ambiente". El ministro cita además otros aspectos adicionales que tampoco contiene el listado como la repercusión de la opa en "la protección de los trabajadores" o en "los objetivos de política social".

Informes de cinco ministerios

De momento, cinco ministerios del área económica tendrán que remitir a Economía un informe detallado con las implicaciones y posibles repercusiones de la operación sobre sus ámbitos de competencia. Serán los de Industria, Seguridad Social, Transición Ecológica, Derechos Sociales y Trabajo. Todos ellos pidieron elevar la opa al Consejo de Ministros tras la ronda de consultas que adelantó El Independiente.

Del lado de Sumar, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha pedido paralizar directamente la opa. El Gobierno, en esta fase, solo puede complicarla poniendo condiciones adicionales a las fijadas por Competencia que hagan inviable la operación y lleven al BBVA a renunciar a la misma. Si la opa sigue adelante y triunfa, el ministro de Economía sí tiene la potestad de vetar la eventual fusión. Aunque el banco vasco puede no solicitarla.

La operación fue aprobada por unanimidad y sin votos particulares por parte de la autoridad que preside Cani Fernández. Eso sí, quedó supeditada a una serie de compromisos que se alcanzaron tras meses de intercambios de propuestas con el BBVA. La ley contempla que, durante el mes de análisis por parte del Consejo de Ministros, el Gobierno podría solicitar un informe adicional a la CNMC. Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por El Independiente no se pronuncian de momento sobre ello.

De momento, Cuerpo puede apoyarse también en las conclusiones de la consulta pública abierta durante una semana. En un procedimiento inédito para decidir sobre este tipo de operaciones corporativas, Economía abrió la puerta a particulares, organizaciones patronales y sindicatos a que hicieran sus aportaciones sobre los potenciales efectos de la opa. Economía defiende que es un proceso para recabar información cualitativa que, en ningún caso, tiene carácter vinculante.

"BBVA reafirma que la operación es buena para el interés general de Cataluña, España y Europa. Además, BBVA ha asumido unos compromisos sin precedentes en el sector financiero español que hacen que la operación sea todavía mejor para familias, autónomos, pymes y empresas", enfatizaron desde la entidad vasca tras conocer la decisión de Cuerpo.

Tras el veredicto positivo de la CNMC, la compañía aseguró que los remedies pactados ya solventaban las dudas expresadas por la Administración precisamente sobre aspectos como la cohesión territorial. También sobre la inclusión financiera, el crédito a pymes y autónomos y la competencia, especialmente en los territorios en los que le entidad resultante de la fusión tendría mayor presencia, como Cataluña.

Desde la entidad que preside Josep Oliu recuerdan que "muchas organizaciones han mostrado un interés genuino en las consecuencias de esta operación". Además, defienden que mantendrán su rumbo a la espera de lo que decida el Gobierno. "Banco Sabadell sigue centrado en maximizar la creación de valor. Tenemos un proyecto de futuro sólido y creíble, con presencia en mercados estables, y estamos plenamente convencidos de que nuestra estrategia en solitario generará una mayor remuneración al accionista de forma sostenible, y permitirá a nuestros clientes tener una mejor calidad de servicio", concluyen desde el banco vallesano.