En su línea ya habitual, el grupo plurinacional de Sumar se ha limitado a pedir explicaciones al ala socialista del Gobierno de coalición después de que Marruecos denegara la llegada de la “Marcha por la libertad de los presos políticos saharauis”, que el pasado sábado partió de Tarifa con destino a Tánger. Bajo vigilancia ya desde suelo español por parte de agentes de paisano marroquíes, el régimen alauí impidió que desembarcaran y les retuvieron en el interior de un ferry.

La activista francesa Claude Mangin-Asfari, esposa del preso político saharaui Naâma Asfari, se reunió este miércoles en el Congreso de los Diputados con una representación de Sumar en la que figuraba el coordinador de Izquierda Unida Antonio Maíllo.

Maíllo, que rehusó responder a las preguntas de El Independiente, les trasladó el apoyo de su partido. "Transmitimos nuestro apoyo absoluto a la causa saharaui desde la deuda que tenemos en España como antigua metrópolis y queremos transmitir el apoyo absoluto a la lucha que lleváis de defensa de los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes”, deslizó. En paralelo, una responsable de prensa de Sumar en el Congreso expulsó a este periodista de la reunión sin proporcionar justificación. Al encuentro sí asistieron otros reporteros. Asimismo, el equipo de Sumar canceló sobre la marcha las declaraciones previstas a los medios antes del inicio de la reunión.

“Queremos deciros claramente porque nos preocupa que en el actual escenario internacional, que la causa saharaui esté siendo ocultada por otras barbaridades que se están cometiendo, como el genocidio de la población palestina”,apuntó Maíllo. Hace unas semanas Izquierda Unida, integrante de la plataforma que lidera la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, amagó con abandonar el Ejecutivo de coalición en mitad de las informaciones que confirmaban que los ministerios de Interior y Defensa seguía firmando contratos de compra de material de las empresas armamentísticas israelíes.

Un ejercicio de presión que no se concibe en el caso saharaui y las relaciones cada vez más estrechas del Gobierno de Pedro Sánchez tras el histórico cambio de posición en el conflicto de la ex provincia española, ocupada por Marruecos, firmado en 2022. En el pacto de gobierno hace dos años, Sumar aceptó renunciar a incluir la defensa de la causa saharaui mientras se mencionaba la palestina, en un gesto que activistas saharauis han denunciado como una incoherencia y un doble rasero.

Sumar se dirige por escrito a Albares

Maíllo reafirmó el compromiso de IU en “la defensa de la causa saharaui y el derecho a la autodeterminación y el cumplimiento del mandato de Naciones Unidas”. A principios de esta semana, Sumar presentó una nueva ronda de preguntas por escrito al ministerio de Exteriores pidiendo explicaciones.  “¿Qué información posee el Gobierno sobre la negativa de Marruecos a permitir la entrada de la Marcha por la Libertad de los Presos Políticos Saharauis en su territorio el pasado 31 de mayo? ¿Qué medidas diplomáticas ha adoptado o tiene previsto adoptar el Gobierno español para abordar esta situación, considerando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su responsabilidad histórica en el Sáhara Occidental?”, detalla el escrito.

Sumar, que dispone de otros cauces para elevar el asunto internamente, también pregunta al ala socialista -sobre la que recae la política exterior- si ha presentado “alguna protesta formal ante las autoridades marroquíes por la expulsión de ciudadanos españoles y la obstrucción a iniciativas pacíficas en defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental” y “qué acciones está llevando a cabo el Gobierno para garantizar el respeto al derecho internacional humanitario, especialmente en relación con el trato a los presos políticos saharauis y la libertad de expresión en los territorios ocupados”.

“¿Qué medidas está tomando el Gobierno para proteger a los ciudadanos españoles y activistas que participan en iniciativas de solidaridad con el pueblo saharaui, ante las reiteradas expulsiones y restricciones impuestas por Marruecos?”, apunta el texto. Al menos 17 españoles, entre ellos un periodista de El Independiente, han sido expulsados o se les ha denegado el acceso a los territorios ocupados del Sáhara Occidental en lo que va de año. El departamento de Albares suele contestar evadiendo cualquier respuesta y señalando vagamente “su compromiso con los derechos humanos”.

Piden al Gobierno que abandone "la postura ambigua"

En un comunicado, el intergrupo parlamentario por el Sáhara, al que el PSOE no acude desde hace tiempo, pide al Gobierno español que condene la expulsión de esta delegación internacional por parte de Marruecos. Recuerda que la marcha, de carácter pacífico y plenamente legítimo, pretendía denunciar la situación de los presos saharauis encarcelados tras juicios irregulares y por ejercer su derecho a la protesta y a la defensa del derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental.

Desde el Intergrupo se subraya que esta expulsión no es un hecho aislado, sino parte de “un patrón sistemático de represión y de bloqueo informativo que Marruecos aplica contra observadores, activistas, representantes institucionales y medios internacionales que intentan documentar la situación en el Sáhara Occidental”. Delegaciones parlamentarias españolas también han sido impedidas en años recientes de acceder a los territorios ocupados, lo que representa un grave obstáculo al seguimiento institucional de los derechos humanos y un intento por parte del régimen marroquí de evitar el escrutinio internacional.

Ante estos hechos, el Intergrupo Parlamentario por el Sáhara expresa su solidaridad con Claude Mangin-Asfari y con todas las personas expulsadas por su compromiso con los derechos humanos. Reafirma su apoyo a los presos políticos saharauis y a quienes defienden la causa saharaui desde una perspectiva de legalidad internacional y justicia social y condena la represión sistemática de Marruecos contra activistas, periodistas, representantes públicos y familiares de personas presas por motivos políticos.

En este contexto, el Intergrupo exige al gobierno de coalición español que condene públicamente la expulsión de la delegación internacional y denuncie ante la comunidad internacional la reiterada negativa del Reino de Marruecos a permitir el acceso de representantes institucionales españoles a los territorios ocupados. Asimismo, reclama que el Ejecutivo español “abandone cualquier postura ambigua y adopte una posición firme, coherente con los principios del Derecho Internacional y con el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro”. También insta al Gobierno a impulsar, tanto en el marco de las Naciones Unidas como de la Unión Europea, “una solución política justa, duradera y respetuosa con los derechos fundamentales del pueblo saharaui”.