Hay velocidades distintas entre Madrid y las comunidades autónomas; entre la esfera nacional de los partidos a la derecha del tablero y sus aparatos regionales —provinciales en el caso de Vox, que rechaza el sistema autonómico—. Mientras populares y ultraconservadores elevan el tonto con distintas declaraciones entre sus cúpulas de Génova y Bambú, en apenas una semana se han desbloqueado dos acuerdos presupuestarios: el de Baleares el viernes pasado y el de la Región de Murcia hace apenas unas horas. De los frentes posibles de consenso, solo quedan por delante Extremadura y Aragón. Castilla y León, con elecciones a la vuelta de la esquina, con límite en febrero de 2026 y con la posibilidad de adelanto, queda descartado. Más cuando los partidos castellano y leoneses han ahondado en la discordia desde que se optó por la ruptura generalizada de gobiernos de coalición entre PP y Vox en julio de 2024.

Precisamente esa fractura, a cuenta de las diferencias en cuanto a la inmigración irregular y por el deseo del PP de cumplir con un compromiso pendiente y abrirse a la acogida de 400 menores migrantes no acompañados ese mes, después de dos pendiente, llevó a Vox a tensionar con Génova. Elevaron el coste de cada acuerdo. Desde Bambú, la sede nacional de Vox, se precisó que, desde entonces en adelante, cada acuerdo que quisiese el PP se negociaría punto por punto. Los de Santiago Abascal lamentaron la situación, incluso, asumiendo esas dos velocidades: la de unos barones que estaban de acuerdo con las exigencias de Vox en inmigración, y una dirección nacional que les impedía cumplir con esos compromisos. Ese era el retrato de Bambú.

Desde el tercer cuatrimestre de 2024 la tensión nacional hizo inviable acuerdos autonómicos. Cuestiones como la ley de Concordia en Extremadura o el tema lingüístico en Baleares tumbaron la posibilidad de consensos al final del año. La falta de entendimiento y de acercamiento se extendió en el resto de territorios. Ya a finales de año, la DANA en Valencia aproximó un acuerdo que acabó por materializarse dada la excepcionalidad. Pero ahora, además de asumir esos compromisos migratorios, Vox instaba a más. A alejarse de Bruselas y de sus pactos allí y a nivel nacional con el PSOE. Pero, sobre todo, a rechazar medidas contra el cambio climático, caso del Pacto Verde Europeo. Los de Abascal han conseguido que Mazón primero, luego Fernando López Miras —sin que se materializara el pacto— y por último Marga Prohens, se acojan a todo mientras Génova empieza a coquetear con esos aspectos.

Seis meses de espera

Las conversaciones entre partidos, a nivel regional, han sido desiguales, con vacíos seguidos de encuentros entre equipos. En el caso de Baleares, se produjeron incluso cuando Bambú decretó la suspensión de diálogo con el PP en diciembre. Tras las prórrogas obligadas en todos los territorios, y la ruptura de las mismas en las distintas regiones, estas han ido restructurándose. En Aragón lo ven complicado desde el propio PP, sobre todo por las fechas en las que ya nos adentramos. En el caso de Baleares, por ejemplo, se tendrá que habilitar el Parlament dado que el periodo de sesiones está a punto de concluir. Mismo camino le espera a Murcia. El aragonés puede ser, con todo, el último enclave de acuerdo si se aceleran los plazos. Hay disposición pero el PP denuncia que Vox quiere ir soltando poco a poco y condicionar los tiempos. Desde Vox, en cambio, no se ven las reivindicaciones asumidas.

Además de Castilla y León, se aproxima Extremadura a ese escenario complicado. La presidenta del PP extremeño y de la región, María Guardiola, presentó el borrador y se le tumbó como en Baleares a finales de 2024. Pero más allá del proyecto, la desconfianza ya es total entre partidos. Incluso desde Vox le exigieron presentarse a una moción de confianza que, sin lugar a dudas, perdería con los votos en contra de toda la oposición, incluido PSOE, Podemos y Vox.

Los barones del PP han asumido el marco migratorio y respecto al Pacto Verde que le exigen en Vox para los acuerdos. Baleares, Valencia y Murcia han dado el paso

En un momento en el que Génova busca endurecer su discurso en la línea de algunos socios europeos, que compran tesis de los partidos nacionalpopulistas más alineados con el europeísmo, caso de Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, las baronías se permiten adoptar un rol más combativo. Especialmente en esas materias de inmigración o de respaldo al sector primario y la industria frente a legislaciones europeas que abogan por reducir la contaminación pero que dejan ante un dilema a los productores. Precisamente ese posicionamiento migratorio quedó patente en Prohens el día que anunció el pacto, pero también quedó en las primeras declaraciones de López Miras al comunicar el encuentro en "el diálogo" con José Ángel Antelo, presidente de Vox Murcia.

Alertó López Miras de "lo que está perjudicando el Pacto Verde Europeo a nuestro sector primario y al tejido productivo en general". "No puede ser que nuestros agricultores, ganaderos y pescadores estén compitiendo en condiciones de desigualdad" con terceros países. "No puede ser que la excesiva normativa que están poniendo, muchas veces sin sentido, desde Europa haga que la cesta de la compra se encarezca", ejemplificó el mandatario en la línea de Vox.

Clave para el desbloqueo, además, ha sido la inclusión del PP en el pacto del cierre del centro de menores migrantes de Santa Cruz para convertirlo en una residencia de mayores, trasladó Vox. "Exigiremos el cumplimiento sin matices y sin excusas".

Génova y Bambú, al choque por la oposición a Sánchez

Hay dos claves a tener en cuenta que dificultan los pactos nacionales frente a los regionales: los barones del PP no compiten directamente contra Sánchez, como sí se hace desde Madrid, por la proximidad o dentro del propio juego electoral nacional, ni tampoco los PP autonómicos pueden romper los pactos con el PSOE tanto desde el Congreso como en Bruselas, como exige Vox. Por eso, asumiendo el marco migratorio y climático, la puerta se les despeja. Génova lo entiende y da libertad a los suyos a cambio de estabilidad presupuestaria.

Sí reprochan los de Abascal que este viernes, con todo, los presidentes regionales vayan a reunirse con Sánchez en la Conferencia de Presidentes de Barcelona, en el Palau de Pedralbes, para luego marchar el domingo contra él en la movilización impulsada en Madrid. Vox lo ve "incoherente" y acusan al PP nacional de hacer doble juego, de no aclararse y de hacer participar a los españoles en una "ceremonia de la confusión", en la que se denuncia a Sánchez a la vez que se negocian medidas y acuerdos con él. Desde una posición alejada de lo institucional, Vox tira del PP para que adopte su discurso de rechazo, lo que arrebataría el componente de moderación, de apertura a pactos que den estabilidad y de respeto a la institucionalidad, independientemente de quien esté al frente. En Génova, de hecho, creen que eso "los españoles lo entienden" y no genera confusión.

En la última semana Bambú se agarra a esa dualidad para atacar a los populares. Lo hizo por último este jueves, a través de un mensaje en vídeo, el vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga. "A una mafia se la combate", lanzó al PP.

Tanto en el partido como en satélites afines de la sociedad civil hay resquemor por la convocatoria del PP de Feijóo a manifestarse este domingo 8 de junio a las once de la mañana contra el Gobierno, en Plaza España. Con cuestiones como la aparente corrupción que rodea al Ejecutivo, al PSOE y al presidente, así como las últimas novedades en torno al caso Leire, como objetos de movilización. Creen que el PP, por mucho que la haga "abierta y sin siglas", la convoca con objetivos partidistas, y no de dar una alternativa social conjunta contra Sánchez. "Podría haberse hecho de otra manera, con consenso previo antes de anunciarla", afirman fuentes próximas a los de Abascal que participarán en la protesta con todo.

En el PP, al contrario, defienden precisamente la ausencia que habrá de simbología del partido y lamentan que los dirigentes de Vox no quiera sumarse mientras sí lo harán, dicen, sus militantes, así como algunos votantes desencantados con Sánchez. Lo cierto es que meses atrás, aunque había participación popular, a Génova le ha costado tomar la iniciativa para convocar marchas en defensa de la Constitución o el Estado de derecho. Algo que capitalizó Vox a conciencia, sin apenas otras vías de oposición con repercusión al haber perdido la posibilidad de hacer mociones de censura o de recurrir leyes al Tribunal Constitucional. Ahora el PP entiende que para llegar fortalecido a las próximas elecciones generales, debe asumir todos los roles de oposición.

Fuentes del partido niegan que vayan mirando por el retrovisor a Abascal y confían en que pueden estructurar una alternativa sólida y en solitario. Trasladan que cualquier gesto va en beneficio del propio partido, pero especialmente atendiendo a lo que reclama la ciudadanía. ¿Pacto con Vox para un próximo Gobierno? ¿Otra alternativa? ¿Se analizará en el congreso del PP? Los populares solo prefieren centrarse en ellos mismos sin atender a presiones. "Una vez respondan las urnas, se vera", contestan. Mientras Vox denuncia ese dualismo y reclama una moción de censura, Feijóo la rechaza porque faltan los números pero se abre a presentarla si PNV o Junts así lo deciden. "La moción, será en la calle y luego en esas urnas". añaden desde el PP.