El auto del juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado con el que ha enviado por primera vez al banquillo a un fiscal general del Estado es especialmente duro con la situación en la que Álvaro García Ortiz deja la institución. El instructor ha estado más de un año investigándole por revelación de secretos por la filtración de un correo del abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

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El juez cree que "cabe presumir" que Ortiz se hizo con la información sobre el pacto entre la Fiscalía y el letrado en una causa donde se investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que luego lo envió a un medio de comunicación. Para ello, necesitó la ayuda de Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid. Ella también está investigada.

En el auto, Hurtado carga contra la situación en la que Ortiz, que se niega a dejar el cargo, deja al Ministerio Público. "La filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado".

Publicación en medios

El 13 de marzo de 2024, a las 21:29, El Mundo publicó que la Fiscalía ofrecía un pacto a González Amador para resolver su causa, en la que se le investiga por dos presuntos delitos contra Hacienda. A partir de ahí, se produjo un "frenético intercambio de comunicaciones" entre varios fiscales. El objetivo, asegura el juez era "ganar el relato", ya que el citado periódico no publicó la información completa ni correcta.

El Mundo publicó un correo del 12 de marzo, pero la realidad es que el abogado reconoció los hechos anteriormente, en otro email del 2 de febrero. García Ortiz pidió mensajes intercambiados entre la defensa y la Fiscalía, hasta que se hizo con el mensaje en el que era el empresario el que reconocía los delitos y buscaba pactar.

Según el relato del juez, el objetivo era "acabar facilitándolo a un medio, como la cadena SER, para que le diera publicidad". Es decir, no se investigaba la publicación de la cabecera de Unidad Editorial, ya que se habría producido con el visto bueno del novio de Ayuso. La clave estaba en el primer mail, el del 2 de febrero, que no contaba con la aprobación del acusado.

Esa parte de la historia, que El Mundo ya lo había publicado, ha sido la principal defensa de García Ortiz, siempre después de asegurar que él no había participado en la filtración a la emisora de radio.

Por otro lado, al día siguiente de la primera publicación, la Fiscalía emitió una nota de prensa en la que relataba cómo se habían producido las comunicaciones. Ahí también se destacó el email del 2 de febrero en el que el novio de Ayuso buscaba pactar. "La confidencialidad y reserva a que tenía derecho Alberto González Amador sobre el concreto contenido del correo de 2 de febrero de 2024, solo se vio quebrada cuando alguien ajeno a él y sin su autorización filtró su contenido, pues, como se viene diciendo, una cosa era la divulgación consentida del correo de 12 de marzo de 2024, que no supone quiebra alguna sobre la confidencialidad que caracteriza el delito de revelación se secretos, y otra completamente distinta la filtración del contenido de los datos personales de un ciudadano, que no lo autoriza, y su posterior continuación en la nota del día 14".

Piden su dimisión

La Asociación de Fiscales, mayoritaria entre los miembros del Ministerio Público, ha reiterado este lunes la necesidad de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dimita porque "su permanencia en el cargo como encausado compromete la integridad de la Institución que representa".

En una nota hecha pública tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo de procesar a García Ortiz, la asociación muestra su pleno respeto a la presunción de inocencia, pero señala que la continuidad del fiscal general en estas circunstancias "deteriora gravemente la imagen profesional de todos los integrantes de la carrera fiscal". La portavoz de la AF, Cristina Dexeus, considera "insostenible" que siga en el cargo, lo que a su juicio supone "una causa absoluta de sonrojo y vergüenza" para la institución.

Dexeus advirtió del daño reputacional que supone que, bajo su punto de vista, no haya dimitido tras su imputación y ahora se enfrente a juicio. También ha subrayado la paradoja de que el fiscal general tenga que suspender a su subordinada mientras él puede seguir al frente del Ministerio Público sin consecuencias inmediatas, al no estar prevista esta situación en el Estatuto Fiscal.

Desde la la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han ido por líneas similares. Su portavoz, Miguel Pallarés, instó a García Ortiz a hacer "un ejercicio de responsabilidad" y presentar su dimisión. Recordó que su asociación ya pidió su cese cuando fue imputado, y que sólo se personaron en la causa porque él decidió mantenerse en el cargo. Ahora, con el auto del Supremo, consideran que su permanencia compromete la imagen y la neutralidad del Ministerio Fiscal.