Los rostros lo decían todo. Caras descompuestas, demudadas, sin poder ocultar la profunda consternación, hasta el dolor. Tristeza. Incertidumbre. Pavor. Los diputados socialistas no podían ocultar este jueves su honda preocupación por el demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su todavía secretario de Organización, Santos Cerdán. A la salida del pleno, evitaban detenerse para hablar con los periodistas, se refugiaban en el silencio. El dosier policial, de 490 páginas preñadas de "consistentes indicios" contra el número tres del partido, hundió por completo los ánimos en el Grupo Socialista.

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Cerdán sí habló ante la prensa cuando abandonó el hemiciclo. Tan solo para adelantar que sí declarará voluntariamente ante el magistrado instructor del caso Koldo en el Supremo el próximo 25 de junio. Y para apuntar que no había leído aún el informe de la UCO, pese a que las cámaras le captaron viéndolo desde su escaño con el móvil.

Ahora, todas las miradas recaen el propio presidente. Y todos en el partido le miran a él. "La reacción será contundente, estoy segura", ilustra una integrante de la dirección federal. Pedro Sánchez no acudió al pleno en el Congreso este jueves, ni para seguir el debate —el informe del Defensor del Pueblo y el rechazo de las enmiendas de totalidad de PP y Vox al proyecto de ley de reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal— ni para la votación posterior. El ala socialista del Ejecutivo estaba únicamente representada por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Y ninguno quiso comentar nada. La ministra de Hacienda, a su llegada al hemiciclo, se remitió simplemente a las declaraciones que se esperan que haga Cerdán. Pero su rostro, demudado, ya daba buena muestra de las horas difíciles que viven los socialistas. Quizá las más complicadas y decisivas de una legislatura agónica.

La preocupación y el absoluto shock ya estaban instalados en el Gobierno y en el partido desde que anoche varios medios de comunicación adelantaron la existencia de unas grabaciones intervenidas por la UCO que apuntaban al presunto cobro de comisiones irregulares por parte de Cerdán, y que se traslucía en conversaciones mantenidas con el exministro José Luis Ábalos —y su antecesor en la Secretaría de Organización del PSOE— y su exasesor Koldo García. El número tres negó haber cometido "ilegalidades", pero apenas minutos después el Supremo informó en un comunicado de que el magistrado instructor del caso, Leopoldo Puente, le ofrecía declarar voluntariamente el próximo 25 de junio dados los "consistentes indicios" que pesan sobre él. El instructor cree que podía haber cometido sendos delitos de integración en organización criminal y cohecho.

Durante toda la mañana fueron goteando las noticias del informe de la UCO, que le atribuye la gestión de 620.000 euros en "contraprestaciones" de una constructora o que muestra cómo pidió a Koldo amañar las primarias de 2014, en las que Sánchez se enfrentó (y ganó) a Edu Madina y a José Antonio Pérez Tapias.

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