Gobierno central y Generalitat sellaron este lunes el acuerdo que sienta las bases del nuevo modelo de financiación "singular" para Cataluña, "generalizable" al resto de comunidades autónomas, y que prevé que el Govern acabe recaudando todos los impuestos y transfiera una parte al Estado y contribuya con otra cantidad a la solidaridad con otros territorios. Pero en ese pacto no hay ni plazos ni cifras. No los hay porque no están definidos aún. Ni tampoco está claro siquiera el itinerario de aprobación por Congreso y Senado, que se presenta muy cuesta arriba.

El acuerdo se cerró en la comisión bilateral Estado-Generalitat, reunida en el Palau bajo la batuta del ministro Ángel Víctor Torres y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y habla también de respeto al principio de ordinalidad, pero de nuevo sin mayores concreciones. Lo hace para recordar que la aportación que Cataluña haga al Estado y su contribución a la "solidaridad" con otras CCAA debe ser "calculada, de manera transparente, con criterios objetivos" y es "condición necesaria que su aplicación no desvirtúe el principio de ordinalidad en el resultado final". Es decir, que Cataluña, cuando el sistema esté funcionando—si es que se aprueba—, no pierda posiciones en la recepción de recursos una vez hecha su aportación a la solidaridad con el resto de España.

Gobierno y Generalitat alumbraron un acuerdo, por tanto, de seis páginas que recoge lo que hace un año consensuaron PSC y ERC para permitir la investidura de Salvador Illa como president. Pero persiste la duda de si podrá salir adelante, por la complejidad técnica —el despliegue se prevé paulatino— y, sobre todo, por la dificultad de trenzar los apoyos parlamentarios necesarios. Junts, socio imprescindible, consideró "muy decepcionante" el acuerdo y advirtió de que no hay "ningún motivo" para que lo pueda avalar cuando llegue al Congreso. Y, mientras, persiste el rechazo en una parte del PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pidió que no se les tome "por tontos" y deploró que se hable por primera vez "en serio" de financiación para "pagar favores, chantajes". En cualquier caso, la discusión en el conjunto del país sobre el nuevo modelo no se hará hasta más adelante: Torres anunció que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se hará tras el verano, después de haberse sentado la "arquitectura" de la financiación singular catalana este lunes.

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