El conocido como caso Montoro estuvo bajo secreto de sumario siete largos años en un juzgado de Tarragona. La complejidad de la causa ha provocado la participación de dos cuerpos policiales y de distintas instituciones del Estado. La dilación en la práctica de diligencias llevó a la Fiscalía a pedir que se diese acceso a las partes en septiembre de 2024. Pero, sin que cambiase nada, solicitó la prórroga del secreto cuatro meses después, en enero de este año.

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En la causa se investiga si distintas empresas, especialmente gasísticas, contrataron y pagaron al lobby Equipo Económico (EE) para influir en la redacción de leyes que les beneficiasen. La clave está en que el despacho fue fundado en 2006 por el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro cuando salió del Gobierno de José María Aznar. Dos años después asegura que se desligó del mismo, pero colocó a ex colaboradores en su empresa privada. Las supuestas irregularidades se habrían cometido bajo el mandato de Mariano Rajoy, con Montoro de nuevo en el Consejo de Ministros.

La causa empezó tras encontrar una serie de correos electrónicos durante el registro de una empresa. En ellos se podía leer, entre otras cosas, cómo las compañías eran conscientes de que habría que "pagar" a Equipo Económico para conseguir sus objetivos, ya que tenían una gran influencia en Hacienda.

El sumario ha destapado, además de los correos, cuánto cobraron los miembros de EE, entre los que hay ex secretarios de Estado y antiguos secretarios generales de Montoro, el destino personal que le dieron a las supuestas mordidas y pagos en el extranjero. Pero también el papel de la Fiscalía en toda la causa.

Pelea en Anticorrupción

La investigación desató una guerra dentro de Anticorrupción. La fiscal del caso, Carmen García Cerdá, era partidaria de investigar toda la información obtenida de los mensajes, en los que se veía cómo Montoro y los suyos accedieron a expedientes fiscales de rivales políticos, famosos e incluso un periodista que publicó información sobre Equipo Económico. Pero su jefe, Alejandro Luzón, no veía una vía delictiva en ellos, lo que provocó un enfrentamiento entre ambos.

El Independiente contó la tensa junta de fiscales que se vivió a causa de esto, en el que Cerdá invocó el artículo 27 del Estatuto Fiscal. Esto sirve para poner de manifiesto que una orden de un superior se considera ilegal o improcedente. Los fiscales se pusieron de lado de Luzón, pero la fiscal insistió por otra vía. En el sumario aparece cómo le pidió a un mosso d'esquadra que solicitase investigar el supuesto espionaje que hizo Hacienda ya que ella no podía. El agente, al frente de parte de la investigación, lo puso en conocimiento de sus superiores, que lo transmitieron a la cúpula de la Fiscalía. Cerdá fue multada con 1.000 euros.

El dilatado secreto de sumario pudo durar menos. La fiscal pidió el 19 de septiembre de 2024 que se levantara. Entre los motivos, la fiscal cargó contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lleva otra parte de la investigación. En su escrito relató cómo se ha desarrollado la última parte de la causa.

Parálisis de la UCO

En mayo de 2022, los agentes pidieron al juez de Tarragona una serie de diligencias para poder investigar más cuentas bancarias. Los guardias civiles querían seguir el rastro del dinero. El magistrado dio luz verde a esa petición un año y medio después, a finales de octubre de 2023.

Sin embargo, el 4 de junio de 2024, el comandante de la UCO del grupo investigador informó a la Fiscalía que todavía esperaban 18 productos bancarios por recibir de los 339 que solicitaron. Pero también dijo que, a pesar de tener la información de 321 cuentas bancarias, "no habían iniciado (...) el estudio de trazabilidad de las mismas".

Es decir, esa parte de la causa estuvo paralizada más de dos años. Al conocer la situación, la Fiscalía pidió al juez que ordenase a la Guardia Civil que comenzase el análisis "con urgencia" y que entregasen "en el menor tiempo posible" un informe que permitiese "progresar en la investigación de los hechos".

Tres meses después, en septiembre, a Cerdá no les constaba que se hubiese presentado ningún informe de la UCO en estos términos "pese al tiempo transcurrido desde que se iniciaron los requerimientos bancarios". Por eso, decidió pedir que se levantase el secreto, pero el juez decidió mantenerlo.

Cambio de decisión

El 20 de enero de 2025, la Fiscal cambió de parecer y solicitó que se prorrogase el secreto de sumario seis meses más. Sin embargo, la UCO todavía no había entregado el informe que cuatro meses antes Cerdá pidió "con urgencia". En su propio escrito, solicitó que la Guardia Civil informase del "estado de tramitación del informe sobre productos bancarios y se de traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Ello dado el tiempo transcurrido desde su autorización y la ausencia de constancia de la presentación de algún tipo de escrito de dación de cuentas sobre aquel extremo".

Los agentes terminaron entregando su informe en febrero, al mes siguiente. Ese documento está contenido en el tomo XIX de la causa. El juez levantó el secreto de sumario a principios de julio, a excepción de esta última parte, a la que se dio acceso a finales de ese mes. Ahí aparecen los movimientos bancarios de centenares de cuentas ligadas a miembros de Equipo Económico desde 2008 hasta 2019.

En un comunicado, el despacho creado por Cristóbal Montoro aseguró que el informe de la Guardia Civil se mantuvo más tiempo bajo secreto de sumario "de manera injustificada", ya que "se había concluido hace meses". Además, criticaban que su defensa había recibido el tomo "tras haberse filtrado el informe a los medios de comunicación".

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