El Partido Popular asegura que "no hay dudas" sobre la moción de Jumilla

El Partido Popular ha reiterado este martes que "no hay dudas" sobre la legalidad de la moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), a pesar de que el propio consistorio haya solicitado un informe técnico para clarificar posibles aspectos jurídicos, y un día después de que el Gobierno anunciara su impugnación.

Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, ha defendido en declaraciones desde la sede nacional del partido en Madrid que la moción, que ha generado un intenso debate político y social en las últimas semanas, carece de efectos jurídicos vinculantes. Según ha explicado, la resolución aprobada incluye únicamente dos puntos: el primero, relativo a impulsar actividades que promuevan la identidad nacional, y el segundo, enfocado en estudiar una posible reforma de la ordenanza municipal sobre instalaciones deportivas.

Reivindicar el "mayoritario bagaje católico" de España

Ezcurra ha precisado que las alusiones a una confesión religiosa que han provocado controversia se encuentran solo en las exposiciones de motivos, que no forman parte del texto sometido a votación ni pueden ser modificadas. "Lo que se ha aprobado y votado, y por tanto será publicado, son esos dos puntos", ha insistido. Además, ha recalcado que el PP "respeta la libertad de culto para todas las religiones" y reivindica "el amplísimo y mayoritario bagaje católico" de España, rechazando cualquier discriminación por nacionalidad o religión. "Creemos que en la moción de Jumilla no se veta nada, porque ni siquiera se menciona ninguna confesión", ha añadido.

El conflicto se originó tras la aprobación de un acuerdo municipal que, entre otras medidas, impide la realización de rezos musulmanes en las instalaciones deportivas públicas, lo que ha provocado la reacción del Gobierno central. Este anunció ayer lunes la impugnación del acuerdo, que considera discriminatorio y contrario a los derechos fundamentales. La Comunidad Islámica de Jumilla celebró esta decisión, advirtiendo que la prohibición supondría un retroceso de cuatro décadas en materia de libertades religiosas.

La polémica ha dividido también al arco político regional y nacional. El vicesecretario popular Juan Bravo ha criticado la instrumentalización del asunto por parte de distintos actores políticos, tanto del Ejecutivo regional como de Vox, a quienes ha acusado de buscar la polarización social a partir de esta cuestión.