Mientras este mismo martes arrancaba la primera reunión de la Comisión Interministerial contra el Cambio Climático, que estará pilotada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el ministro de Interior —como máximo responsable de Emergencias—, Fernando Grande-Marlaska, algunos de los socios del Gobierno dejaban algún que otro toque de atención al Ejecutivo. Tanto por la gestión de la crisis de incencios que aún sigue vigente en zonas de Galicia, Castilla y León o Asturias, como por los planes del Gobierno de avanzar hacia un pacto de Estado climático en el que ya se trabaja.

Si ya la posición del Gobierno es complicada para arrancar cualquier acuerdo al PP, más con la tensión de las últimas semanas con la directora de Protección Civil en el centro de la bronca partidista—, la temperatura y la subida de tono que no decayó en el Congreso y en la comparecencia de Margarita Robles, titular de Defensa, en el Senado horas después a petición de los populares, la postura de los socios no ayuda. Durante la reunión de la Diputación Permanente, ERC, Podemos e incluso, aunque en mucho menor grado Sumar, trasladaron dudas, incongruencias o alternativas a los planes del Gobierno.

En concreto, en sus intervenciones durante el desarrollo de esa sesión de la Diputación en el Congreso, la única representante de ERC—en proporción, los 350 diputados pasan a ser 69 en ese organismo de control fuera de los periodos de sesiones—, Teresa Jordá, manifestó que más que avanzar hacia un pacto de Estado como solución de futuro para crisis incendiarias habría que apostar por un Fondo Forestal Nacional. Éste "permitiría una inversión estable en todos los territorios". No profundizó en la cuestión, pero alineó a los republicanos con el PP, que 24 horas antes presentó su 'Plan integral de ayudas, recuperación y prevención en el mundo rural y forestal' que apuesta por esa misma medida como "herramienta dinamizadora de la política forestal del Estado".

Cualquier propuesta que acabe saliendo de los trabajos del Ejecutivo y que no contemple la energía nuclear como herramienta de transición hasta consolidar un sistema de renovables puede también generar diferencias con los republicanos —extensible a Junts—, dado que en los últimos meses, más a raíz del apagón, se ha venido alertando del impacto laboral que generaría en Cataluña.

A la posición de Jordà le seguía la manifestada por Podemos. Si bien los morados no dejan dudas sobre el compromiso climático como el general de las fuerzas de izquierda, señalan incongruencias dentro del Gobierno. Después de reprochar al PP dejación de funciones en materia de prevención y extinción de los incendios, atribuido en parte a "una política criminal" de "recortes" —económicos o de personal, como brigadistas— y "privatizaciones" Belarra acusaba a los de Pedro Sánchez de estar bloqueando medidas esenciales como la ley de bomberos. "Ocho años bloqueando" una ley para atajar la precariedad laboral de este colectivo, aseguró la secretaria general de Podemos. A ello, añadió el rearme europeo y ligado a los compromisos con la OTAN.

Además de afirmar que las partidas a ese gasto no se dedicarán al bienestar o a esa lucha contra el cambio climático, en Podemos creen que cualquier pacto de Estado "no valdrá para nada" si se potencia la industria armamentística. Será responsable de "ingentes emisiones de CO2" a la atmósfera, advirtió acentuando su posición respecto al debate de defensa.

Las relaciones con el Ejecutivo no gozan de buena salud. De hecho, los morados se abstuvieron este martes a dos propuestas de comparecencia del PP, la de Óscar Puente por el caos ferroviario y la de Robles por los incendios en el Congreso que finalmente no salieron. Podemos se niega a negociar nada con el PSOE y solo decidirá si apoya sus propuestas si consideran que tendrán un impacto social positivo. Por esa lógica, no entrarían en esas negociaciones climáticas. Hay que destacar que todas las fuerzas, salvo Vox, apoyaron una declaración en favor de las acciones contra la emergencia climática en el Congreso en septiembre de 2024.

Un pacto con el PP, imposible para Sumar

Durante el transcurso de la sesión en el Congreso, acontecía el primer Consejo de Ministros del nuevo curso, dedicado a la declaración de la emergencia en las zonas perjudicadas por los fuegos y a la aprobación de ayudas. En la Cámara Baja, en una de sus intervenciones, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, se posicionaba como "escéptica" de poder aunar de nuevo a todas esas fuerzas parlamentarias salvo los de Santiago Abascal.

Dejaba en duda la capacidad de alcanzar un acuerdo con el PP de Estado. Porque a su parecer los populares no quieren "comprometerse". "Se han lanzado de cabeza al negacionismo de Vox y a alimentar bulos como el de la trama incendiaria. ¿Quién cree que son capaces de hacer una política climática seria?". Con ello, e indirectamente, desde Sumar se vislumbra únicamente un acuerdo de la mayoría progresista que da cobertura a la legislatura actual. El Gobierno no renuncia a ese escenario.

Por un lado, la vicepresidenta Aagesen viene reiterando que "quien diga que no al pacto de Estado climático se va a arrepentir". Y a diferencia de Sumar, cree que pese a que el PP hable de "cortina de humo" ante una propuesta que ni está diseñada, una negativa no puede ser la última respuesta de un partido que se considera de Estado. Desde Moncloa remarcan que esto no se debe limitar a los partidos o al contexto actual, sino que debe "trascender las legislaturas" en vistas al futuro. Por ello, y aunque a nivel de partido el PSOE criticó este lunes a Feijóo por seguir abonando el relato de falta de medios estatales en las comunidades frente a los incendios, incluso acusar a Robles de eludir responsabilidades, desde el Gobierno la respuesta al PP ha sido muy sosegada. La ministra de Defensa puede haber sido una excepción.

En la comparecencia de prensa posterior del Consejo de Ministros, tanto la ministra Portavoz y de Educación y Deporte, Pilar Alegría, como Marlaska, evitaron críticas duras. Se mostraron dispuestos a valorar cualquier propuesta de todos los grupos parlamentarios, dando a entender que parte del contenido del plan popular podría contemplarse e incorporarse. Lo que no convence al Gobierno en todo caso es una de las medidas 'estrella' del PP: el registro de pirómanos condenados y su seguimiento telemático mediante pulseras. En el Senado, Robles de hecho trasladó dudas legales sobre la constitucionalidad y la capacidad de aplicación de la medida.

Marlaska, ante ese registro, valoró como soluciones "con poco fuste" la propuesta, dado que "los datos no indican a que los pirómanos sean los principales responsables" —la memoria de Fiscalía de 2024 habla de un 7% del total de los fuegos—. El PP insiste en ello, aludiendo a las más de 40 detenciones que se han dado estos dos meses y medio. Ello sin obviar las excepciones que este año, por las lluvias, las olas de calor y los vientos han avivado el impacto de los fuegos. Marlaska añadió que el Gobierno estudiará todas las propuestas de los grupos, pero insta a que sea dentro del marco de negociación y de forma "mínimamente responsable", "sin utilizar las tragedias" con fines electoralistas, dijo en referencia del PP. Alegría confió en que habrá "voluntad constructiva" por parte de la oposición.

Líneas rojas para el PP

Dentro del plan de los populares, el capítulo de prevención se posiciona como una base inicial de la negociación con el Gobierno, dado que pese a la intención de Génova de sondear a los grupos e incluso abrir la propuesta a enmiendas, la mayoría de socios considera que la propuesta está poco trabajada o busca presionar a Sánchez; adelantarse a ese trabajo interministerial. Tampoco Junts, aliado alternativo del PP especialmente en cuestiones económicas, ha mostrado simpatía alguna en las horas posteriores a ese lanzamiento.

Está por ver si quiera Feijóo contaría con el apoyo de Vox, muy crítico por el papel del PP en los incendios. De hecho, los de Abascal han hecho pinza en Castilla y León con el PSOE para que Alfonso Fernández Mañueco rinda cuentas el viernes en las Cortes. Este martes, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, reaccionó a las críticas del PSOE, refiriéndose al portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. El exlehendakari se mofó de la propuesta de pulseras telemáticas para los pirómanos y desdeño la propuesta generalizada del PP. Muñoz recomendó al PSOE que dedique tiempo para leer el plan y que opten por "copiar" las medidas. "Cuando lo hacen, aciertan", dijo.

No se descarta que ese pacto sea objeto de debate durante la comparecencia de Aagesen este miércoles también a las cuatro en el Senado, continuando con la ronda abierta por Robles. En todo caso, aunque queda bastante tiempo para que se empiece a dialogar, en Génova no se cierran a estudiar la propuesta que plantee el Gobierno si es seria. Hay afinidad en cuestiones como el fomento de la agricultura de carbono, en implementar la profesionalización para la preservación de los entornos rurales o la inversión en el entorno rural.

La cuestión es si realmente el PP puede permitirse ceder en esta materia en plena confrontación con Vox por el electorado más conservador o de los entornos rurales. Se habla de "dogmatismos" e "ideologización" cuando la declaración parlamentaria de 2024 se orienta en los mismos términos en los que ahora se mueve Transición Ecológica. El Gobierno no descarta abonar la tesis de que el PP compra el discurso negacionista de Vox, algo que Génova niega. Los socialistas, de cara a ese plan, cuentan con el apoyo de su socio de coalición y el de partidos como EH Bildu en ese horizonte climático. Otros socios mantienen la cautela hasta conocer qué propone Sánchez.