El PP no concibe extender a las comunidades autónomas su propuesta en materia de elecciones vinculada a una convocatoria automática y la disolución de las Cortes si hay dos prórrogas de Presupuestos Generales del Estado. Si bien fuentes de Génova lo descartaban tras la exposición hecha este lunes por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde Aranjuez, donde citó a su dirección, hoy públicamente la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, lo confirmó. "Sánchez es la excepción", justificó, apelando a que, a diferencia de las comunidades autónomas, tanto populares como las de otro signo, ninguna salvo el Gobierno de España gobierna con unas cuentas prorrogadas de la pasada legislatura.

Muñoz anticipó este asunto durante su comparecencia posterior a la primera reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, que fijó ya agenda para la próxima semana. Entre lo más llamativo, la inclusión del debate de enmiendas a la totalidad sobre la reducción de la jornada laboral. La leonesa quiso cortarlo de raíz, para ahondar posteriormente en la propuesta, tal y como hizo Feijóo. Recalcó que hay un equipo de juristas que siguen estudiando cómo se debe proceder y qué reformas habría que impulsar. Por ahora se contemplan dos: de la Constitución Española y de la ley general presupuestaria.

En su intervención la popular aseguró que "no hay un problema en los territorios". "No se puede comparar situaciones excepcionales como [Alfonso Fernández] Mañueco con lo que se vive en el Gobierno, desde 2022 sin cuentas", afirmó Muñoz, detallando que entremedias le ha pillado al líder castellano y leonés la pandemia y un adelanto electoral. La portavoz se refirió directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, paisano de la popular. Tras proponerla Feijóo, el ministro afirmó que Mañueco "lleva cinco prórrogas en seis años" y se aproxima a la sexta en siete años.

Ni si quiera entró a valorar qué pasará si en lo que resta de legislatura, en aquellas donde gobierna el PP y las relaciones se han complicado con Vox después de la ruptura de las coaliciones el año pasado. Esencialmente Extremadura y Aragón. Si este año tampoco se legislan los de 2026 habría ya dos prórrogas y se entraría en ese mismo escenario que ahora denuncia del Ejecutivo. Muñoz mantuvo la posición y se enfocó en el Gobierno de Pedro Sánchez y en su compromiso a seguir adelante hasta agotar a mediados de 2027 la legislatura incluso si sus socios le tumban las cuentas. Se insiste en que lleva tres prórrogas.

Esta misma mañana, Podemos volvió a insistir en sus condiciones: una bajada del 40% en los precios del alquiler, el fin de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y el cese en el empeño del rearme comprometido con la OTAN. Por la tarde, y tras haber aprobado el Gobierno la condonación de parte de la deuda autonómica —Cataluña será la segunda más beneficiada—, el president de la Generalitat, Salvador Illa, acude a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont. Se espera que traten el apoyo a los Presupuestos tras lo que se entiende como un gesto económico con Cataluña, un respaldo que Junts deja en el aire con condiciones por delante que son inasumibles para el Ejecutivo. Esencialmente, las transferencias pendientes de 50.000 millones de euros.

El PP apoya su propuesta en otros ejemplos europeos

Hay dudas que se están estudiando, como la de aunar esa reforma con la potestad de disolución de las Cortes que tienen el presidente del Gobierno previa deliberación con el Consejo de Ministros, y ya formalmente el Jefe del Estado a petición del primero. Sin embargo, los populares ven capacidad para implementarlo. Se alude a la realidad de otros países europeos donde "la no aprobación de un presupuesto implica la pérdida de confianza".

"En algunos países, existen salvaguardias constitucionales explícitas o de práctica establecida/interpretada, que vinculan los presupuestos a los proyectos de gobierno y la confianza del legislativo en un sentido amplio, aunque no establezcan directamente la caída del ejecutivo por la no aprobación de presupuestos", explican en Génova. Mencionan el artículo 195 de la Constitución portuguesa, que incide en que el rechazo del programa de Gobierno implica su dimisión. Aluden a Estonia. Si no hay un presupuesto dos meses después del inicio del año fiscal, hay una convocatoria automática de elecciones, según el 119 de la Carta Magna.

En el PP mencionan otras cuestiones distintas a materia presupuestaria con una mención a Grecia o a Rumanía, que elevan al mismo rango que estos Presupuestos. Los griegos interpretan un rechazo presupuestario, dicen en el PP, como una pérdida de confianza, que "puede llevar a la dimisión" del Gobierno. Se pone el ejemplo de 1985. De Rumanía se comenta el artículo 114: si el Gobierno presenta un proyecto de ley o una declaración como cuestión de confianza y se rechaza, debe haber elecciones. En estos dos casos, en España no se sigue esa dinámica. Igualmente se hace referencia a Alemania y Portugal. La imposibilidad de los socialistas Olaf Scholz, en 2024, y de Antonio Costa, en 2021, les llevó a convocar nuevos comicios.