Comienza de manera oficial la andadura de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Este miércoles, el Gobierno pone la primera piedra, pero lo que aún no sabe es si logrará completar su obra, porque los apoyos parlamentarios, y es necesario el concurso de todos sus socios, no están ni mucho menos garantizados. La cuesta es más que empinada, aunque todo apunta a que no será la única. Porque en el horizonte vuelve a asomar la reducción de la jornada laboral, medida estrella de Yolanda Díaz, que al menos hasta ahora no contaba con el respaldo de Junts y que irá la próxima semana al pleno del Congreso para su debate de totalidad. Si finalmente los posconvergentes no dan su brazo a torcer, el Ejecutivo puede inaugurar el curso en la Cámara baja con una importante derrota.

Pedro Sánchez ha dado la orden a los suyos de "pelear" las cuentas de 2026. Lo dijo él mismo en la entrevista del lunes por la noche en el Telediario 2 de TVE, con Pepa Bueno. A ella le adelantó, además, que resistirá incluso si el Congreso tumba los Presupuestos que su Gobierno presente, que no dimitirá ni convocará elecciones anticipadas. Una línea discursiva que continuó y amplió este martes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que compareció en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que dio luz verde al anteproyecto de ley orgánica de condonación de la deuda a las comunidades autónomas.

El siguiente paso será la aprobación de la senda de estabilidad, que Montero espera poder remitir al Congreso "pronto", en este mes incluso. Las condiciones que Junts ponía eran "inasumibles"

Montero adelantó que este miércoles el Boletín Oficial del Estado publica la orden ministerial que pone en marcha la maquinaria de elaboración de los Presupuestos. Es decir, el primer paso para la confección de los mismos. Se trata de un "instrumento interno", en el seno del Ejecutivo, para que los distintos ministerios remitan a Hacienda sus prioridades de gasto. La vicepresidenta explicó que ya su equipo ha mantenido contactos informales con los demás departamentos para conocer sus necesidades, pero ahora es el momento de formalizarlas. La política de vivienda, anticipó, será uno de los ejes de las nuevas cuentas, así como el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades, la creación de empleo o el blindaje de los servicios públicos.

El siguiente paso será más relevante: el Gobierno deberá aprobar la senda de estabilidad para remitirla al Congreso y al Senado —junto al techo de gasto, aunque este se debate, pero no se vota—. El año pasado, Hacienda envió los objetivos de déficit y deuda, pero la Cámara baja los tumbó en julio por el no de Junts, PP y Vox. En septiembre, volvió a mandar la misma senda, pero Montero acabó retirándola antes de la votación porque apreciaba una ventana de oportunidad en la negociación con los negociaciones. Pero esa ventana nunca llegó a abrirse. La formación de Carles Puigdemont puso sobre la mesa condiciones "inasumibles" para el Gobierno —exigía que las CCAA pudieran incrementar su déficit— y el camino quedó cegado. La ministra siempre defendió que su propuesta era óptima porque daba más margen de gasto a gobiernos autonómicos y municipales al relajar la reducción del déficit.

La vicepresidenta, en línea con Sánchez, señala que el Ejecutivo presentará los Presupuestos "con o sin los apoyos parlamentarios". Será por tanto la primera vez en la legislatura que unas cuentas van al Congreso

La idea de la vicepresidenta es que la senda de estabilidad llegue "pronto" al Congreso para su debate y votación, con la esperanza de que Junts afloje, porque de lo contrario será imposible su aprobación. Algo que, advierten fuentes de Hacienda, perjudica a comunidades y ayuntamientos, porque tendrán que apretarse más el cinturón para cumplir con las reglas fiscales. Ocurra lo que ocurra, el Ejecutivo deberá elaborar su proyecto de Presupuestos en base a la nueva senda aprobada (o a la anterior, si fracasa), y someterlo a votación en el Congreso.

Montero insistió, como había hecho Sánchez en TVE, que el Ejecutivo presentará los PGE "con o sin los apoyos parlamentarios". Es decir, que esta vez, y por primera vez en la actual legislatura, el Gobierno sí registrará su proyecto en el Congreso, aun a riesgo de que los grupos lo rechacen. Pero si naufragan las cuentas públicas, también lo dijo el presidente, el Gabinete continuará y trabajará con los PGE vigentes, los de 2023. Montero aseguró que se va a "dejar la piel" para que los socios "vean la bondad de las cuentas públicas" y eso se refleje "en la votación de las enmiendas de totalidad".

"El presidente —recordó la titular de Hacienda— trasladó algo que a veces se obvia: los Presupuestos son un instrumento para conseguir el fin que el Gobierno impulsa, que es una mayor equidad, reducir desigualdades...". Por esa razón, Montero demandó a los grupos una y otra vez que hagan que sus peticiones tengan que ver con los Presupuestos, no que reclamen cuestiones "ajenas" a ellos. El proyecto de Presupuestos, convino, es "fundamental, importantísimo", pero si finalmente no se aprueba por falta de apoyos, no pasará nada, reiteró: "El Gobierno ha dado muestras de que sin Presupuestos ha atendido a las necesidades de los ciudadanos", y Sánchez a su vez "siempre ha trasmitido su voluntad de agotar la legislatura" porque "tiene proyectos de país y políticas que blindan el Estado del bienestar".

Está por ver si la reunión de hora y media, este martes en Bruselas, del president catalán, el socialista Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha servido para "ayudar" a la negociación presupuestaria. No hubo declaraciones posteriores de los dos dirigentes, solo mensajes en redes sociales. Para proclamar que "el diálogo es el motor de la democracia para que Cataluña siga avanzando", en el caso de Illa, y para el expresident, para constatar que no se está en una "situación de normalidad democrática", puesto que la cita tendría que haberse celebrado en Barcelona y no en la capital belga.

El mandato constitucional

Los tiempos de tramitación de los PGE de 2026 no están nada claros. Tampoco para el Gobierno. El artículo 134.3 de la Constitución prescribe que el Ejecutivo debe presentar ante el Congreso sus Presupuestos "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Es decir, antes del 1 de octubre de cada año. Para entonces, obviamente, no estará listo el proyecto de ley. La pretensión de Hacienda es que la senda de estabilidad pueda aterrizar en la Cámara baja en este mes de septiembre, pero no se pone tope respecto a las cuentas públicas. Ni siquiera es tan obvio que la votación de totalidad llegue con Montero en Hacienda, porque ella tendrá que dejar el Ejecutivo cuando el presidente andaluz, Juanma Moreno, convoque las elecciones autonómicas, y si no hay adelanto lo haría como tarde en abril.

Para Podemos, Sánchez se equivoca al pretender "resistir", porque eso es "abrir la puerta a la derecha y la extrema derecha". Los morados insisten en sus condiciones para hablar de los PGE

Los socios siguen fríos tras la confirmación de que los PGE llegarán al Congreso. Lo es Junts, que exige primero la ejecución de las partidas pendientes, lo es ERC, que demanda avances en la financiación singular de Cataluña. Lo es, y mucho, Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, insistía este martes desde el Congreso en las propuestas imprescindibles que debe asumir el Gobierno si quiere contar con su voto favorable a las cuentas de 2026: que no haya aumento del gasto militar ni "complicidad con el genocidio" de Israel en Gaza, que "de una vez por todas" se acabe con la corrupción y se intervenga el precio de la vivienda. "Cuestiones básicas y de puro sentido común", repitió.

La posición de los morados es, de hecho, la que más inquieta en el Ejecutivo. Para Belarra, Sánchez "toma la dirección contraria a la que esperan los progresistas". "Y a veces resistir en el camino incorrecto es perder, es terminar abriéndole la puerta a la derecha y a la extrema derecha", avisó, informa EFE. Las dificultades de trenzar acuerdos a izquierda y derecha explican también que Hacienda no prevea en ningún caso incluir en su proyecto de PGE retoques de figuras impositivas porque la última reforma fiscal, la aprobada a finales de 2024, "costó mucho" y ya tuvo que rendir cuentas ante Bruselas por la imposibilidad de aprobar una de sus exigencias, el impuesto al diésel.

Orden de elaboración de los Presupuestos de 2026 publicada en el BOE (03-09-2025)Descarga

El Gobierno "ya ha hecho su trabajo"

En el pleno escoba que el Gobierno aprobó raspado a finales de julio no se llegó a incluir un punto importante: la votación de totalidad de la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta segunda optó por aplazar el debate para dar más margen a la negociación con Junts. Pero ahora entiende que el tiempo ha acabado. Este martes, Trabajo confirmó que la iniciativa llegará a pleno la semana próxima, para que las enmiendas de totalidad sean debatidas y votadas el miércoles 10. El riesgo es total, porque hasta ahora Puigdemont no ha lanzado señales de que relaja su no inicial, así que la primera sesión parlamentaria del curso político puede saldarse con una importante derrota para la coalición, y especialmente para Sumar.

En Trabajo subrayan que el debate de la reducción de la jornada "ya no admite más aplazamientos" y por tanto "no se puede seguir esperando". "Ahora corresponde a los grupos convertir el consenso social en un consenso parlamentario", indican

Según indicaban fuentes del Ministerio de Trabajo, la reducción de la jornada laboral "es un debate que ya no admite más aplazamientos". "Queríamos que se votara en julio. Decidimos dar margen a la voluntad de diálogo y de acuerdo. Hoy ya no se puede seguir esperando: son más de 12 millones de personas trabajadoras las que están aguardando esta medida, que saben que su tiempo es también un derecho. El mandato que nos llega de la ciudadanía es claro: la mayoría, vote a quien vote, quiere trabajar menos y vivir mejor". Desde el departamento de Díaz remarcaban que el Gobierno "ya ha hecho su trabajo", y que por tanto "ahora corresponde a los grupos políticos convertir ese consenso social en un consenso parlamentario".

En realidad, que el proyecto de ley llegue al pleno de la próxima semana se debe a un error involuntario de los socios de coalición: la Mesa de la Comisión de Trabajo del Congreso, presidida por Aina Vidal (Sumar), calificó las enmiendas de totalidad (de Junts, PP y Vox) en julio, antes del parón vacacional, y con ello provocó que la iniciativa se incluyera automáticamente en la primera sesión disponible. Es decir, la de la de la próxima semana. Para cambiar el orden del día, PSOE y Sumar necesitaban una mayoría en la Junta de Portavoces de este martes que no tenían, por la oposición de PP, Vox y UPN. Así que el proyecto será debatido y votado el 10 de septiembre. Sin posibilidad de un nuevo aplazamiento.

Fuentes de Trabajo apuntaban que no es problemático que el pleno de totalidad se celebre el miércoles que viene, porque una semana arriba o abajo no cambia. "El debate de la reducción de jornada tiene que avanzar para que pueda entrar en vigor en 2025. El Gobierno ha hecho su parte así que ahora los grupos tienen que decidir qué hacen. Y que den explicaciones. No solo Junts, sino también el PP", indicaron a este periódico. Desde el entorno de Díaz no esconden que las conversaciones con los posconvergentes están siendo difíciles por su oposición radical a la medida, muy combatida por la patronal catalana. "Pero estamos negociando y somos optimistas. Apuraremos hasta el último minuto", concedieron.

Sumar asegura que seguirá negociando hasta el último minuto y mantiene su optimismo, pero los socialistas siguen sin ver agua en la piscina por la cerrazón de Junts, muy presionada por la patronal catalana. Y recuerdan que la negociación la ha liderado en exclusiva la vicepresidenta Díaz

Los socialistas no son tan positivos. Tanto fuentes del ala socialista del Ejecutivo como dirigentes que conocen de primera mano la interlocución con Junts están convencidos de que los posconvergentes no darán su brazo a torcer —"salvo que Yolanda haga un milagro"—, porque su posición era y es firme, radicalmente contraria a la rebaja de las 40 a las 37,5 horas semanales de trabajo. Eso sí, en la Moncloa recuerdan que aunque el proyecto es del Ejecutivo, "está liderado y negociado por Yolanda: lo lleva ella y solo ella". En las conversaciones con Junts, pues, no ha interferido el PSOE.

El martes 9, en cambio, se debatirá y votará otra iniciativa promovida por Sumar que sí contará previsiblemente con el respaldo del Congreso: el real decreto ley de permisos retribuidos, que el Consejo de Ministros aprobó en su última reunión antes de las vacaciones. En Trabajo creen que el texto podrá ser convalidado sin problemas.

El Gobierno sabía desde el primer minuto de la legislatura que el Congreso era territorio muy hostil. Y los socios se encargan de recordárselo con asiduidad. Sánchez logró cerrar el curso con un cómputo de 42 iniciativas legislativas aprobadas, pero puede abrirlo con un doloroso golpe a una de las medidas señeras de la coalición y una bandera para la izquierda, el recorte de la jornada laboral.