El PSOE necesita reivindicarse, reconectar con su electorado y, en concreto, con las mujeres, las que han nutrido sus victorias en las urnas, las que resultaron decisivas para la continuidad del Gobierno de coalición. La dirección sabe que la crisis reputacional y de credibilidad abierta por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García es de colosales proporcionales, difícil de suturar. Ellos dos, y se oyó en los audios interceptados por la UCO, intercambiaban opiniones de pésimo gusto sobre mujeres prostituidas, tratándolas como si fueran mercancía barata. Las conversaciones, machistas, repugnantes, han asqueado y avergonzado a dirigentes y militantes, y la sensación de dolor ha sido casi la misma que la que generó el conocimiento de una presunta trama de amaño de contratos liderada por Santos Cerdán, secretario de Organización hasta el pasado 12 de junio y desde hace más de dos meses en prisión preventiva. El PP no para de utilizar lo ocurrido contra el Ejecutivo. Ferraz quiere salir del agujero. Lo necesita.

Y la vía hallada es recuperar su proyecto de abolición de la prostitución. Ya fracasó en la pasada legislatura, también en esta, siempre por falta de apoyos parlamentarios. Pero ha decidido no tirar la toalla. Ha optado por buscar la redención a través de un nuevo intento. Con la esperanza de que a la tercera vaya la vencida, aunque también consciente de que no será un camino de rosas. El primer obstáculo lo tiene que superar el PSOE en el propio Consejo de Ministros, porque Sumar está dividida internamente entre los abolicionistas —básicamente, Izquierda Unida— y los regulacionistas, con más o menos matices —desde los comunes hasta Más Madrid—. El socio minoritario del Ejecutivo apunta que no puede fijar postura, ni siquiera adelantar si la bloqueará o no en el seno del Gabinete, hasta conocer el texto que propongan los socialistas, que todavía no les han trasladado oficialmente que están trabajando en la redacción de un anteproyecto de ley que aspiran a tener listo a lo largo del otoño. Solo después de leerlo Sumar dice que adoptará una posición, después de debatirlo internamente, partiendo de la base de las distintas "sensibilidades" que coexisten en el grupo en torno a cómo abordar el debate sobre la prostitución.

Ana Redondo, la ministra de Igualdad, no ocultaba este jueves las patentes dificultades que deberá sortear su partido para hacer realidad una bandera que lleva enarbolando desde hace años. Desde que en el 40º Congreso Federal, el de octubre de 2021, el PSOE, una formación que se declara feminista en sus estatutos, abrazara de manera oficial y decidida las tesis abolicionistas. Lo explicitaba Redondo en las jornadas sobre igualdad organizadas por Ferraz este jueves en el Museo de Arte Contemporáneo en Vidrio de Alcorcón (Madrid), después de que en todos y cada uno de los discursos, en las mesas redondas, aflorara la necesidad de cumplir con un compromiso asumido por el propio presidente del Gobierno. "Estamos decididas a aprobar la abolición de la prostitución a pesar de la resistencia de algunos grupos políticos", había manifestado a primera hora María Jesús Montero, número dos del partido, vicepresidenta primera del Ejecutivo y líder de los socialistas andaluces.

La ministra recordó que lograr el fin del sexo de pago va a costar "más", porque no figura en el pacto de Estado contra la violencia de género ni en el acuerdo de coalición con Sumar. Pero el PSOE asume que no puede demorar más su promesa. "Es el momento por las circunstancias, por lo que hemos sufrido en el partido, por los casos vergonzosos y vergonzantes", por el estigma de Ábalos y Koldo. "Creo que es momento y también os digo: tengo el compromiso de intentarlo nuevamente por parte del presidente del Gobierno, que me ha hablado de este asunto y me ha dicho 'adelante, vamos a intentarlo'. Ese compromiso del presidente es un impulso capital que nos tiene que llevar a un buen puerto", apuntó.

En la pasada legislatura, en mayo de 2022, los socialistas tenían como socio a Unidas Podemos, y registraron en el Congreso una proposición de ley de prohibición del proxenetismo y la tercería locativa —la cesión de locales para el ejercicio de la prostitución— y de sanción a los clientes, los puteros. La iniciativa fue admitida a trámite gracias al apoyo del PP, aunque abrió grietas en Unidas Podemos y dividió a los socios. Pero no pudo avanzar más porque fue imposible armar un consenso antes del fin del mandato. En marzo de 2024, ya en la nueva legislatura, el PSOE registró de nuevo su proposición de ley. Ni siquiera superó el primer trámite un mes más tarde, a las puertas del arranque de la campaña de las europeas: votaron en contra PP, Sumar, ERC, Junts, Bildu y PNV y se abstuvieron Podemos y Vox. Solo la apoyaron los diputados de Coalición Canaria, BNG y Unión del Pueblo Navarro.

"Una tercera proposición de ley no sería un buen comienzo —justificó este jueves Redondo a sus compañeras—. Yo quiero que sea un proyecto de ley del Gobierno, que el aval de todos los informes técnicos y políticos esté detrás del proyecto. Esa es la primera batalla que vamos a dar y la vamos a dar en otoño". La ministra avanzaba así un pequeño retraso respecto a sus planes iniciales, ya que su idea era tener listo el borrador en este mes de septiembre. Pero ella misma se puso la venda antes de la herida: "Un proyecto necesita fuerzas políticas para que avance y para que el Consejo de Ministros lo considere —dijo, aludiendo a una potencial obstrucción de Sumar—. No quiero engañaros, no quiero generar falsas expectativas, quiero ser sincera con vosotras, sincera trasladando mis miedos y mis grandes preocupaciones, porque sé que son compartidas. Que seamos conscientes de la dificultad. Vamos a interlocutar con Sumar, porque creo firmemente que el contexto político nos obliga. Ya no es una cuestión de ir o no ir, es que tenemos que ir, porque el contexto político es el que es. Porque vamos a tener que responder todas las semanas preguntas [del PP en el Congreso] sobre casos de prostitución. Todas las semanas. Entonces creo que es el momento de que todos se retraten y que nos digan qué es lo que quieren y dónde quieren estar".

La decisión del PSOE desplaza el foco, por tanto, a Sumar. Algunas fuentes del espacio dan por hecho que es muy improbable que la formación impulsada por Yolanda Díaz vete una iniciativa tan señera para sus socios en el seno del Consejo de Ministros. Lo esperable sería que dejara pasar el proyecto, que permitiera que llegara al Congreso para que ahí se desplegase su tramitación. El texto muy probablemente moriría porque, además de los comunes, parte de los socios de investidura no lo comparten, y el PP, en principio, no estaría dispuesto a ayudar al Ejecutivo.

Pero, al menos por ahora, en Sumar prefieren no adelantar capítulos. Desde el equipo de Díaz indican que no pueden adelantar nada porque el PSOE ni siquiera les ha comunicado oficialmente que pretenden sacar adelante un proyecto de ley del Gobierno. "Sin conocer el texto, no podemos decir ni que no lo bloquearemos ni que sí. Habrá que estudiarlo cuando llegue. Cuando lo conozcamos, valoraremos", sostienen.

Además, las mismas fuentes se remiten a las "distintas sensibilidades" que conviven en el grupo. Los comunes son radicalmente regulacionistas, porque entienden que la prostitución es un trabajo como cualquier otro. Más Madrid no llega a ese extremo, precisan desde el círculo de la ministra de Sanidad, Mónica García, pero sí comparten que hay que conceder derechos a las mujeres prostituidas y, en cualquier caso, no se sitúan en las tesis abolicionistas. IU sí es, desde hace años, una formación claramente partidaria de la erradicación de la prostitución, y de hecho esta semana ha desplegado una activa campaña en redes a favor de una ley abolicionista "integral", "clara", que "no permita seguir mirando para otro lado, ni deje duda de que la prostitución no es trabajo y se penalice a cualquiera que quiera beneficiarse de una violencia como lo es la prostitución y la trata". "No hemos visto la propuesta del PSOE, así que dependerá todo de la orientación que le dé el PSOE, pero es verdad que este tema genera debate. No creo que bloqueemos la iniciativa, eso sí", indica a El Independiente un integrante del Consejo de Ministros perteneciente a Sumar.

En el ala socialista, por tanto, saben que dar más pasos adelante será complicado, pero prometen no rendirse. "Este es el momento y vamos a hacer todo lo posible para convencer a Sumar. Hay que trabajarlo con ellos. Confiamos en que finalmente ellos no bloqueen, pero tenemos que trabajarlo", repiten fuentes muy cercanas a la ministra Redondo. "No hemos hablado aún con ellos, pero Sumar y Podemos siempre han sido regulacionistas", añaden por su parte desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el que dirige Félix Bolaños, y que es coproponente del texto.