El Gobierno no esperaba un nuevo auto del juez Juan Carlos Peinado sobre el caso Begoña Gómez este miércoles. Y menos en el sentido al que apunta en su resolución: propone que la mujer del presidente sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, y la cita para este sábado a las seis de la tarde para informarle del procedimiento. En el Ejecutivo cundió de inmediato la "sorpresa y el estupor" por la decisión. No por el hecho de que Begoña Gómez pueda ser juzgada por un jurado —una previsión que está recogida en la ley para los casos de malversación—, sino por el momento elegido por el magistrado para hacerlo, cuando aún no ha acabado la instrucción. Igual que no se comprende su llamamiento para este fin de semana. La sensación es que se busca la "humillación pública" de la esposa de Pedro Sánchez.

La decisión de Peinado se conoció apenas minutos antes de que arrancara en el Congreso la sesión de control al Gobierno. Sin el presidente en el hemiciclo, obviamente, porque sigue de viaje en Nueva York por la apertura del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. El auto no afloró en las primeras preguntas de la oposición, pero sí en los pasillos. Los ministros, en público, admitieron esa sorpresa y también indignación.

"Surrealista, se explica por sí solo", señaló la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en declaraciones a los medios en la Cámara baja. "El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto", respondió por su parte el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

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