"Ánimo, Alberto". Las dos palabras socarronas con las que Pedro Sánchez se sacudía a primera hora de la pretendida celada del líder del PP acabaron jalonando el día. Acabaron etiquetando un 8 de octubre muy positivo para el Gobierno en el Congreso, con sufrimiento, tensión y expectación hasta el final —cuándo no en esta legislatura—, como en toda película de la que no se sabe el desenlace hasta el último minuto de metraje. Porque realmente el miércoles se cerró con éxito para el presidente y para su Ejecutivo, para PSOE y para Sumar, bastaba ver sus rotundas caras de satisfacción y sus aplausos, pero podía haberse torcido en cualquier curva. Nada estaba seguro. El complicado juego de equilibrios en que se sustenta la coalición podía haber implosionado. Pero la combinación de suerte —¿se puede hablar ya de la baraka de Sánchez?— y de "trabajo" de la Moncloa y de los ministerios con Podemos logró que los cimientos resistieran. Una vez más.

El Ejecutivo pudo salvar así las dos votaciones claves de este miércoles en el Congreso. Por un lado, la convalidación del real decreto ley de embargo de armas a Israel. Gracias al sorpresivo (y sorprendente) voto favorable de los morados. Gratis total, sin nada a cambio.

Y por otro, obtuvo la aprobación del dictamen del proyecto de ley de movilidad sostenible, una pieza capital para la liberación de un paquete de 10.000 millones de euros de fondos europeos. En este caso, con la abstención de Podemos, como contrapartida al refuerzo de la protección medioambiental para la ampliación del aeropuerto de El Prat y el retraso en el comienzo de las obras hasta, al menos, 2031, calendario que el Ministerio de Transportes aseguraba contemplar, por lo que no hay "ninguna novedad" ni reprogramación de los trabajos. Pero de camino jugaron otros elementos: desde la ausencia, por luna de miel, del diputado del PP Guillermo Mariscal, hasta el fallo en el voto telemático que tuvo el parlamentario del PNV Mikel Legarda. Y, obviamente, también unas negociaciones del Gobierno con Podemos que se prolongaron durante varios días y que culminaron pocos minutos antes de la votación de la ley de movilidad sostenible. El Ejecutivo hizo malabares, pero consiguió que ninguna pelota se le cayera al suelo. Lo recalcó Sánchez en un post en X. "Este es un Gobierno que funciona y que no ha dejado ni un solo día de trabajar en beneficio de la ciudadanía y en defensa de las libertades y derechos. Hoy [por este miércoles] el Congreso convalida el real decreto ley de embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible. Seguimos", escribió ufano.

Para contar qué pasó en este intrincado pleno del Congreso hay que remontarse unos días atrás. Con varias paradas. La primera, el viernes pasado, 3 de octubre. El Gobierno sabía que Podemos estaba dispuesto a tumbar el proyecto de ley, como sabía que no le convencía el decreto de embargo de armas a Israel, que se cansó de definir como "fake". De los de Ione Belarra dependía el futuro de ambos textos, porque el resto del bloque de investidura, hasta Junts, sí los respaldaban. Los socialistas abrieron entonces la negociación, los primeros contactos. En la Moncloa estaban convencidos de que los morados no podían negarse a convalidar el decreto ley, porque sus electores no entenderían que precisamente ellos hicieran descarrilar un embargo a Israel, por muy insuficiente que lo consideraran, pero tenían más dudas respecto al texto del Ministerio de Transportes, porque sus exigencias estaban fuera de la redacción: la paralización de las obras del puerto de Valencia y las de ampliación del aeropuerto de El Prat.

Pero no tenían garantías. "Hemos tenido que trabajar todo. Todo podía caer, pero al final todo salió", confesaban este miércoles con alivio en la Moncloa. Porque desde el viernes pasado siguieron unos contactos muy discretos y en los que el equipo de Sánchez y los ministerios implicados, Economía (Carlos Cuerpo) y Transportes (Óscar Puente), tenían que andarse con pies de plomo, para no dar ningún detalle de más de las conversaciones que pudiera soliviantar a sus socios. Podemos, desde hace meses, se ha convertido en un apoyo muy rebelde para el Ejecutivo, que sube el listón de las exigencias, busca su espacio en los medios, explota sus diferencias con su omnipresente rival, Sumar... pero también se tienta mucho la ropa antes de dejar caer al Ejecutivo. Su ADN no es el de Junts, un aliado muy inestable, de derechas y al que no le importa tanto confluir con PP y Vox. Las dificultades de interlocución con los morados explicaban la prudencia del Gobierno, su recelo a la hora de reconocer que había llamadas de ida y vuelta con ellos.

Segunda parada: el martes 7. En la reunión de la Mesa del Congreso, el PP pidió la habilitación del voto telemático de su diputado Guillermo Mariscal, también secretario tercero del órgano rector de la Cámara baja. La razón, de carácter puramente personal: Mariscal se había casado el pasado sábado, y estaba de viaje de novios. No se le concedió, porque no está previsto en las normas de la casa, en el artículo 82, reformado precisamente el pasado julio. El Ejecutivo, que tiene asiento en la reunión de la Mesa, sabía por tanto que contaba con una baja en el bloque de la derecha, pero no la aireó ni se la trasladó a Podemos, también porque desconocía si el diputado conservador podía interrumpir su luna de miel para llegar a tiempo a la Cámara baja. Prefirió guardarse esa carta. Esa ausencia era relevante y podía ser decisiva, ya que permitía deshacer el empate y, en caso de que los morados se aferraran al no, no pasaba nada. La falta de Mariscal era oro para el Ejecutivo. Mientras, las conversaciones con los de Belarra seguían. La Junta de Portavoces decidió aplazar al miércoles la votación para convalidar el decreto ley de embargo de armas, para no hacerla coincidir con el segundo aniversario de los atentados de Hamás.

Miércoles 8, la tercera parada. El pleno del Congreso arrancó con la sesión de control al Ejecutivo. Feijóo disparó su misil: anunció que el presidente tendría que comparecer este mes de octubre en el Senado, Cámara que los populares controlan con su mayoría absoluta, en la comisión de investigación del caso Koldo. La decisión pilló por sorpresa al Gobierno. Pero Sánchez, que había consumido casi todo su tiempo en la primera respuesta, se limitó a dedicar ese matador, por socarrón, "ánimo, Alberto" que celebró y rió al segundo su bancada.

A mediodía, el Gobierno ya sabía que el decreto ley de embargo de armas salía adelante. Así fue. A la una en punto de la tarde, Podemos lanzaba un comunicado y unas declaraciones enlatadas de Belarra: el partido anunció su voto a favor, ni más ni menos. Nada de una abstención crítica. Podemos, dijo su líder, "no será la excusa del PSOE para no hacer nada y para seguir manteniendo las relaciones militares con Israel". Desde la dirección explicaban que de lo que se trataba era de facilitar o no la convalidación del texto, de modo que una abstención tenía el mismo valor que un sí. "Y lo que pasa es que la gente va a comprobar por sí sola que esto es un embargo fake, porque va a seguir habiendo compraventa, contratos y tránsito de armas. Pasará como con el buque Furor que acompañó a la flotilla: el Gobierno primero se llevó el titular y luego la gente vio que se dio la vuelta en cuanto penetró en zona de exclusión", contaban.

Un problema menos para el Ejecutivo. ¿Y la ley de movilidad sostenible? En la Moncloa sentían "más dudas" y los morados preferían reservarse. El pleno seguía, y seguía mientras la negociación. Pasadas las cinco de la tarde, la SER puso el foco en una ausencia en la que hasta entonces nadie había reparado: la de Mariscal. Su falta facilitaba la aprobación del proyecto de ley, sin importar qué hiciera Podemos, porque había 175 síes, los de PSOE (120), Sumar (26), ERC (7), Junts (7), Bildu (6), PNV (5) y el resto del Mixto —Coalición Canaria (1), BNG (1), Águeda Micó (de Compromís) y el exministro José Luis Ábalos— y 174 noes (PP, con 136, uno menos; Vox, con 33, y UPN, con 1). Empate deshecho, ley aprobada.

Pero cerca de las seis y media de la tarde, volvían los nervios. El Ejecutivo supo que tenía que descontar un voto dentro de su bloque. El de Mikel Legarda, del PNV. El diputado había pedido el voto telemático, pero no llegó a tiempo. "Tuvo algún problema técnico. El sentido del voto era claro pero no pudo votar la ley de movilidad sostenible", explicaban después desde su grupo. Los socialistas y Sumar infartaron. La ausencia de Mariscal, en el bloque de la derecha, se compensaba con el fallo sufrido por Legarda. Volvía el empate. Había que rematar la negociación con Podemos. Firmar el pacto. Apurar.

El acuerdo se alcanzó. Al límite. Al filo de las siete de la tarde. En el Congreso se escuchaba la campana que llama a votación a sus señorías, y Podemos aún no había adelantado su voto, aunque en los pasillos ya corría la noticia de que había fumata blanca. La hubo. Los morados anunciaron entonces su abstención a cambio del compromiso "público" del Ministerio de Transportes de "aplazar las obras de ampliación del aeropuerto de El Prat al menos hasta 2031". El pacto con el departamento de Puente, señalaron, "recoge expresamente" que esa ampliación del aeródromo barcelonés "no se incluirá en el DORA III, el documento regulatorio que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2027-2031". "Además, el ministerio estará obligado a elaborar un informe vinculante por el que cualquier proyecto para El Prat tendrá que cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de la directiva europea Fit for 55", el texto que fija una reducción de emisiones del 55% para 2030 y la neutralidad climática para 2050.

Casi a la vez, el Ministerio de Transportes lanzaba un comunicado —con una redacción pactada con los morados— en el que subrayaba su compromiso a que el proyecto de ampliación reciba el informe vinculante sobre el cumplimiento de los objetivos que determina el Fit for 55 y se someta "en todo caso a un proceso especialmente intenso de información pública y consultas con los diferentes organismos y administraciones territoriales para favorecer la participación y la transparencia". El plan director del aeropuerto de El Prat se someterá a una "evaluación ambienta estratégica", para comprobar que casa "el desarrollo de la infraestructura con la protección y conservación del medio ambiente". Sin olvidar, rubricó, que la afección a un espacio que forma parte de la Red Natura (la laguna de La Ricarda) deberá recibir la conformidad de la propia Comisión Europea. "De acuerdo con las previsiones temporales y las disposiciones legales de elaboración de los documentos de regulación aeportuaria y por todas las razones expuestas, la ejecución materaial de la ampliación no se realizará en el DORA III, salvo las actuaciones de naturaleza ambiental o de naturalización".

Podemos se congratulaba de que había conseguido poner "negro sobre blanco" que las obras de El Prat no arrancarán, como pronto, hasta 2031. "Una noticia sin precedentes", celebró Belarra. Sin embargo, según indicó después Puente en declaraciones a los medios, en realidad no hay cambios respecto a las previsiones iniciales. "El acuerdo no supone ninguna alteración en los plazos: el DORA III contempla ya cómo serán. No se ha quitado ni puesto nada".

AENA está trabajando actualmente en la redacción del DORA III —el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria— para el periodo 2027-2031, dot

Aena está trabajando actualmente en la elaboración del Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (Dora III) para el periodo 2027-2031, dotado con 12.888 millones de euros, pero ahí no se incluyen los 3.000 millones que calcula el gestor de los aeropuertos que invertirá en la ampliación del Prat, la mayor parte de ellas a partir de 2031.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ratificado en el Congreso que no hay cambio de planes ni fechas en relación con el aeropuerto catalán, y que en el Dora III sólo habrá actuaciones de naturaleza ambiental o de naturalización previas a la ampliación.

"El acuerdo no supone ninguna alteración en los plazos: el Dora III contempla ya cómo serán. No se ha quitado ni puesto nada", ha dicho el ministro, contra la afirmación de la líder de Podemos, Ione Belara, que ha considerado una "noticia sin precedentes" que la ampliación no empiece antes de 2031.

Ya sabéis que el Ministro nunca hace públicas ni sus conversaciones con los grupos políticos ni sus interlocutores. Solo se hacen públicos los acuerdos y siempre por las otras fuerzas políticas. Es un método que ha demostrado su éxito en los últimos años