El Gobierno ya dio muestras en los últimos días de que no se quedará de brazos cruzados ante lo que interpreta como una agresión del PP al derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. Este jueves lo volvió a hacer el propio presidente, Pedro Sánchez, después de que Isabel Díaz Ayuso despachara a la oposición en la Asamblea madrileña con un rechazo al registro de objetores de conciencia: "Váyanse a otro lado a abortar". "No lo vamos a permitir", respondió el jefe del Ejecutivo desde X, donde agregó que el Gobierno hará uso de "todos los instrumentos" legales a su alcance para garantizar que el derecho de las mujeres se cumple también en Madrid. Incluido acudir al Tribunal Constitucional.

La polémica se arrastra desde la semana pasada. El PP apoyó en el Ayuntamiento de Madrid una moción de Vox para que los centros municipales informen de manera obligatoria a las mujeres de un supuesto síndrome posaborto que ninguna evidencia científica avala. La dimensión del tropiezo fue tal que el propio alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se vio forzado a recular. El Gobierno de Sánchez anunció después que plantearía una reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto —cambio imposible sin el concurso del PP, que ya adelantó que lo rechaza— y una modificación del real decreto de 2010, el que regula reglamentariamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), para que no se pueda proporcionar información falsa y sin soporte científico a las mujeres.

El pasado lunes, Sánchez envió por carta un requerimiento a los presidentes de Aragón, Baleares, Asturias y Madrid para que creen ya el registro de personas objetoras al aborto, tal y como exige la reforma, aprobada en 2023, de la ley del aborto. Les daba un plazo de tres meses. Los tres primeros barones (el último, el asturiano Adrián Barbón, del PSOE) aceptaron sin problemas, pero Ayuso ya dio a entender que no lo haría: se tomaría su tiempo pero no compartía que se pudiera "estigmatizar" a sanitarios.

Este jueves, en la sesión de control al Gobierno regional en la Asamblea de Madrid, Ayuso dio su respuesta definitiva: no. No creará ese registro, exigido por la ley y desarrollado por un protocolo aprobado en 2024 en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) por unanimidad, con el plácet de todas las comunidades. "La ley se cumple, no hay más", le había dicho el martes la ministra de Sanidad, Mónica García, líder a su vez de Más Madrid.

"No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo", replicó este jueves Ayuso. "Nunca, nunca" hará una "lista negra" de médicos y añadió, displicente: "¿Les parece poco? pues ¡váyanse a otro lado a abortar!". Fue su respuesta a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que le había preguntado cómo se garantiza el acceso a la IVE en Madrid en la red sanitaria pública madrileña, en la que la tasa de abortos practicados es bajísima, del 0,47%.

"Cada año se abortan en España a 106.000 personas. En 10 años, desde que ustedes llegaron a la política en España, se ha abortado a un millón", siguió la presidenta madrileña, quien añadió que para ella esos datos son un "fracaso" porque en la "mayoría de los casos se podría evitar" y está en "la mano" de los políticos hacerlo. Para Ayuso, la creación de una lista de objetores "pone en peligro" derechos de los médicos recogidos en la Constitución, en base al "derecho a la vida" y "la libertad ideológica de religión", al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el código deontológico médico o el Convenio Europeo de Derechos Humanos, informa EFE.

"Esta era la libertad que prometía Ayuso", respondió desde X Sánchez. "Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás. No lo vamos a permitir. El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional", completó. El Ejecutivo ha prometido presentar su reforma de la Carta Magna, aunque no podrá salir adelante porque se exigen tres quintos de Congreso y Senado, una mayoría cualificada imposible sin el PP. Ahora, el presidente añade que está dispuesto a acudir al TC si hace falta. La modificación del real decreto estará lista en unas semanas y se llevará, para su aprobación, al Consejo de Ministros.

A la baronesa madrileña también le respondió el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López: "No vamos a consentir volver a la España en blanco y negro. Las mujeres sí que la van a mandar a otro lado: a su casa". También le replicó Mónica García a través de redes sociales: "Ayuso dice a las mujeres que 'se vayan a otro lado a abortar'. ¿Adónde exactamente? ¿A una privada para hacer negocio? ¿A Londres? No vamos a consentir ni que se incumpla la ley ni que se den pasos atrás en los derechos de las mujeres. Vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas para que se garantice el aborto en la sanidad pública".