"Tranquilidad". El Gobierno insiste en que no cabe la alarma, ni pensar que la legislatura está acabada. Por mucho que Junts hable de ruptura y le advierta de que se ha quedado "sin capacidad legislativa". La respuesta, repetida hasta la saciedad, es "mano tendida". "Diálogo". "Acuerdo". Y nadie les apeará de ese compromiso, señalan en la Moncloa. Y para demostrar que no da por perdida por completo su relación con los posconvergentes, ha vuelto a presionar en Bruselas con la oficialidad del catalán y ha reactivado la tramitación de una proposición de ley capital para ellos, la que plantea endurecer el castigo para los delincuentes multirreincidentes.

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Ambos gestos desplegados en apenas unas horas. Y los dos este jueves. Justo después de que la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, tradujese los términos del divorcio con los socialistas. Registró enmiendas de totalidad a 25 iniciativas del Gobierno en trámite, no votará a favor de 21 leyes que están acabando su recorrido parlamentario y pedirá la devolución de las nueve que han pasado por el Consejo de Ministros y que tienen que aterrizar en el Congreso. Y no respaldará ni el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 ni tampoco las leyes de reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal y de modificación del proceso penal (la nueva Loecrim).

La formación independentista sí salvará un total de cinco leyes. Dos de ellas, la de movilidad sostenible y la de atención a la clientela, muy avanzadas en su tramitación y que ya tenía pactadas con el Ejecutivo. Otras dos, también apalabradas con PSOE y Sumar pero que se hallan atascadas desde 2024, la ley del cine y la de impulso de la economía social. Y la quinta, el real decreto ley que dota de financiación a los pacientes de la ELA, que los posconvergentes llevaban mucho tiempo reclamando y que ven urgente. Pero nada más. Para la formación de Carles Puigdemont, este golpe en la mesa significa que la legislatura queda "bloqueada" y que PSOE y Sumar reciben un "baño de realidad".

El Gobierno proyectó normalidad. No le sobresaltó el anuncio de Nogueras, o al menos eso trasladó: el Ejecutivo "mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos parlamentarios dispuestos a mejorar la vida de la gente, en Cataluña y en el conjunto de España". Y "cumple con sus compromisos", como "siempre" ha hecho. Finalizó su comunicado con un doble mensaje, en línea con lo que ha ido repitiendo Pedro Sánchez en estas semanas: las iniciativas que dependen del Gobierno "o bien se han cumplido o se encuentran en vías de hacerlo" y en los compromisos que "no dependen en exclusiva del Gobierno" se trabaja "sin demora" para que se cumplan.

Junts ha reiterado que no hay forma de reconducir su relación con los socialistas. De hecho, lo que recalcó Nogueras es que el Ejecutivo se había instalado en una "realidad paralela" al no dar importancia a la ruptura. Pero lo que solemnizó la formación es que a partir de ahora torpedeará toda la acción legislativa de la coalición.

"Menos lobos", responde un ministro del núcleo duro de Sánchez. En el Gobierno, no se dan por enterados del cambio de las condiciones de su contrato con Junts. Y, por eso, este jueves activó dos teclas para intentar recuperar su relación con los de Puigdemont. Por un lado, en Bruselas. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, conversó con la presidenta del Parlamento Europeo, la conservadora Roberta Metsola sobre el posible uso del catalán, el euskera y el gallego en la Eurocámara. No fue el único tema que ambos abordaron —hablaron también del próximo Marco Financiero Plurianual, el acuerdo con Mercosur, la cumbre UE-CELAC de este domingo en domingo en Santa Marta (Colombia) y la relación con Gibraltar tras el pacto UE-Reino Unido—, pero sí fue el más relevante a nivel doméstico. Porque Junts puso encima de la mesa, ya para la constitución de las Cámaras de esta XV Legislatura, la cuestión de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias.

El Gobierno sigue empujando, la tenacidad ha sido incluso reconocida por Puigdemont, pero aún no hay frutos tangibles. La Eurocámara ha creado un grupo de trabajo para analizar la viabilidad del uso de las tres lenguas, y en él se sientan los dos vicepresidentes españoles de la institución, el popular Esteban González Pons y el socialista Javi López. En paralelo, el asunto se discute todavía en el Consejo de la Unión Europea. Ahí, España necesita la unanimidad de los Veintisiete, y de momento no ha logrado vencer la resistencia de varios países. Entre ellos, Alemania.

Justo hace dos semanas, cuando ya se barruntaba la ruptura, Sánchez suscribió con el canciller germano, el conservador Friedrich Merz, un acuerdo para "abrir un diálogo con el objetivo de encontrar una respuesta a la solicitud española de que sus lenguas oficiales distintas del español sean reconocidas como oficiales en la Unión Europea de forma que sea aceptable para todos los Estados miembros".

Ese acuerdo parecía un paso, un giro de guion, porque Merz, cuando viajó hasta Madrid en septiembre y se entrevistó en la Moncloa con el líder socialista, dio largas y apuntó que en todo caso la inteligencia artificial podría ser una solución a medio y largo plazo. Pero, al día siguiente de la firma del acuerdo entre los dos mandatarios, el portavoz del Ejecutivo alemán, Stefan Kornelius, aseguró que la posición de Merz no había "cambiado" y precisó que "la adopción de nuevas lenguas oficiales requeriría modificar los tratados europeos".

Madrid y Berlín acordaron que ese diálogo comenzaría "a la mayor brevedad", encabezado por los respectivos ministros de Exteriores, a fin de que España pudiera presentar un texto para debate y decisión de los Veintisiete en "una futura reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE". Fuentes próximas a Albares no precisan a este diario si se han producido avances en las conversaciones con Alemania, pero por ahora este asunto no figura en el orden del día de la próxima reunión del órgano comunitario, prevista para el próximo 17 de noviembre, informa EFE.

El segundo guiño del Gobierno este jueves se materializó en el Congreso. La Comisión de Justicia convocó para el próximo miércoles, 12 de noviembre, la ponencia de una iniciativa impulsada por Junts, la proposición de ley orgánica en materia de multirreincidencia. El texto llevaba parado desde más de un año y ahora se reactiva. Lo que supone este paso es que se comenzarán a discutir las enmiendas parciales registradas para intentar buscar un consenso. "Mayorías, ya veremos", admiten fuentes de la Moncloa. Y es que el Gobierno es muy consciente de que será prácticamente imposible armar un acuerdo dentro del bloque de investidura, porque los socios de izquierda se oponen a la iniciativa de los de Puigdemont. De hecho, cuando se tomó en consideración la propuesta de los posconvergentes, en septiembre de 2024, recibió solo el apoyo de las derechas (PP, Vox, Junts, PNV, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria), además del respaldo del PSOE. En contra, Sumar, Bildu, Podemos y BNG. En la abstención, ERC.

La proposición de Junts plantea un endurecimiento de las penas para los delincuentes reincidentes, sin que dependan de si el montante de lo sustraído excede o no los 400 euros, y pide castigar con prisión de uno a tres años el hurto de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos o tecnológicos. También reclama que el número de jueces de adscripción territorial en Cataluña pasen de 35 a 70 y que se retoque el artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los ayuntamientos también tengan capacidad de ejercer la acción penal contra los delincuentes reincidentes.

En su texto, los posconvergentes señalan que desde 2021 los alcaldes han venido denunciando una situación de "alarma social en términos de inseguridad entre gran parte de sus vecinos". "Se referían a la circunstancia de que, en sus municipios, un reducidísimo grupo de personas fueran autoras de oleadas de delitos poco graves, especialmente hurtos y, en ocasiones, peleas, que el sistema —ya sea policial, administrativo o judicial— no era capaz de evitar". A su juicio, lo que ocurre es que los cuerpos policiales sí lograban arrestar a los autores de los hechos, pero cuando pasaban a disposición judicial, los infractores eran "dejados en libertad y continuaban delinquiendo impunemente una y otra vez, trasladando visiblemente a la ciudadanía, por un lado, la impunidad con la que actúan y, por otro, una sensación de inseguridad cada vez mayor".

Puigdemont ha priorizado esta iniciativa por la exigencia de sus alcaldes, los primeros en someterse al escrutinio de las urnas, temerosos del avance de la formación ultra y xenófoba Aliança Catalana. Por eso el Gobierno ha ido lanzando señales en las últimas semanas de que iba a intentar algún cambio. El pasado 28 de octubre, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recordó que en diciembre pasado el Ejecutivo central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona acordaron llevar a cabo distintas medidas.

Así, se han creado "nuevos juzgados de lo penal, juzgados rápidos" y se ha "mejorado la coordinación" entre la Guàrdia Urbana de la ciudad condal, el ministerio, jueces y fiscales. Bolaños se abrió a una nueva revisión para ver qué se puede atornillar más. Recordó, no obstante, que ya se modificó el Código Penal en 2022, para abordar la multirreincidencia, y que contó de hecho con el apoyo de Junts. "¿Cabe alguna posible mejora? Si así fuera, claro que lo podemos trabajar los grupos parlamentarios para poder mejorar el régimen, pero, en este momento, las medidas que hemos adoptado, con una reforma del Código Penal tan reciente, ya están dando frutos positivos".

Al día siguiente, 29 de octubre, en el pleno de control al Ejecutivo la cuestión la suscitó la portavoz del PNV, Maribel Vaquero. Ella pidió trabajar "juntos", con "medidas razonables" y distanciándose "de quienes abogan por el alarmismo, el sectarismo, el miedo e incluso los bulos". Pero ese tipo de delitos no graves generan una sensación de inseguridad e impunidad por su reiteración porque, "al no ser juzgados en tiempo, prescriben y se intensifica la sensación de que el trabajo policial cae en saco roto y de que hay gente a la que no se le aplican las leyes, lo que popularmente se dice como que entran por una puerta y salen por la otra".

Vaquero propuso reactivar la propuesta de Junts, de la que, tras cerrarse el plazo de presentación de enmiendas, el pasado marzo, nada se sabía. Sánchez recordó la reforma del Código Penal de 2022 y los cambios implantados que han permitido a varias policías locales (no solo la de Barcelona) acceder al sistema de registro que hace posible conocer rápidamente la cuantía del importe sustraído. Pero a continuación se mostró "dispuesto" a tramitar la iniciativa de los posconvergentes para "atajar uno de los principales problemas que tiene nuestro país cuando hablamos de seguridad, que es la multirreincidencia".

Podemos, grupo necesario para que el texto pudiera salir adelante, ya avanza su no. "Con nosotros, que no cuenten", apuntan a este diario desde la dirección de los morados. La proposición de ley de Junts solo podría salir adelante, por tanto, con el voto del PP, que sí ha exigido abordar este problema, pero que hasta ahora se ha negado a echar una mano al Gobierno si con ello podía infligir una derrota parlamentaria a Sánchez. En la cúpula socialista no se quieren situar aún en ese escenario, en el caso de que tuvieran que sacar el texto apoyados en los populares, sin sus socios de coalición y rompiendo el bloque de investidura. "De momento, estamos en fase de ponencia", subrayan.

Otras dos leyes capitales para Junts. Por un lado, la que pretende frenar las okupaciones ilegales, una materia en la que de nuevo parece difícil concitar el respaldo de las formaciones a la izquierda del PSOE. Por otro, la delegación de las competencias migratorias a Cataluña. Podemos tumbó en septiembre la proposición conjunta de socialistas y posconvergentes, pero estos siguen presionando para que Sánchez convenza a los morados. Pero el partido de Ione Belarra remarca que su posición no ha cambiado. "Y no ha habido ningún movimiento por parte del PSOE", añaden en la cúpula de Podemos, en la que hace semanas se mostraron abiertos a estudiar la propuesta siempre que se aprobara la iniciativa legislativa popular para la regularización de medio millón de inmigrantes, una medida que de entrada Junts rechaza.

En la dirección socialista insisten en desdramatizar la ruptura anunciada y concretada por los de Puigdemont. "Por ejemplo", se preguntaban, "¿van a rechazar la convalidación del último real decreto ley, que contiene un nuevo paquete de ayudas a los afectados por la dana de Valencia?". "Todas las leyes españolas en trámite y las que lleguen estarán, bloqueadas, excepto aquellas que teníamos firmadas y acordadas. El sentido del voto de Junts se verá en el marcador el día de las votaciones", respondieron desde la cúpula posconvergente en Madrid.

En el Gobierno señalan que no c

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