La Audiencia Provincial de Badajoz ha fijado el inicio del juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, para el 9 de febrero de 2026. Se extenderá hasta el día 14, lo que supone dos meses después de las elecciones en Extremadura.

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La Audiencia de Badajoz ha dictado diligencia de señalamiento para el juicio oral en la citada causa, en la que también figura como procesado el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y candidato a la Presidencia de la Junta en los comicios adelantados en esta comunidad autónoma.

El juicio, cuyo procedimiento ha dirigido la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, tendrá lugar en la Audiencia de Badajoz en sesiones de mañana y, de ser necesario, se ampliarán en horario de tarde, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

La acusación popular, que unifica a Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP, pide tres años de prisión por los delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación para David Sánchez y Gallardo, mientras la Fiscalía y las defensas de los once procesados piden la libre absolución.

Auto de procesamiento

El auto de procesamiento argumenta que David Sánchez, teniendo "conocimiento previo" de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz se había "creado para él", se presentó a la convocatoria "e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo".

La jueza considera que la creación del puesto fue "a petición, seguramente, de persona o personas" del entorno de David Sánchez que "conocían la necesidad" de este, quien "en ese momento carecía de trabajo estable".

Además, la creación de dicho empleo, decidida por Gallardo y la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez; y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, tenía como "objetivo" que fuera ocupado por David Sánchez, quien dejó el cargo en febrero de este año.

La jueza también procesa a Luis María Carrero, que fue empleado del Ministerio de Presidencia.

Según la jueza, Carrero habría utilizado la influencia derivada de "su amistad íntima" con David Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz.

Fiscalía

La Fiscalía ha pedido a archivar el procedimiento al entender que no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisión de los citados delitos.

"Es absurdo prolongar el proceso" que está "condenado al fracaso", afirmó el Ministerio Público en su escrito de petición de revocación del auto de procesamiento, así como de sobreseimiento libre.

En su solicitud de archivo, que extiende a las otras nueve personas investigadas, la Fiscalía entiende que la atribución de la comisión de los delitos no se ha producido de manera "patente", "clara", "inobjetable" e "irrefutable".

"La conclusión incriminatoria" de la jueza se sustenta, según la Fiscalía, en "conjeturas e hipótesis" que no cuentan con el respaldo fáctico necesario para concluir que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios, el que finalmente ocupó David Sánchez, "fuera creado a la carta".

Bajo la dirección letrada de Manos Limpias, la acusación popular entiende que David Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios de música "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevista al resto de candidatos era "un mero paripé".

"Pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo y no trabajó habitualmente", lo que "no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado", se añade.

Además, consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a "sus preferencias personales" de "no tener que acudir diariamente a un despacho" y que la persona que "extraoficialmente le ayudaba" en su proyecto de 'Ópera Joven', Luis María Carrero, también fuera contratado.

Para Carrero, quien dimitió de su puesto el pasado mes de julio, la acusación popular solicita un año y medio de prisión por los mismos delitos, multa del duplo del beneficio obtenido por su cargo como jefe de Sección de Actividades Transfronterizas de la institución provincial e inhabilitación por seis años.

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