En qué consiste el "Estatuto del Becario" impulsado por Yolanda Díaz

El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado martes 4 de noviembre el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, más conocido como Estatuto del Becario, un anteproyecto de ley promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La norma pretende establecer con claridad la diferencia entre las actividades formativas y las laborales, garantizando que las prácticas en empresas, instituciones y organismos públicos o privados no se conviertan en una forma de explotación ni en un sustituto de trabajadores remunerados.

Tras más de dos años de espera, la medida regresa a la agenda política con el objetivo de reforzar la protección de quienes realizan prácticas no laborales y regular de manera más estricta esta modalidad de formación.

Un proceso de negociación prolongado

El Estatuto del Becario es fruto de un largo y complejo proceso de negociación en el marco del diálogo social, en el que participaron organizaciones sindicales y empresariales. Después de quince meses de debates, la norma obtuvo el respaldo de CCOO y UGT, aunque no logró un consenso más amplio con otros actores del ámbito académico y político.

Según la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la finalidad de estas prácticas debe ser únicamente formativa “a nada más que esto: a formarse y no a sustituir a personas trabajadoras”, subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El anteproyecto, inicialmente pactado en junio de 2023, retoma ahora su tramitación con el propósito de otorgar derechos claros a quienes realizan prácticas y delimitar con precisión los límites entre aprendizaje y empleo.

Novedades clave del Estatuto

El Estatuto introduce medidas relevantes para proteger a las personas en formación y garantizar la igualdad de oportunidades. Uno de los cambios más significativos es la sustitución del término “becario” por “persona en prácticas formativas no laborales”, con el fin de eliminar la percepción de explotación y reconocer los derechos de quienes participan en programas de formación. La norma se aplica a prácticas vinculadas a grados de formación profesional, enseñanzas artísticas y deportivas, itinerarios del sistema nacional de empleo y prácticas universitarias curriculares o extracurriculares.

Cada actividad desarrollada debe estar directamente relacionada con el plan de formación individual y las competencias del itinerario correspondiente. Se establece que cada tutor solo podrá supervisar a un máximo de cinco personas en prácticas, mientras que el total de personas en formación no podrá superar el 20% de la plantilla de la empresa o institución. Además, las personas en prácticas tendrán derecho a compensación de gastos, descansos, uso de los servicios del centro de trabajo y protección frente a la violencia y el acoso. La creación de una Comisión de seguimiento y la posibilidad de que la Inspección de Trabajo acceda a toda la documentación y planificación de las prácticas aseguran que la formación cumpla su función educativa y no sustituya personal contratado.

Yolanda Díaz y la defensa del anteproyecto

La ministra Yolanda Díaz ha enfatizado que el Estatuto constituye “la reforma laboral para las nuevas generaciones en nuestro país” y ha denunciado la precariedad de algunas ofertas de prácticas, que llegan a exigir más de doce horas diarias bajo la promesa de un ambiente “joven y dinámico”. Con estas declaraciones, Díaz quiso visibilizar la diferencia entre prácticas legítimamente formativas y aquellas que encubren explotación laboral, defendiendo un modelo basado en derechos, aprendizaje efectivo y condiciones dignas.

Próximos pasos y retos políticos

El anteproyecto aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros deberá superar informes y trámites preceptivos antes de una segunda vuelta y de su posterior envío al Congreso de los Diputados. Sin embargo, su aprobación parlamentaria presenta desafíos importantes: algunos rectores universitarios han mostrado un rechazo frontal a la norma y, tras la ruptura del partido Junts con el Ejecutivo, los votos necesarios para su aprobación aún no están garantizados. Díaz reconoció que “veremos qué hace nuestro país, pero, obviamente, el Gobierno de España lo tiene claro”.

Hacia una formación más justa

El Estatuto del Becario busca poner fin a la figura del “falso becario”, garantizar la igualdad de oportunidades y asegurar que las prácticas cumplan con su verdadera finalidad educativa. Si logra superar los obstáculos legislativos, podría transformar la experiencia de las prácticas en España, evitando la precarización y promoviendo un acceso justo y seguro a la formación laboral, con derechos claramente reconocidos y responsabilidades definidas para las empresas e instituciones.